A pesar de haber dicho ante diputados que estaban listos para licitar diferentes proyectos de infraestructura, han pasado dos meses desde que la Asamblea Legislativa le aprobró al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública un préstamo por 71 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica para reducir el hacinamiento carcelario que a la fecha supera el 330 por ciento.
La iniciativa además tiene como propósito mejorar las condiciones de seguridad, habitabilidad y rehabilitación de una población que ya supera los 26,500 internos.
Las obras consisten en construcción y equipamiento de nuevos penales, granjas penitenciarias y la adquisición de brazaletes electrónicos para reos de baja peligrosidad.
El director de Centros Penales, Rodil Hernández manifestó que los referidos trámites se realizarán a partir de enero, tres meses después de que los diputados ratificaron el crédito.
Este retraso surge, a pesar de que las autoridades de Justicia sostuvieron en su momento, que los trámites y preparativos de los proyectos avanzaban, para que una vez que fueran autorizados por los diputados, no se perdería tiempo en su formulación, sino que se presentarían de inmediato al BCIE, sin embargo, la realidad es otra.
Hernández puntualizó que en estos momentos los equipos técnicos de ingeniería y administrativos trabajan en el diseño de las obras por realizar con ese financiamiento.
“Están en la elaboración de bases de licitación y establecer los términos de referencia”, tomando en cuenta que son infraestructuras “bastante grandes y complicadas pero que de alguna manera estaban adelantadas”, afirmó el director de Penales.
El funcionario negó que el proceso haya estado detenido, al contrario e independientemente de que el empréstito fuera autorizado o no por los diputados, los técnicos laboraban en función de preparar todas las bases.
“Esperamos que en enero se habilite financiera y presupuestaria mente la disposición de los fondos, trabajando incluso con la asesoría de BCIE”, dijo.
Agregó que se debe presentar toda la documentación formal que el banco requiere, el cual implica un proceso “bastante largo” y que para lo cual cuentan con toda la asistencia de la cartera de Justicia y Seguridad, así como del BCIE.
“Hemos estado en reuniones constantes y permanentes con los personeros del banco a efectos de avanzar para que al tener la disponibilidad financiera estar saliendo como en marzo con la licitación de los primeros proyectos más próximos”, afirmó.
Este proyecto consistiría en la finalización del complejo de Izalco fase tres, la ampliación de las granjas penitenciarias de Santa Ana e Izalco, así como la de Zacatecoluca.
Además, se proyecta tener listos los términos de referencia y bases de licitación del proyecto de brazaletes electrónicos.
“En esto estamos en un compás de espera con la Asamblea Legislativa quienes están haciendo el análisis de la Ley que va a regular el uso y control, sanción y todos esos aspectos”, subrayó.
Hernández está optimista con ese trámite, porque se han reunido con todos los miembros de la comisión de Seguridad y combate a la Narcoactividad, quienes los han llamado para ampliar información y evacuación de dudas de los diputados.
“Hemos recibido sus sugerencias, hemos aportado más datos, más cifras, más estadísticas, hemos contado con opiniones de otros funcionarios penitenciarios de otros países en los que se observan los pro y los contra”, afirmó.
Incremento en el costo
Desde luego el retraso de las obras ha incrementado su costo de 2009 a la fecha. “Hay un costo directo por la fluctuación del precio de los materiales y que por el margen de inflación incrementa los costos”, argumentó Hernández.
El director no precisó el porcentaje de incremento que tendrían las obras para después de marzo de 2014. Dijo que esa información era técnica del departamento de Ingeniería del Ministerio.
Aclaró que de salir todo como está previsto, las obras con las que comenzarían sería el penal de Izalco fase III por ser la obra más próxima por terminar.
“Es la obra que está más avanzada y se puede complementar mucho más rápido”, subrayó.
Paralelamente se está trabajando en el proyecto del penal de Oriente y en la fase cuatro del penal de Izalco.
Con todas estas obras, Centros Penales proyectan 7 mil 500 nuevos espacios en los tres penales que se construirían o ampliarían.
Tres mil campos más se adicionarían a los anteriores, con la promoción de las fases de confianza y semilibertad. Estos reos serían alojados en las granjas penitenciarias.
En las granjas se imparten programas de aprendizaje, enseñanza y técnicas vocacionales para preparar al reo una vez que esté libre.
En cada granja se planean habilitar mil nuevos espacios, dos serán para hombres y una para mujeres.
Actualmente la granja de Izalco en Sonsonate alberga a 90 mujeres y la de Santa Ana 130 hombres.
La ocupación es mínima por la falta de infraestructura como servicios básicos: baños, dormitorios, comedores y otros áreas necesarias para alojar a más personas.
“Ahora están al cien por ciento de la capacidad actual, porque no se podía esperar otras condiciones para arrancar esta iniciativa, en todo caso han funcionado como plan piloto con financiamiento del gobierno de Taiwan y la Unión Europea , así como fondos propios de Centros Penales”.
“Las granjas están funcionando con fondos propios que han generado con la producción”, explicó.
El director de Centros Penales afirmó que con los fondos del préstamo y se amplíe la cobertura, se tendrá la experiencia, los programas básicos estarán probados, al igual que los planes de capacitación y la currícula necesaria, listo de aplicar.
En cárcel de Mujeres en Ilopango se habilitarán 400 espacios nuevos mediante la construcción de un módulo, un proyecto que ya comenzó.
El penal de Ilopango es el más saturado del país, está a más del 960 por ciento de hacinamiento, dijo Hernández.
Para reducir ese problema se impulsan varias acciones. Por ejemplo, en el caso de las internas con bebés a su cargo se trasladarán a la granja de Izalco donde funcionará un centro de atención integral especializado y específicas para sus hijos.
Eso aliviará la tensión que existe con el hacinamiento en Ilopango. Además se busca promover la fase de confianza en mujeres, dado que hay varias internas con penas cortas.
Hay un grupo de internas en el programa Yo Cambio, que diariamente salen a trabajar, estudiar, a sus casas, que trabajan en apoyo a la comunidad todo los días.
“Lo que se busca que cárcel de mujeres no solo sea la universidad del crimen, sino la escuela de vida. Donde el que quiere aprender para vivir mejor y el que no quiere es su decisión”.
La población penitenciaria general del país es de 26,960 prisioneros. A este número se le suman más tres mil presos en bartolinas policiales que deberían estar en los diferentes penales.
El ministro Ricardo Perdomo afirmó que se están ampliando algunas delegaciones policiales para abrir más espacios para detenidos.
Estos trabajos los están desarrollando reos en fase de confianza en Santa Ana, Sonsonate, Lourdes, Colón, San Miguel, San Francisco Gotera Morazán y Usulután.