Dos funcionarios actuales de CEL, en quienes se apoya la acusación de la Fiscalía General en contra de 21 exfuncionarios y empresarios, enfrentan serios cuestionamientos, incluyendo las denuncias de recibir pagos prohibidos por la ley, que debilitan su participación en el proceso, según estableció la defensa.
Se trata de Leopoldo Samour, presidente de la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa, mejor conocida como CEL, y Claudia María Cruz de Meléndez, abogada de la misma entidad.
Tal y como lo indica el requerimiento o acusación fiscal, Samour presentó una denuncia el lunes 4 de febrero de 2013, por “la existencia de irregularidades en el proceso de Búsqueda y Selección del Socio Estratégico para CEL en la sociedad Geotérmica Salvadoreña” (Gesal, hoy LaGeo).
Tres días antes, el viernes 1 de febrero, se filtró desde CEL la noticia de que Samour estaba enterado de que El Diario de Hoy recopilaba información sobre posibles actos de corrupción por parte de funcionarios actuales de CEL.
Pero el partido ARENA denunció el lunes 4 de febrero las remuneraciones “ilegales” de hasta $12,000 que Samour había recibido de INE.
Ese mismo día, Samour admitió que INE sí le estaba pagando por gastos de representación como su directivo ante LaGeo.
El jueves 7 de febrero, pruebas publicadas por El Diario de Hoy demostraron que INE le pagaba mucho más: $53,400 anuales por gastos de representación, un beneficio económico prohibido por la ley de CEL.
Entre sueldos y sobresueldos, Samour recibía, reveló el reportaje, al menos $178,000 al año, una cifra mucho mayor a la del salario anual que le corresponde como presidente de la autónoma: $76,800.
Pese a estos hallazgos y pruebas y pese a que la Ley de CEL prohíbe estas remuneraciones privadas de forma explícita, el presidente Funes justificó los sobresueldos de Samour y le pidió a la Fiscalía no tomar acción en contra del funcionario.
Y, en efecto, el Fiscal no investigó este caso aunque Samour había admitido haber recibido pagos prohibidos por la Ley de CEL.
Por otro lado, la Fiscalía sí aceptó la denuncia que Samour hizo en contra de miembros del partido político que lo habían denunciado.
Precedentes políticos
El caso de supuesto peculado en contra de 21 exfuncionarios públicos y empresarios es conocido como el caso CEL-Enel, porque la Fiscalía argumenta que un contrato entre CEL y la empresa italiana Enel Green Power para desarrollar energía geotérmica como socios de la empresa salvadoreña LaGeo fue “lesivo” o dañino para los intereses económicos del Estado.
Todos los exfuncionarios públicos acusados de supuesto peculado (apropiación de bienes públicos) trabajaron durante la administración del presidente, Francisco Flores (1999-2004).
Desde que la audiencia inició en el Juzgado Séptimo de Paz el viernes 15 de noviembre pasado, los exfuncionarios acusados argumentan que este caso de la Fiscalía tiene una base política, y está diseñado para ocultar hechos de presunta corrupción de la administración actual del presidente Mauricio Funes.
De hecho, varios reportajes publicados por El Diario de Hoy desde 2009 apuntan a una nebulosa al interior de CEL configurada a partir de 2006, cuando el entonces presidente de la autónoma, Nicolás Salume, propuso a la junta directiva y logró que las acciones que CEL tenía en la empresa geotérmica LaGeo fueran transferidas a otra empresa privada, Inversiones Energéticas (INE).
Esto sucedió durante la administración del presidente “Tony” Saca (2004-2009), pero es un acto que ha sido mantenido y defendido por el actual presidente Mauricio Funes.
Pese a que INE es controlada por la CEL o, más bien, por el presidente de la CEL, al transferir estas acciones de propiedad del Estado de LaGeo a INE, el gobierno perdió el control directo que tenía en la gestión de LaGeo.
Y al transferir estas acciones de manos del Estado a otra empresa privada, también se trasladó el control de esas acciones a la junta directiva de esa empresa privada.
Con ese acto, el Estado también perdió el poder fiscalizador que antes tenía de los recursos en LaGeo, pues ya no tiene ningún control de gestión sobre la concesión de los campos geotérmicos de LaGeo ni recibe de forma directa los dividendos que al final de cada año LaGeo distribuye a sus socios a partir de sus ganancias.
Una comisión especial creada por la Fiscalía para investigar el contrato de asocio entre CEL y Enel, hizo públicas sus conclusiones el pasado 11 de noviembre.
Entre ellas la comisión especial de la Fiscalía dijo que “CEL tenía facultades legales para crear INE, pero no tenía facultades legales para transferir su acciones en LaGeo, razón por la cual este acto adolece de nulidad”.
Es decir, la transferencia que hizo CEL de las acciones que tenía en LaGeo a una sociedad anónima durante la administración de Saca fue un acto ilegítimo, y que con base en las leyes ya no podía considerarse válido.
Mucho antes de que la comisión especial de la Fiscalía hiciera públicos sus hallazgos sobre la transferencia de bienes del Estado, de LaGeo a INE, varios reportajes de El Diario de Hoy ya habían revelado algunas de las consecuencias que la falta de fiscalización sobre los recursos geotérmicos estaba teniendo al interior de la CEL.
