Los abogados, Enrique Borgo Bustamente, Abraham Rodríguez y José Domingo Méndez pidieron ayer a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declare inconstitucional la asignación de partidas para gastos imprevistos contenidas en el Presupuesto General de la Nación de 2014, porque, sostiene, se puede abusar de ese mecanismo por parte del actual y los futuros gobiernos, según los demandantes.
En su escrito argumentan los demandantes que “Todo presupuesto que se elabore debe incluir la totalidad de los gastos que prevé ejecutar el gobierno”, de acuerdo con el principio de universalidad consignado en el Art. 227 de la Constitución, relativo a que el presupuesto contendrá todos los ingresos y los gastos que se proyectan realizar, principio que además está indicado en el Art. 22 de la Ley de la Administración Financiera del Estado.
“Y no pretender disfrazar gastos que no tienen por finalidad la realización de obras o servicios de interés de la sociedad, bajo el rubro de gastos imprevistos, y mucho menos que el resto de las partidas especificadas en cada Ministerio puedan ser trasladadas a esa partida de Gastos Imprevistos, sin finalidad ni mucho menos cualificación de los gastos a cubrirse y por las transferencias sin limitación cuantitativa”, sostienen los abogados en la demanda firmada además de los antes citados, por los abogados Ángel Góchez Marín y Roberto Rubio, representante de Funde y de Transparencia Internacional, capítulo El Salvador.
De acuerdo con el exvicepresidente de la República, Enrique Borgo Bustamante “son 80 millones de dólares que se han puesto en partidas de gastos imprevistos de los años 2011, 2012 y 2013; para 2014 lo que han previsto son como 8 millones de dólares porque solo son cinco meses, de manera que existen 80 millones de dólares en partidas; pero si se le agrega todas las transferencias pueden ser 100, 200 o 220 (millones), como ya sucedió en transferencias en otro periodo, de manera que sí es una cantidad sustancial”, apuntó Borgo Bustamante.
“Es que han reemplazado la partida secreta por los gastos imprevistos y al poderle trasladar de las partidas que tienen un fin específico a gasto imprevisto; entonces, no hay límite, eso hay que controlar”, dijo Rodríguez.
Los abogados aclararon que la demanda no va dirigida contra el gobierno de turno. “No es contra Funes, es una sanidad para todos los Gobiernos”, aclaró Rodríguez.
“Queremos que se transparente el uso de los fondos públicos del Estado, que son los fondos del pueblo”, externó Domingo Méndez.
Al respecto Mariella Peña Pinto, de ARENA dijo estar de acuerdo con los demandantes. Benito Lara, del FMLN, declinó opinar al respecto y el pecenista Francisco Merino, prefiere esperar el fallo.