Un importante convenio para el seguimiento de operaciones financieras, firmado por El Salvador y más de 140 países y estados tan diversos como el Vaticano y Venezuela, habría sido vulnerado por el presidente Mauricio Funes de ser auténtico un informe secreto que él reveló, sobre todo si lo hizo con fines políticos, advirtieron especialistas estadounidenses.
El Convenio de Egmont, del que el país es parte desde principios de la década pasada, establece un acuerdo de uso restringido y altamente confidencial de informaciones sobre operaciones financieras, pues la naturaleza del convenio es perseguir el lavado de dinero y los fondos del narcotráfico, pero restringe usar esa información para dañar a terceros y menos a contrincantes políticos.
El analista Richard Douglas, con amplia experiencia en la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos y de los comités de Relaciones Exteriores e Inteligencia del Senado y el Pentágono, explica que la divulgación hecha por Funes supuestamente para incriminar al exmandatario Francisco Flores tiene una clara dedicatoria de uso político de una información restringida para el sistema judicial y que tal acción estaría rozando en un conflicto diplomático.
Según este especialista en Derecho, quien ahora labora como consultor independiente para el gobierno y otras agencias, expone que “si alguien tiene datos del Departamento del Tesoro o del Financial Action Task Force (Grupo de Acción Financiera) es porque alguien ha entregado estos datos, voluntariamente y probablemente con malicia. Esa información es privilegiada y eso no se comparte con nadie fuera de las autoridades indicadas dentro del gobierno interesado”, comentó Richard Douglas a El Diario de Hoy.
El acuerdo entre gobiernos manda que los datos compartidos, bajo el convenio para el combate del narcotráfico y el lavado de dinero, sean datos sensibles y privilegiados, “así que si esa información está saliendo en la prensa quiere decir que alguien no está respetando las normas que se aprobaron del proceso de custodia de la información”.
Y añadió: “Es como el famoso WikiLeaks: normalmente, cuando ocurre este tipo de fugas de información es porque alguien está tratando de dañar a otra persona, con razón o sin ella”.
Sistema de alertas
Douglas, un analista y experto en seguimiento a transacciones financieras, explica que la creación de alertas por Actividades Sospechosas es parte del registro rutinario del sistema financiero de Estados Unidos y de otros países que se han sumado al protocolo, pues la realización de cualquier operación bancaria que supere los 10 mil dólares realizada por un individuo inmediatamente emite una alerta que pasa a una base de datos que comparte el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y, por añadidura, a otras agencias.
No obstante, estas alertas de sospechas no implican una actividad criminal, explica.
“Los Reportes de Actividades Sospechosas se dan cada vez que una persona entra a un banco de Estados Unidos haciendo un depósito superior a los 10 mil dólares. Por rutina, el banco emite un informe al Departamento del Tesoro, no porque la persona está haciendo algo malo, sino porque el banco está obligado por la ley a informar cuando existen depósitos arriba de la cantidad mencionada”, explica el especialista.
Para acentuar la rigurosidad con la que el sistema financiero registra la información, Richard Douglas ejemplifica que si el Papa Francisco entra con un cheque de 10 mil 500 dólares y lo deposita en la cuenta del Vaticano en un banco de Miami, “también van a emitir un Reporte de Actividades Sospechosas. Esto es algo rutinario”, reitera.
Sin conocer en detalle las informaciones que el presidente Funes está utilizando como material propagandístico desde el aparataje de la Casa Presidencial en el país, este analista ve como un peligro que desde el Gobierno salvadoreño, que no tiene facultades como las de la Fiscalía o el Poder Judicial, se permita el uso indiscriminado de esa información, un asunto que puede llevar a conflictos diplomáticos. (Ver nota aparte).
Abuso de poder
La diatriba que el presidente salvadoreño utiliza para legitimar sus posturas, los nombres e informaciones de uso confidencial de instancias del gobierno estadounidense, las que por acuerdos mutuos de países deben estar salvaguardadas, ha llegado a Washington y no sin dejar una dosis de preocupación.
El analista José Cárdenas, ex asesor del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos (National Security Council), en la administración del expresidente George W. Bush, y actual director de Visión Américas, explica que a razón de las informaciones que está difundiendo Funes es evidente “un claro abuso de poder” por parte del mandatario salvadoreño.
A la vez reitera la violación del convenio de Egmont para las Unidades de Inteligencia Financiera, patrocinado en principio por Estados Unidos para robustecer la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero por actividades criminales. Agrega que no puede ser utilizado de manera discriminada y arbitraria por un mandatario que está mostrando una cara radical hacia el exterior con esas posturas de violación a un acuerdo.
“Este tipo de incidentes que vemos en las noticias de El Salvador sobre el presidente Funes y los documentos supuestamente encontrados en Estados Unidos (…) Yo estoy familiarizado con este tipo de documentos y por mi trabajo con Latinoamérica, soy muy conocedor de lo que estos documentos dicen y no dicen; este es un muy serio abuso de poder del gobierno en turno, al desclasificar este tipo de informaciones, especialmente en medio de una campaña presidencial. Creo que es un muy mal precedente para el gobierno”, explica Cárdenas.
Este analista, que monitorea los movimientos políticos en la región, enfatiza que el gobierno estadounidense y cualquier país que sigue las reglas tiene muy claro que “no se puede utilizar esta información para atacar o desacreditar a oponentes políticos con esta información, es obvio que hay reglas muy escritas entre los gobiernos para como utilizar esa información y la convención internacional de la que El Salvador ha firmado el convenio de Egmont tiene restricciones”, agregó el analista.
El tratado de Egmont impone restricciones en cuanto al intercambio de información, en el capítulo 3 se establecen los marcos de cooperación entre los países con la información captada a través de los sistemas financieros.
De ahí se desprenden tres numerales clave en el proceso de compartimiento de datos: en primer lugar, el libre intercambio de información está restringido a los objetivos de análisis para las unidades de seguimiento sobre lavado de dinero.
Se prohíbe la divulgación o uso de la información para ningún propósito sin el consentimiento previo del país o instancia propietaria de esos datos, en este caso el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de sus unidades especiales. Y por último, los estados firmantes están regidos a cumplir la estricta protección de la confidencialidad de la información.
¿Manipulación de datos?
El analista José Cárdenas va más allá en sus preocupaciones y asegura que a razón del uso que está haciendo la Casa Presidencial en El Salvador y en vista de los archivos que difunde en los medios a su alcance, hay preocupación en centros de pensamiento en Washington, que desde el gobierno de Funes puedan estarse manipulando los datos de esos informes de manera antojadiza para adecuarlos a sus intereses.
En el fondo, agrega Cárdenas, esa preocupación se sustenta en que por regla no pueden ser comparados con los documentos que difunde el ejecutivo salvadoreño con los originales, porque Estados Unidos no puede permitir ni siquiera abrir esos expedientes para comparar los documentos por estar obligado a mantener la absoluta confidencialidad de los mismos.
“Ellos saben que Estados Unidos no puede hacer públicos esos documentos, entonces sienten que tienen el camino libre, no podemos saber qué han hecho con esa información realmente, porque por lo visto puede haber manipulación porque siguiendo las reglas es imposible ver los datos originales”, comentó Cárdenas.
Este analista también vaticina que eventos como estos generan preocupación en todas las instancias políticas de Estados Unidos y no hay ninguna duda de que a este momento en las altas esferas del gobierno estadounidense se está poniendo mucho interés al asunto, pero manejándolo con discreción para evitar agudizar un conflicto diplomático.