Por lo visto o por conveniencia, a los diputados de la Asamblea poco les importaron los compromisos asumidos por El Salvador en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento de actividades del terrorismo, al aprobar el jueves las reformas en la ley de lavado de dinero, y excluir de ser investigadas a las Personas Expuestas Públicamente (PEP) como el Presidente y Vicepresidente de la República cuando concluyen sus periodos de gobierno.
Desde 2010, un informe de Evaluación Mutua de El Salvador, realizado en el marco del Grupo de Acción financiera del Caribe, señaló una serie de deficiencias que son necesarias solventar para que el país asuma una lucha contra el lavado de dinero y otras actividades ilegales.
Los países miembros del Grupo de Acción Financiera (Gafi) se habían comprometido a cumplir la Convención Contra el Tráfico Ilícito de Narcóticos y Sustancias Psicotrópicas de Naciones Unidas aprobadas en 1988, y a poner en práctica 40 Recomendaciones del Gafi sobre medidas contra el lavado de dinero, que incluye investigar a exmandatarios.
Uno de los principales hallazgos de ese informe, con fecha del 6 de septiembre de 2010, tiene que ver con que “no existe regulación en El Salvador sobre Personas Políticamente Expuestas, ni definiciones”, cita un documento del Gafi en poder de El Diario de Hoy.
Luego de ese informe de evaluación mutua del país, siguió una serie de informes de seguimiento para ver cómo el país solucionaba los señalamientos del organismo internacional antilavado de dinero y cómo se implementaban una serie de mecanismos para corregir algunos aspectos reprobados por El Salvador.
A lo largo de siete informes de seguimiento del Gafi hacia El Salvador y el último del 22 de noviembre, en casi en todos se expresa que ese punto está en estudio y pendiente de legislar por parte de los diputados de la Asamblea legislativa, quienes el jueves dejaron ir la oportunidad de poner en regla al país.
En el seguimiento se establecía que se debía legislar: “Art. 9-C.- Se entenderá por persona expuesta políticamente aquella persona natural identificada al inicio o en el transcurso de la relación contractual, que se desempeña o se ha desempeñado como funcionario público de alta jerarquía en el territorio nacional o en un país extranjero, incluyendo a sus parientes más cercanos, a personas estrechamente asociadas… Cuando el funcionario ha ostentado el cargo de Presidente o Vicepresidente de la República, el plazo para considerarlo PEP será de cinco años”.