Aquel 10 de noviembre de 1998, una bala disparada por un ladrón le dañó dos vértebras. Fue durante un forcejeo. Los delincuentes no solo querían su dinero, sino también el pantalón y los zapatos, aquellos que había comprado con su primer sueldo.
Desde aquella tarde, Roberto Meléndez, entonces de 18 años, quedó condenado a usar silla de ruedas y a depender económicamente de su familia.
Pero a inicio del periodo presidencial de Elías Antonio Saca (2004-2009), logró conseguir un empleo en la Secretaría de la Juventud a raíz de una carta que envió al entonces presidente y al Secretario de la Juventud, César Funes, en la que les planteaba su discapacidad y necesidad de un empleo. Lo consiguió. Le asignaron el salario mínimo que gana un empleado de gobierno. Pero para él ya era bastante.
Sin embargo, a inicios de agosto de 2009, en el gobierno de Mauricio Funes, tras cinco años de tener un empleo con el que podía pagar medicina y alimentación, volvió a recibir un duro revés.
Días después de una visita que a la Secretaría de la Juventud hizo la primera dama de la República, Vanda Pignato, durante la cual supo qué hacía la referida secretaría y cada uno de sus empleados, les hicieron firmar un documento en el que se daban por enterados de que quedaban despedidos. Eso a pesar de que Pignato les había dicho que no se preocuparan, que tenían sus empleos asegurados, según recuerda Meléndez.
Luego de que otros empleados mostraran su sorpresa e inconformidad por los despidos, los medios de comunicación se hicieron presentes y conocieron su caso, afirma Meléndez.
Con documentos en mano mostraron que el contrato vencía en diciembre, pero los estaban cesando cuatro meses antes. A raíz de eso, los jefes les dijeron que se fueran a sus casas y que llegaran “solo a firmar planillas”. “A partir de allí era evidente que lo que estaban haciendo no era legal”, argumenta Meléndez.
Una vez que finalizó 2012 no tuvo más remedio que volver a pedir ayuda a sus parientes. Eso le llevó a caer en una profunda depresión.
Roberto asegura que buscó ayuda para poder recuperar su empleo. Mandó cartas en las que denunciaba lo que aún califica como una violación a sus derechos laborales. Nadie le dio respuesta. La Procuraduría de Derechos Humanos y el Conaipd se limitaron a dar por recibida aquella carta de denuncia.
Hubo un funcionario que le dijo que tener una discapacidad no era “un plus” para que el Estado pudiera garantizarle el empleo a una persona con discapacidad.
Luego envió una carta a la Primera Dama haciéndole ver su condición y que necesitaba el empleo, que su salario era el mínimo, pero que le servía para comprar las medicinas que tiene que tomar permanentemente. La única respuesta que tuvo fue enviarlo a una entrevista de trabajo. Pero resultó ser una empresa de seguridad privada. Obviamente, él no podía aplicar a una posición de vigilante.
Para Roberto es una pena que personas que están en posiciones de mucha responsabilidad no puedan ver el daño que hacen al quitarle el trabajo a una persona con discapacidad.
“Si en este país no hay oportunidades para personas ‘normales’, ¡imagínense cuánto más difícil se nos hace conseguir trabajo a las personas con discapacidad! No hay esperanza de accesar a un empleo digno”, reflexiona Roberto.