El llanto de Alejandra Guadalupe, una pequeña de cuatro años y 11 meses de edad, resonaba ayer por la mañana en la sala de emergencias del hospital de niños Benjamín Bloom.
Ahí le dieron el tratamiento necesario a la quemadura en la mano derecha que le causó un cohete que, según su madre, encontró y levantó del suelo afuera de su casa.
Solo el 31 de diciembre los médicos de dicho centro hospitalario infantil atendieron a cuatro pequeños con lesiones por uso de pólvora. Uno de ellos procedente de Honduras. Alejandra figura en la lista de quemados de 2014.
El viceministro de Salud, Eduardo Espinoza, afirmó que desde el 22 de diciembre hasta el 31 de diciembre, periodo en que desarrollaron el Plan Belén, hubo 74 personas quemadas, de las cuales 22 son niños. Según las estadísticas de Salud, entre los niños quemados hay más casos de varones que de hembras.
Historias como estas son las que, a juicio de las autoridades de Protección Civil, Salud y Cuerpo de Bomberos no deberían ocurrir en ningún lugar del país. Por ello volvieron a hacer un llamado a los diputados para que aprueben una ley que impida que los menores de edad tengan acceso a la pólvora.
“Los diputados deberían poner seriedad en el trabajo con respecto a la quema de pólvora. Hoy los salvadoreños han tenido una mejor actitud, pero sigue siendo inexplicable que no se prohíba por ley el uso de pólvora por parte de menores de edad”, aseveró Jorge Meléndez, director de Protección Civil.
Meléndez sostuvo que si bien en general en el período de Navidad y fin de año 2013 hubo una reducción en la cantidad de personas y niños quemados, con respecto a 2012, lo cierto es que no hay por qué atenerse considerando el daño físico, sicológico y económico que implica para los pequeños, la familia y el país.
“Pólvora segura para niños no hay. La pólvora es un explosivo, un arma, y creo que es justo que la sociedad salvadoreña tenga una norma jurídica moderna, apropiada a un Estado de Derecho y a un Estado con enfoque humano, como establece la Constitución de la República”, aseveró el funcionario.
Rosa Nelly de León, habitante de Santiago Texacuangos y madre de Alejandra, aseguró que ella no les compró cohetes a sus hijos para evitar que se quemaran.
“Ni yo entiendo cómo pasó eso”, agregó de León, tras asegurar ante los medios de comunicación que ella estaba presente cuando ocurrió la tragedia.
Si los diputados aprueban la ley solicitada por Protección Civil y Bomberos, esta tendría que estar en sintonía con lo que establece la Lepina sobre la responsabilidad que en este tipo de eventos tienen los padres de familia y los adultos en general.
De hecho, el pasado 23 de diciembre la directora del Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (Conna) aseguró que hay sanciones administrativas y económicas para los padres cuyos hijos se dañen con pólvora.
En esa oportunidad se informó que ya se habían aplicado sanciones administrativas a cuatro padres de familia.
La primera es una advertencia, según indican, pero al reincidir les imponen multas.