La audiencia en el caso CEL- Enel llega hoy a su cuarto día; el turno de ayer correspondió a siete abogados que representan a igual número de procesados, quienes con sus argumentos aseguran haber desvirtuado la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con el Ministerio Público, los 21 imputados son los causantes de las pérdidas de Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL) por más de 1,800 millones de dólares, desde el surgimiento de los concesionarios privados en la explotación energética.
Por la naturaleza de este proceso, los defensores concluyeron que este caso no debería ventilarse en una instancia penal, sino en un tribunal mercantil, porque se trata de un conflicto financiero entre dos sociedades anónimas de capital variable conocidas como Enel e Ine.
Los defensores explicaron que bajo esa perspectiva no se adecua la tipificación del delito que se atribuye a los exfuncionarios de la Junta Directiva de CEL y otros ejecutivos.
El abogado Edgar Morales, defensor del expresidente de la CEL Guillermo Alfredo Sol Bang, manifestó que luego del conflicto armado el país se planteó la necesidad reconstruir el sistema de transmisión dañado y generar más energía para atender la demanda de los salvadoreños y que para ello ese sistema debía ser reestructurado.
Como el Estado no estaba en la capacidad económica para asumir los retos de la reestructuración, los funcionarios en ese entonces se dieron a la tarea de buscar socios estratégicos a fin de que invirtieran en el país a través de concesiones del Estado.
En esa dirección, según los abogados defensores, Enel invirtió 30 millones de dólares para la perforación de seis pozos. En cuatro de ellos no se obtuvo la energía esperada, sino solo en dos, de donde se extraen 40 megavatios de energía proporcionada del vapor del subsuelo en Usulután y Ahuachapán.
Para dar legalidad a estas participaciones, los diputados promulgaron la Ley de Electricidad que dio origen a instituciones rectoras como la Superintendencia de Electricidad, que más tarde autorizó las concesiones privadas.
Pero esas concesiones no significaban que el Estado salvadoreño se despojara de sus bienes o del subsuelo, sino que autorizaba a entes privados a dedicarse a la explotación de los recursos hidráulicos y geotérmicos del país, argumentan los defensores.
Añadieron que el país entró en la corriente mundial que los Programas de Ajuste Estructural de entes financieros como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) exigían, el cual demandó leyes, decretos y convenios para alcanzar la eficiencia.
De ahí que los diputados promulgaron la Ley de Inversiones en octubre de 1999, con la que se estableció el marco legal y las reglas claras que allanarían la competencia y la atracción de inversionistas extranjeros al país.
Al amparo de las normativas que en su momento fueron creadas surgió la Gesal, ahora LaGeo, y la INE, que como cualquier entidad privada buscaba el lucro económico .
Esta última surgió para representar la participación de CEL en el negocio energético y de esa forma no estaría sujeta a los lineamientos y auditorías de la Corte de Cuentas que frenan los proyectos de desarrollo a través de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), señalaron ayer los defensores.
Con esta argumentación, Morales desbarató otra teoría de la Fiscalía: que las sociedades concesionarias en el campo energético habían transgredido la LACAP, en el sentido de que las empresas privadas ya no estaban sujetas a los engorrosos trámites de la LACAP para desarrollar nuevos proyectos.
El profesional citó la sentencia de la Sala de lo Constitucional de 2008 en la que descartó ilegalidad en las concesiones privadas de CEL y atribuyó a la Asamblea Legislativa la facultad de garantizar la continuidad o la suspensión de las concesiones del Estado. Una atribución que, a juicio del abogado Morales, la Asamblea Legislativa no ha cumplido a cabalidad.
“Lo que estamos discutiendo aquí (tribunales) son bienes patrimoniales particulares de empresas, sociedades anónimas de capital variable”. Desde el momento que se crean sociedades anónimas de capital variables por parte de la CEL, llámese Gesal, LaGeo, Ine, estas deben regirse por el Código de Comercio”, afirmó el abogado.
Agregó que las concesiones otorgadas han sido para la explotación de los recurso del subsuelo, pero que “el Estado sigue siendo el dueño del subsuelo”.
“La Sala de lo Constitucional claramente dice: las concesiones otorgadas por la Siget mantienen su validez aunque sean dadas por un organismo que no sea competente”, afirmó Morales.
El profesional fue más allá, al analizar el laudo arbitral en París, Francia, donde los fundamentos de la Fiscalía ya fueron discutidas y rechazadas por el tribunal de Arbitraje Internacional.
Por su parte, el defensor de Ricardo Palomo, José Manuel Cruz Azucena, dijo que su cliente es procesado solo por aparecer en 14 de las 24 actas de Gesal, y de estas hay seis en la que figura como suplente; además en la escritura constituyente de la sociedad se indica que los directivos suplentes no tienen voto.
“Hay personas que aparecen en otras actas que se desconoce el motivo por el cual no están aquí procesadas”, afirmó Cruz Azucena.
De ahí que el profesional concluye que el proceso de selección de personas por acusar no ha sido el más objetivo por parte de la Fiscalía.
“Hemos encontrado un planteamiento de lo que ha sido el manejo de títulos valores con acciones y traslado de propiedades que no es el más correcto”, citó como ejemplo.
El abogado José Mario Machado, defensor de su hermano Vicente Machado, aseguró que la Fiscalía involucró a los 21 imputados en un plan criminal para apropiarse de las acciones de CEL (que ya no son de la CEL, sino de la Ine) y de las utilidades de LaGeo.
“Hemos señalado que las acciones de la CEL, ahora de la Ine, se mantienen intactas y no ha disminuido ninguna acción con el ingreso de Enel”, defendió Machado, quien también desvirtuó que Enel pretenda quedarse con las utilidades de LaGeo: “al contrario, se estableció que, antes, LaGeo, antes de la entrada de Enel como socio estratégico, solo tenía pérdidas”.
“El último año LaGeo pagó 40 millones de dólares en impuestos al Ministerio de Hacienda, lo que implica que le quedaron 70 millones de dólares a Ine y aproximadamente 36 millones de dólares a Enel; por lo tanto, las tesis fiscales están tonalmente desvirtuadas”, subrayó.
Machado también negó que se hayan valido de testaferros para hacer sociedades: “estas son declaraciones muy temerarias porque hay personas, incluso presidentes centroamericanos y asesores presidenciales de Estados Unidos, que eran dueños de las subsidiarias de El Salvador”.
El abogado lamentó que los errores ortográficos se hayan vuelto indicios criminales para la Fiscalía, como el caso de una carta que fue enviada por un representante de Enel en la que habían puesto una coma antes de la palabra de despedida.
“Tuvimos que establecer que la coma antes del ‘Atentamente’ no es ningún tipo de delito”, afirmó Machado.
“Tuvimos que aclararle a la Fiscalía que las sociedades privadas no están sujetas a la LACAP ni a la Corte de Cuentas, sino bajo las leyes mercantiles y que todo esto no es más que la frustración de haber perdido el arbitraje a nivel internacional en Francia”, afirmó Machado.
Agregó que todos los puntos que se discuten en la audiencia que se lleva a cabo fueron presentados en el arbitraje internacional en el mismo conflicto entre LaGeo y Enel, dos sociedades anónimas de capital variable.
El laudo arbitral no solo fue ganado por Enel, sino que pretendieron anularlo en los tribunales de Francia, y ahora están usando el tema penal para forzar las cláusulas o condiciones en este tema, enfatizó el profesional.