Con 84 votos de todos los partidos políticos fue aprobado ayer el presupuesto general de la Nación para el próximo año. El monto es de $4,679 millones. De esta cifra los diputados reorientaron $38.7 millones para cumplir con el pago de los escalafones de los trabajadores de Salud Pública, Educación, y de la Policía Nacional Civil (PNC), y una parte para contratos colectivos.
Estas prestaciones laborales no habían sido incluidas por el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, en el proyecto que el titular presentó a la Asamblea Legislativa a finales de septiembre pasado. En total, el gobierno no incluyó en el presupuesto $45.6 millones en escalafones y contratos colectivos del próximo año.
El jefe de fracción de ARENA, Donato Vaquerano, expresó que accedieron a dar sus votos, ya que se incluyó lo que para su partido era “punto de honor”, dijo, los escalafones para los empleados de Salud Pública, Educación y la PNC.
“Después de hacer un análisis completo y haber priorizado en cumplimiento de leyes de la República, a Salud, PNC, Educación y contratos colectivos como de Gobernación, daremos nuestros votos, porque han hecho caso de las propuestas que nuestro partido hizo en ese sentido”, razonó.
Anteriormente, los areneros habían expresado que mientras no se solventara el impago de los compromisos legales del Estado, ARENA no apoyaría el presupuesto, pese a que este solo requería de 43 votos de los diputados.
No contemplarlos en el presupuesto de 2014 provocó en los sectores afectados protestas en las calles, cierres de hospitales y, hasta ayer, paro de labores en el Ministerio de Gobernación, ya que sus empleados también se han visto perjudicados, al no incluir en el plan de gastos sus nivelaciones salariales convenidas entre el titular de Gobernación y el sindicato.
Los trabajadores de esta institución, así como los de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Universidad de El Salvador (UES), han exigido al gobierno les cumplan también con los contratos colectivos, sin embargo, en el presupuesto autorizado ayer se les financiará solo una parte de lo solicitado.
“A nadie se le puede dar todo lo que piden, normalmente la gente pide más de lo que hay, la gran tarea de los administradores es priorizar”, afirmó la diputada Lorena Peña, del FMLN.
Prueba de lo anterior, indicó, es que Salud Pública había pedido un poco más de $24 millones para su escalafón, sin embargo, les fueron autorizados $21.4 millones.
“Lo que pasa es que se les pidió una simulación de pago a Salud y resulta que lo que se necesita es $21 millones”, añadió el diputado Douglas Avilés, de CD.
En el resto de instituciones Peña explicó la siguiente redistribución: $4 millones son para un complemento en la nivelación salarial de los empleados de la UES; $3.3 millones para la reclasificación salarial de la PGR; $1 millón para la PNC que sería complementario a su escalafón, dijo.
Otros $700 mil serán asignados al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para cumplir con prestaciones laborales firmadas entre ese organismo y los trabajadores; $400 mil al Ministerio de Gobernación que se sumarían a $700 mil que ya les fueron asignados, completando $1.1 millón para sus beneficios laborales, aseveró.
Sin embargo, el titular de Gobernación, Ernesto Zelayandía, dijo en la Asamblea que los trabajadores de esa cartera de Estado han pedido $2 millones, por lo que el resto tendrá que buscarlos en ingresos que reciben las dependencias de esa entidad, como Correos y Bomberos, afirmó.
Peña añadió que otra redistribución de fondos son $518 mil para la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), dado que a esta institución, Hacienda le había realizado un recorte en el presupuesto de 2014.
De ese monto, la PDDH deberá usar $437,770 para la adquisición de bienes y servicios; $71,275 para remuneraciones y $9,055 para inversiones en activo fijo.
Para la Orquesta Sinfónica van $76,800 que han sido asignados a la Secretaría de la Cultura (Secultura), que servirán para la contratación de ocho músicos.
Otro monto ha sido asignado al Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) de $179,220; para el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) $92,180; al Tribunal de Servicio Civil $54,856, y otras asignaciones distribuidas entre varias organizaciones no gubernamentales, entre las que figuran las Fundaciones del Padre Arrupe, el Padre Pepe, así como la Unidad de Niños Quemados del hospital Bloom.
Peña añadió que además han contemplado el pago de “una deuda histórica” en indemnizaciones a los despedidos de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel).
Para lograr la anterior redistribución de los $38.7 millones que servirán para saldar las prestaciones laborales, reforzar los presupuestos de otras carteras de Estado, y asignar fondos a entidades de beneficencia, los diputados hicieron recortes a las partidas de gastos imprevistos y adquisición de bienes y servicios de distintas instituciones, así como una reducción financiera a la Corte de Cuentas de la República, Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al Ministerio de Hacienda.
Según el decreto aprobado ayer los ajustes se realizaron de la siguiente forma: a la Corte de Cuentas se le quitó $500 mil, ya que Hacienda le había asignado $1 millón más en su presupuesto de 2014 que el otorgado para este año.
Al Ministerio de Hacienda se le redujeron $10 millones; al ramo de Salud le quitaron de la partida de Bienes y Servicios $4.3 millones para trasladarlos al pago del escalafón de esa institución.
A Educación también le quitaron de Bienes y Servicios $2.8 millones para su prestación salarial, y entre otras entidades del Estado se juntaron $4.4 millones también del gasto destinado a la adquisición de bienes y servicios.
En tanto que del Órgano Judicial, se trasladaron $8.2 millones que esta entidad tenía asignado adicional al 6 % que constitucionalmente le corresponde del presupuesto de la Nación para distribuirlo a organismos no gubernamentales que trabajan en actividades de apoyo al desarrollo social y económico del país.
Vaquerano criticó que ARENA “tuvo que hacerle la plana” al gobierno. Dijo que habían adelantado no solo en este año, sino en los anteriores gobernados por el FMLN que los presupuestos presentados por Hacienda son “desfinanciados” y que se redujera el gasto “excesivo”.
“Hoy han comprendido que estos gastos se deben reducir, este tipo de acciones se necesitan para manejar con responsabilidad las finanzas del Estado”, afirmó Vaquerano.
Pero reflexionó que a mitad del próximo año habrá que hacer más ajustes, y buscar fondos para financiar otras necesidades que no han sido contempladas, pero dijo confiar en que esa fecha el candidato tricolor, Norman Quijano, será el que asuma el gobierno y ejecute el presupuesto aprobado ayer.
En un comunicado emitido ayer por ARENA se especifica que continuarán insistiendo al FMLN y al gobierno cumplir con otros pagos de deuda que no están incluidos como el de los títulos Fosedu (Fondo de Seguridad y Educación) que vencen a finales de 2014.
Francisco Merino, del PCN, admitió que habrá otras urgencias que deberán ser resueltas en conversaciones administrativas entre los titulares de las carteras de Estado y sus empleados, pero opinó que el presupuesto avalado ayer está “balanceado”, pero no descartó que el próximo año el gobierno tenga que recurrir a más préstamos para solventar otros gastos.
“Ese mecanismo siempre se realiza, obviamente si nos ponemos de que si habrá un diluvio o terremoto, las cosas no caminarían nunca, debemos ver con optimismo”, afirmó.
Para Guillermo Gallegos, de Gana, cumplir con los escalafones de Salud, PNC, y Educación era un tema “trascendental” para brindar sus votos, dijo. Añadió que aprobar el presupuesto es darle “certidumbre y futuro al país”.