Con el uso de la palabra de algunos de los procesados, ayer por la tarde, el Juzgado
Séptimo de Paz de San Salvador concluyó la audiencia inicial para 21 acusados en el caso Enel-Cel.
Ellos son acusados de supuesto peculado (apropiación indebida de bienes del Estado) y falsedad documental agravada (alteración de documentos).
Fue el exdirector de la Gesal (subsidiaria de la CEL), Roger Martín Avilés, quien tomó la palabra por último: “Me considero inocente, me siento ofendido por la Fiscalía por haberme involucrado en estos delitos que no he cometido”.
“Me siento agraviado y ofendido; no hay prueba de lo que se nos acusa, nada es cierto, lo que demuestra falta de seriedad de una institución como la Fiscalía”, afirmó Porfirio Fuentes, otro de los señalados, quien dijo haber entregado 47 de los 67 años de su vida a la función pública.
Como Porfirio y Roger, otros lamentaron que el bajo nivel de investigación de la Fiscalía haya manchado su buen nombre y el de sus familias, lo cual aseguraron que limpiarán con la ayuda de sus abogados.
En el cuarto día de audiencia, los abogados de Enel hicieron uso de su defensa. En la intervención, los defensores ofrecieron un panorama general sobre los alcances de la transnacional en cuanto a su presencia y participación en varios países, entre los que mencionaron Chile, Estados Unidos y El Salvador.
El abogado Samuel Merino puntualizó que Enel Green Power El Salvador no ha cometido el delito de peculado porque en el 2002, cuando se convirtió en el socio estratégico de la CEL, sus bienes ya estaban privatizados a través de Gesal Sociedad Anónima de Capital Variable (S.A. de C.V.), por lo que ya no estaba regida ni por la Ley LACAP ni por las auditorías o controles de la Corte de Cuentas; tampoco dependían de la autorización de la Asamblea Legislativa para sus operaciones; solo se regían por la Ley General de Electricidad y por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget).
En ese sentido, Merino dijo que Enel no puede ser sancionada a responder económicamente por las supuestas pérdidas de CEL, tras ser acusada de despojarla de sus bienes, y tampoco pueden ser embargados sus bienes en el país como la Fiscalía lo ha solicitado a la jueza.
La Fiscalía, sin embargo, insistió en que los delitos de peculado y falsedad documental agravada están debidamente fundamentados con suficientes pruebas en contra de los procesados.
El Ministerio Público tampoco cambió su petición inicial de seguir el proceso en contra de los acusados, mientras permanezcan detenidos y, a su vez, decretarles el embargo de sus bienes.
También mantuvo su petición de sobreseimiento o exoneración definitiva a favor de 12 implicados, aunque ello no los libraría de una eventual responsabilidad civil o pago por daños ocasionados a CEL.
En el estrado, uno de los fiscales manifestó que cuenta con el testimonio de dos secretarias que aseguran haber sido obligadas por sus jefes a representar algunas empresas vinculadas a estos ilícitos.
Durante los cuatro días de audiencia, los fiscales asignados al proceso no brindaron declaraciones a los periodistas; por el contrario, siempre que los periodistas trataron de abordarlos para conocer detalles o confrontar versiones de los defensores decían no estar autorizados o simplemente se retiraban de prisa.
Los defensores tampoco bajaron la guardia al asegurar que sus defendidos son inocentes y aunque no pusieron reparos en que sigan siendo procesados pidieron a la jueza que sea en libertad o con mínimas medidas.
La resolución de esta audiencia será ofrecida el próximo lunes por la tarde.