Los candidatos han lanzado ya sus propuestas de cómo piensan atacar el problema de la inseguridad. Aunque con algunas diferencias en el abordaje que plantean, los tres principales aspirantes a la Presidencia coinciden en puntos como reforzar la institucionalidad involucrada en el tema y recuperar los territorios en manos de las pandillas. Dos expertos dicen que esto es un buen paso pero necesitan elaborar planes más integrales con ofertas financiera y técnicamente viables.
Francisco Bertrand Galindo, exministro de Seguridad, y el criminalista Carlos Ponce analizan las propuestas de los tres principales candidatos presidenciales y coinciden en que si bien es bueno que reconozcan que hay que hacer que la institucionalidad funcione en pro de la prevención y recuperación territorial, eso debe partir de propuestas de planes reales e integrales que respondan a lo que aspira y necesita la ciudadanía.
Y es que según Bertrand Galindo, en la generalidad se puede decir que las propuestas son buenas, pero a la vez parciales. Mientras, Ponce dice que “queda bastante en el aire” cómo van a materializar los planes y ofrecer los resultados que se esperan.
Uno de los principales termómetros de la alta criminalidad que vive el país es el número de extorsiones y homicidios que ocurren a diario, muchos de ellos ordenados desde las cárceles por cabecillas de pandillas.
En este año se ha registrado un promedio de 7 homicidios diarios, según datos oficiales.
Ante esta realidad, el FMLN, ARENA y Movimiento Unidad, tres de los cinco partidos que competirán en 2014, han diseñado y presentado sus propuestas de gobierno.
La fórmula efemelenista Salvador Sánchez Cerén-Óscar Ortiz plantea en el cuarto eje de su programa de gobierno “El Salvador adelante” su propuesta que denomina “Todo el país por la seguridad”.
En ese eje se comprometen, en primer lugar, a respetar y ser garante de los derechos humanos, luego describe el resto de su oferta en la que se destaca un plan especial de control preventivo en los 50 municipios con más altos indices de violencia en el país y una coordinación de todas las iniciativas con base territorial. Esto implicaría movilizar los liderazgos nacionales y territoriales, empoderar a la comunidad legalmente organizada con fines de prevención, combate y derrota de la violencia.
Otra oferta que destaca es la creación de un sistema de seguridad ciudadana que, según dice, consiste en la articulación del accionar de las instituciones del Estado para derrotar el crimen y empoderar a la comunidad que permitirían trabajar de manera coordinada entre las instituciones del gobierno central y el local.
Promete además ponerle un “punto final a las extorsiones” mediante el fortalecimiento de la capacidad de investigación científica de la Policía Nacional Civil (PNC), así como desarrollar una estrategia de inteligencia integrada en la que participaría la ciudadanía. En esta empresa buscarían un mayor aporte de la cooperación y asistencia técnica internacional.
La propuesta oficialista ofrece además un combate efectivo contra la criminalidad y lo lograría mediante la vigencia y aplicación de la Ley de extinción de dominio de todos los bienes de origen ilícito y la depuración “de los malos elementos en las instituciones”. Asimismo, buscaría una mayor coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y el Órgano Judicial.
También promete una policía “aún más fuerte y profesional y efectiva”, y para ello incrementaría el número de agentes en la Policía Rural y la Policía Comunitaria, además dice que procurará una “Policía incorruptible”.
Otros proyectos que impulsaría de ganar la Presidencia es crear un instituto especializado de educación superior en la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) y una Dirección de Investigación contra Delitos informáticos a nivel policial.
Para prevenir la violencia social habla de buscar una alianza permanente con los medios de comunicación, sociedad y gobierno, promover campaña contra consumo de drogas, crear más espacios de recreación y convivencia, abrir o ampliar poliderportivos municipales.
Otra de las promesas tiene que ver con el fortalecimiento del programa de protección de víctimas, testigos y denunciantes.
Lo que plantea ARENA
En su programa Plan País la fórmula arenera Norman Quijano-René Portillo Cuadra ofrece el inicio de la implementación del componente “El Salvador Seguro” que tiene dos ejes: institucionalidad para la seguridad ciudadana que implicará la articulación de la institucionalidad necesaria para aplicar una política de seguridad ciudadana que “exige de acuerdos básicos a través del diálogo y el respeto al disenso”.
Dentro de ese componente se destaca la creación de un Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) que estará integrado por las instituciones que imparten justicia.
Como novedad dentro de su plan figura la creación del Estado Mayor de Seguridad que estaría bajo el liderazgo del Presidente de la República que se integrará por el alto mando de las entidades vinculadas a la seguridad nacional (ministerios, PNC, ANSP, Dirección Nacional de Protección Civil y Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).
Esta instancia coordinaría “bajo un mando responsable, unificado”, la planificación estratégica, la coordinación y la dirección contra la delincuencia. Además de los esfuerzos con la FGR, el Instituto de Medicina Legal (IML) y las distintas instancias estatales involucradas con la seguridad pública del país.
También centralizaría esfuerzos dirigidos a la prevención, al combate efectivo de los delitos, a la rehabilitación y a la reinserción a la sociedad.
Otra propuesta es la creación del Consejo Nacional de Seguridad, también bajo el liderazgo del Presidente de la República, el cual estaría integrado por representantes de la academia, centros de pensamiento, sector privado, especialistas y asesores nacionales e internacionales.