Testigos cuestionados
En el reportaje publicado el 7 de febrero de 2013, “Sueldos y sobresueldos del presidente de CEL”, este periódico sacó a la luz un conjunto de pruebas que demuestran que el actual presidente de CEL, Leopoldo Samour, con el apoyo de su subalterna y abogada en la misma institución, Claudia María Cruz de Meléndez, instituyeron mecanismos para que Samour recibiera pagos de INE por su representación en la junta directiva de LaGeo, una práctica prohibida por la Ley de CEL.
Según el artículo 7 del Decreto Legislativo 137 de 1948: “El Presidente (de CEL) será el responsable de vigilar el cumplimiento de los objetivos y acuerdos de la Comisión y desempeñará su cargo a tiempo integral, por lo que el mismo será incompatible con cualquier otro cargo remunerado público o privado y con el ejercicio retribuido de cualquier profesión”.
La Ley contiene prohibiciones similares para el director ejecutivo, y en el artículo 11 indica que ni funcionarios ni empleados ni miembros de la Comisión podrán, en ningún caso, ni establecer ni recibir “remuneraciones que tengan la forma de comisión o que se relacionen con las utilidades de la empresa”.
Estas prohibiciones, por lo tanto, también son aplicables a la licenciada Cruz de Meléndez, quien además de ser jefe de la Unidad Jurídica de CEL, también es Secretaria de la Junta de Accionistas de INE.
Aunque fue Samour quien hizo la denuncia en contra de los exfuncionarios y empresarios vinculados al caso CEL-Enel, es el testimonio de Cruz de Meléndez lo que ata los cabos sueltos para los argumentos fiscales.
En el requerimiento, la Fiscalía utiliza la entrevista en calidad de testigo de Cruz de Meléndez para “demostrar” los roles que los funcionarios tenían en el proceso, como se hace dos veces en la página 178 del requerimiento para “demostrar” cuál fue el papel que Jaime Torres cumplió, por ejemplo.
Pero es también el testimonio de Cruz de Meléndez el que usa la Fiscalía para establecer los supuestos abusos de poder que le atribuyen al gerente general de LaGeo, José Antonio Rodríguez, y al exministro de Economía, Miguel Lacayo.
Según el requerimiento, Cruz de Meléndez consideró que Rodríguez “cometió excesos, uno de los cuales se dio cuando responde a la consulta que le hizo Vicente Machado si Enel está inhabilitada o no para participar”.
Ayer le solicitamos a Rodríguez una reacción a esta aseveración de Cruz de Meléndez, y su respuesta fue que ella no podría ser una testigo fiel de los hechos.
“En el proceso de selección, el involucramiento de la Lic. Cruz fue mínimo”, asegura Rodríguez. “Después del proceso, estuvo involucrada en redactar algunas actas y documentos legales, en época de Salume. Casi no tuvo nada que ver en la relación con el socio. Nunca me dijo a mí, ni supe que se lo dijera a nadie más, que abusé de mi cargo. Si esa era su opinión, yo nunca me enteré”.
En su declaración, Cruz de Meléndez también sostiene que “cuando la Junta Directiva de LaGeo impuesta por instrucciones del ministro Miguel Lacayo se va en el año dos mil cuatro, se asegura de aprobar muchos de los proyectos que más adelante Enel les pide que se capitalicen los cuales fueron reclamados en el arbitraje”.
Tal y como lo establece la misma Fiscalía en el requerimiento, la Junta General de Accionistas de Gesal (hoy LaGeo) se formó el 28 de noviembre de 2000.
Para probar que esta junta de accionistas fue “impuesta por instrucciones” del ministro de Economía, la Fiscalía utiliza la declaración de Cruz de Meléndez y una carta que Lacayo escribió seis días después de que se formara la junta, el 4 de diciembre de 2000.
Esta es la prueba, según la Fiscalía de que fue Lacayo “el que hizo nacer la resolución de cometimiento del delito en los señores” acusados.
¿Cómo explica la Fiscalía que Lacayo impuso una junta directiva en LaGeo con una carta escrita seis días después de que la junta fuera electa? La carta, dicen los fiscales, “demuestra una cosa, que él ya sabía que había sido removida la junta anterior de Gesal, que esto ciertamente se debió a la presión que él hizo”.
“Hay que recordar”, dice el abogado de Lacayo, Arturo Muyshondt, “que en ese entonces Gesal era propiedad de CEL en un 99.5 %, y estaba formada por funcionarios públicos, incluyendo el ministro del Interior, Hacienda y hasta el tenedor de Bonos. Dentro de sus atribuciones Lacayo podía sugerir cambios encaminados a fortalecer el desempeño empresarial de Gesal, y eso no es ningún delito”.
La Fiscalía va incluso más lejos y acusa a Lacayo no solo de instigar peculado, sino también de presionar a la CEL para “se hiciera una venta de la sociedad Gesal”.
La correspondencia escrita por el ex ministro Lacayo el 15 de marzo de 2002 demuestra que él hizo lo contrario. Cuando la empresa Orpower 7 solicitó comprar la totalidad de las acciones de LaGeo por $150 millones de dólares, Lacayo defendió “el proceso de capitalización mediante la búsqueda de un socio estratégico que le permita expandir su capacidad de generación”.
Documentos oficiales indican que Lacayo no cedió a las presiones de Joseph Shilon ni de Tomás Campos, actual asesor del FMLN en el tema CEL-Enel, cuando estos impulsaron desde Orpower 7 su “especial interés en adquirir a la brevedad posible, la totalidad de las acciones de la empresa salvadoreña… Gesal”. (Carta del 15 de marzo de 2002).