Tres familias fueron desintegradas el 25, 26 y 27 de noviembre pasado en Soyapango, San Salvador y La Unión, luego de que tres hombres mataron a sus compañeras de vida sin importar que había hijos de por medio.
En uno de los casos, un adolescente presenció cómo su padre le quitó la vida a su mamá de un balazo; en otro, al supuesto homicida no le bastó asesinar a su esposa, sino que hizo lo mismo con sus hijos de 18 y 11 años.
Según las estadísticas de la Policía, recabadas de un informe del Observatorio de la Violencia de Género (Ormusa), 157 mujeres fueron asesinadas entre enero y septiembre de este año; nueve de ellas murieron a manos de sus esposos o exparejas.
Según el informe, tres de esas nueve víctimas tenían medidas de protección por parte de un juez, de modo que los atacantes ni siquiera deberían haberse acercado a ellas, pero no cumplieron y hasta las asesinaron.
Según las autoridades y familiares de algunas de las víctimas, las mujeres habían soportado por varios meses agresiones físicas o verbales por parte de sus parejas.
Lo que más lamentan los dolientes es que ninguna quería reconocer que estaba siendo violentada y, en algunos casos, se negaron a denunciar formalmente a los agresores.
“Es un feminicidio más de los que vemos seguido en la Policía. Ellos ya tenían problemas. Nada menos ayer una patrulla vino a ver una denuncia de violencia, (pero) el sujeto no fue encontrado en la casa; y ahora regresó y la mató”, dijo un policía el 25 de noviembre pasado, cuando custodiaba la escena donde Héctor Pleitez Alvarado, de 41 años, ultimó a su esposa Meriney Montes de Pleitez, de 34.
El asesinato fue cometido en la casa de la familia, en la colonia Las Brisas, en Soyapango, en momentos en que los tres hijos de la pareja, de entre 5 y 17 años, estaban con la víctima.
Según las autoridades, el imputado, quien a la fecha no ha sido capturado, ya había estado preso por golpear a uno de sus hijos. La pareja estaba en proceso de divorcio.
Víctimas callan por miedo y vergüenza
“Todavía tenemos una cultura donde da miedo y da vergüenza reconocer, frente al otro, que se está siendo violentada y que, aunque la mujer es grande, se deja pegar y no es capaz de defenderse”.
Así explicó María Elena Ávalos, coordinadora de la Unidad de Atención Integral de Personas Afectadas por Violencia del Ministerio de Salud, porqué muchas víctimas de maltrato soportan el problema en silencio.
Las estadísticas de la institución revelan que entre enero y septiembre pasado 16 mujeres fueron atendidas en la red de hospitales públicos por lesiones provocadas por violencia intrafamiliar. A esa cifra se suman 101 que fueron atendidas por agresión sexual.
Ávalos aseguró, no obstante, que esas cifras no están completas, pues destacó que situaciones similares están experimentando otras personas que prefieren no buscar atención por temor o van a consultorios privados.
La mayoría de veces, las víctimas de violencia llegan a pasar consulta con cuadros de estrés, dolor de cabeza, fatiga o insomnio, pero dicen desconocer qué se los está provocando; y no es hasta que los médicos hacen una entrevista a profundidad cuando detectan que sufren violencia intrafamiliar y las remiten a un psicólogo.
En caso de que la paciente lleve signos evidentes de que ha sido agredida, probablemente no admitirá de entrada que su pareja la golpeó, explicó la coordinadora.
Para las autoridades y los especialistas en la materia, las agresiones físicas y psicológicas son las señales que deberían alertar a quienes reciben maltrato y a sus familias de que el próximo paso que puede dar el agresor es matar.
Los casos recientes de mujeres que han sido asesinadas o maltratadas por sus compañeros de vida demuestran que el problema se da en todos los estratos sociales y que la violencia no se limita a los golpes, sino que abarca insultos, gritos, humillaciones y amenazas.
Pocos meses atrás, las autoridades han registrado casos de violencia intrafamiliar que han involucrado, ya sea como agresores o víctimas, a empleados de la Policía, periodistas, asesores legislativos e incluso diputados.
El más reciente caso de maltrato intrafamiliar se conoció el pasado 24 de noviembre, cuando una mujer denunció que su esposo, un jefe policial de la delegación de Santa Tecla, la golpeó y luego intentó asesinarla.
Según la víctima, el imputado primero la amenazó con la misma pistola que la institución le asignó para dar seguridad ciudadana y luego con un cuchillo.
El agente, identificado como Miguel Ángel, fue arrestado por sus compañeros en una colonia de Santa Ana, pero horas después fue liberado, porque su esposa se presentó llorando a la sede policial para retirar los cargos contra su esposo, pues dijo que ya no se sentía ofendida.
Algunos colegas del agente manifestaron, a través de las redes sociales, que él ya tiene antecedentes de violencia contra las mujeres, pues en 1998 agredía a la persona con la que, en ese entonces, mantenía una relación.
Delegados del Ministerio Público, consultados sobre la denuncia contra el agente, sostuvieron que estos delitos no son perseguidos de oficio, sino solo si la víctima ha hecho una denuncia formal.
La doctora Ávalos, sin embargo, aseguró que la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia señala que no es necesario que haya una denuncia de maltrato para iniciar una investigación.
“Hoy ya no es como antes, cuando la Ley de Violencia Intrafamiliar decía que al retirar la denuncia el proceso ya no seguía”, destacó.
No haber denunciado que su novio intentó matarla le costó la vida a Rosa Pineda, de 52 años, ese mismo 24 de noviembre. El hombre con quien llevaba cinco años de noviazgo, Alfonso Gutiérrez, de 66, la asesinó a puñaladas un día después de que ella terminara el compromiso.
Los parientes de la señora manifestaron que, días antes, el homicida la intentó matar mientras daban un paseo en Los Planes de Renderos, pero la víctima se negó a denunciar el hecho ante las autoridades, pese al consejo de su familia.
Los dolientes dijeron que Gutiérrez obligó a la mujer a renunciar a su empleo en un restaurante, lugar donde se conocieron, y le dijo que él se haría cargo económicamente de ella.
El agresor, según los parientes, no cumplió la promesa y en vez de ello la humillaba e insultaba; y fue cuando ella decidió dejarlo por temor a que intentara de nuevo matarla, y lo consiguió.
Desconfianza en la justicia
La desconfianza en el sistema judicial y los vacíos en las leyes han favorecido a algunos acusados de feminicidio o de violencia familiar al quedar en libertad, provisional o permanente.
Cuando esto ha ocurrido, las críticas contra los jueces o la Fiscalía no se han hecho esperar, no solo porque los casos quedan impunes, sino porque quienes son víctimas de iguales delitos se rehusan a llevar sus casos ante los tribunales, por temor a que con ellas se repita la historia.
Por otra parte, además de esos vacíos legales, a las personas que sufren de violencia intrafamiliar les genera temor la falta de respuesta oportuna y efectiva por parte de las autoridades.
Lo anterior en el sentido que los procesos judiciales son tardados y las mujeres saben que no siempre pueden contar con protección permanente por parte de las instituciones que están a cargo de velar por su seguridad.