La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió la demanda interpuesta por el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes y la junta directiva del Congreso, y resolvió que se suspenda el pago de las multas que les impuso el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), por negarse a dar información sobre los asesores legislativos.
Tanto Reyes como los demás directivos, a excepción de los de ARENA, se niegan a cancelar la multa por $9,324 (equivalente 40 salarios mínimos) que les impuso el IAIP, y que deberían de haber pagado de su dinero personal.
No obstante, los directivos desconocieron la autoridad del IAIP y acudieron a la Sala de lo Contencioso, que con fecha 5 de diciembre resolvió a favor de los legisladores al admitir la demanda.
“Suspéndase provisionalmente la ejecución de los efectos de los actos administrativos impugnados, en el sentido que, mientras se tramita el presente proceso, no podrá hacerse efectivo el cobro de la multa impuesta, ni tampoco se podrá exigir la entrega y/o publicación de la información solicitada por el señor Ángel Fernando Romero Ortega”, reza la parte final de la resolución de la Sala de lo Contencioso, tras admitir la demanda.
En septiembre anterior el Instituto de Acceso a la Información Pública multó a los 14 directivos del Congreso, porque negaron al ciudadano revelar la lista de los asesores legislativos y de las distintas fracciones, bajo el argumento de que no tenían la autorización de los mismos para hacerlo público.
Cada uno de los directivos tendría que pagar $666 de su respectivo sueldo, pero solo lo hicieron los representantes de ARENA, Roberto d’Aubuisson, Alberto Romero, Carmen Elena Calderón de Escalón y Margarita Escobar, en un gesto de acatamiento a la resolución del IAIP.
La Sala de lo Contencioso dice en su resolución que la petición de suspender el pago de la multa y de dar la lista de asesores a la persona que lo pidió a la Asamblea “cumple los parámetros establecidos en los artículos 16 y 17 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por lo que es procedente otorgarla”.
En el escrito presentado a la Sala por José Luis Arias López, a favor de los directivos del Congreso, expone las razones por las cuales se debe congelar el pago de la multa a los directivos, mientras no se resuelve de manera definitiva.
“…El daño irreparable a que se refiere el artículo 17 de la JICA se concretiza en que los obligados no pueden erogar una cantidad de dinero que afecta sensiblemente su patrimonio individualmente considerado, en vista del monto a que asciende la multa respecto a cada uno…”, se argumenta en al escrito.
El 20 de noviembre anterior, tras instalar una audiencia a la que no se presentó el titular de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, el IAIP le impuso una nueva multa a éste por $9,324, por reincidir en la negativa de brindar la información solicitada por el ciudadano y por no publicar esa información en la página web del Congreso.
Pero Reyes dijo en ese momento que le tenía sin cuidado la resolución del IAIP, pues “el verdadero tribunal” de justicia era la Sala de lo Contencioso Administrativo, que ya resolvió a su favor.
Fueron los mismos legisladores, quienes en 2011 aprobaron la Ley de Acceso a la Información.
Se intentó obtener la opinión de los comisionados del IAIP, Jaime Campos y Herminia Funes, pero no respondieron sus celulares.