Buscará un Acuerdo Nacional por la Seguridad y la Paz que facilite las reformas necesarias para lograr la seguridad que demanda la ciudadanía.
Lo que haría Unidad
En su programa “Avanza El Salvador”, la fórmula de Unidad integrada por Antonio Saca y Francisco Laínez ofrece un “nuevo modelo integral de seguridad pública” que lleva como objetivo primordial recobrar la paz social pero construida “bajo una visión compartida común y con una visión integral en la que participan todos los entes vinculados a restablecer el orden”.
El modelo incluye, según lo exponen en el “Marco conceptual del Plan de Gobierno Avanza El Salvador 2014-2019”, cinco ámbitos de acción que, según dice el documento, se construye alrededor de tres ejes fundamentales y 14 acciones estratégicas para aumentar la efectividad de esfuerzos, proteger a la ciudadanía y fundamentar la acción en programas de prevención y rehabilitación.
Los seis ejes de acción son prevención, protección ciudadana, combate a la delincuencia, apoyo a las víctimas, rehabilitación a quienes actúan fuera de la ley y ayudarles a la reinserción.
Para materializar esos proyectos la fórmula de Unidad plantea el aumento de hasta 40,000 los “efectivos” de la Policía y destacarlos a la seguridad ciudadana y patrullajes. Estos tendrían una estrecha relación con los vecinos y así se actuaría con velocidad cuando ocurran delitos.
También entraría en sus planes la creación de la División Territorial Disuasiva para la recuperación de territorios, la inclusión de la Fuerza Armada y coordinación con la seguridad privada, además de una aplicación rigurosa de la ley.
Además pondría en marcha “programas de prevención y rehabilitación con participación ciudadana, formación cívica y moral y desarrollo de actividades sociales, culturales, educativas, deportivas y religiosas encaminadas a restablecer la paz social y comunidades libres de miedo”.
Aprobación y crítica
Sobre estas propuestas de Unidad, ARENA y FMLN, Francisco Bertrand Galindo afirma que no se puede decir que sean “malos planes” ni que planteen “cosas malas”, y como ejemplo pone el hecho que estén hablando de hacer una buena coordinación entre las instituciones. Sin embargo, las considera “propuestas parciales”, pues no atacan todo el fenómeno completo.
El exministro de Seguridad dice que en la propuesta de Saca de aumentar en 40,000 efectivos la Policía no dice cómo lo va a lograr ni cómo lo financiará, pues está hablando de prácticamente duplicar la corporación policial.
Ponce coincide con Bertrand Galindo en que aumentar tantos agentes policiales es difícil de cumplir, pues dice que no cuenta con un fundamento técnico.
“En realidad no cuenta con un fundamento técnico para sustentar esa promesa, considerando la cantidad de alumnos que tiene la capacidad de la ANSP de graduar anualmente. Es algo que difícilmente se va a cambiar en un periodo de cinco años (de gobierno)”, cuestiona.
La razón de su cuestionamiento, afirma Ponce, es que en el país no se tiene una capacidad instalada para formar tantos policías en cinco años que dura un mandato.
Un punto positivo que le ven ambos expertos a los tres planes es la parte preventiva, lo que según dicen es un punto obligado en todo plan o propuesta de seguridad.
En ese punto, dice Ponce, la propuesta del FMLN replica el modelo de prevención y combate a la delincuencia como una forma de recuperar territorios en manos de las pandillas que realizó el edil de Santa Tecla, Óscar Ortiz,
“En realidad un trabajo de esa naturaleza (preventivo) sí es necesario, la cosa está en el cómo lo va a hacer. Hay formas en que se puede focalizar y hacer eso en algunos municipios y crear el andamiaje institucional para realizarlo”, plantea Ponce.
En el caso de la propuesta en general del FMLN, Bertrand Galindo le critica que tiende a “irse por el lado blando (en seguridad) y tiene la tendencia de relacionar el problema con el modelo económico.
“El Frente le dice: ‘Voy a crear un modelo de bienestar’, pero no le dice que va a ir a pelear con los pandilleros, no le dice que va a desarticular las bandas delincuenciales en los territorios”, apunta.
En cambio la propuesta tricolor, agrega, le dice que va a “recuperar como autoridad el territorio y le dice: ‘a la par de eso voy a hacer todo eso lo que dice el Frente: crear comunidades, crear desarrollo e inversiones locales”.
Aunque Ponce está de acuerdo con Bertrand Galindo en que la oferta de ARENA es la más integral, las denominaciones como Estado Mayor de Seguridad no son “las más felices” porque hay que separar el tema de la seguridad del de defensa nacional para no caer en errores de abordaje del problema delincuencial.
Sin embargo, afirma, lo importante es que los candidatos están pensando en reconfigurar todas las instituciones y articularlas a la seguridad.
Pero los especialistas también hablan de los retos en esa materia que tendrá el candidato que gane la Presidencia.
Entre los retos mayores que, según Bertrand Galindo, tiene, además de los homicidios y las extorsiones, es el tema penitenciario que tiene que ver con la parte institucional.
“El tema penal es el tema de los presos, es una bomba. Allí hay buena parte del origen del delito y es fundamental para el tema de la seguridad”, recomienda el abogado.
Por su parte, Ponce dice que los candidatos en campaña deben evitar el ofrecimiento de medidas populistas en el tema de seguridad, pues, a su juicio, “solo crean ilusión de que se está combatiendo el problema de la inseguridad cuando este en realidad se está agravando”.