Los candidatos presidenciales de ARENA, FMLN y Unidad dijeron ayer que confían en que la institucionalidad funcione en el caso de Cel y Enel aunque cada uno imprimió su propio matiz. Norman Quijano pidió que se investigue a los dos últimos gobiernos; Salvador Sánchez Cerén justificó que la Fiscalía investigara sobre la base de información que el gobierno actual le entregó, mientras que Antonio Saca dijo que dijo que serán las instancias respectivas definan a los responsables.
“Siempre voy a estar porque se respete la ley, eso es fundamental, en un país siempre debe imperar la verdad y la justicia, y cuando digo la verdad está vinculada profundamente al respeto de la ley”, afirmó Quijano.
Pero el arenero dijo que ahora que inicia el proceso judicial no se puede condenar antes de vencerlo en juicio. Y fue más allá al pedir que en este tema en el que se involucra a ex funcionarios de ARENA, se mida “con la misma vara a todos” e instó a las autoridades a investigar a las dos últimas dos administraciones.
“No solamente esos hechos nos deben llamar la atención, está el tema de El Chaparral, el tema de carreteras que empiezan con una proyección inicial de $26 millones y terminan costando $92 millones. Casos como la carretera a Arcatao que se fue de las manos también, hay muchos temas en el ambiente nacional”, demandó Quijano.
El candidato efemelenista dijo por su parte que el anuncio de la Fiscalía demuestra que el estado de Derecho funciona en el país, que el Fiscal recibió la información y su deber era investigar y ha presentado los primeros resultados de las investigaciones.
“Nosotros esperamos que eso continúe, nuestro gobierno ha sido transparente, ha rendido cuentas y estaba en la obligación de dar toda aquella información que a su juicio tiene indicios de no un buen uso de los recursos del Estado”, afirmó Sánchez Cerén.
El candidato de Unidad dijo por su lado que se debe respetar el procedimiento judicial y que sean las instancias judiciales las que respondan “si las personas señaladas tienen o no tienen responsabilidad” en el caso.
“ES importante dejar trabajar la institucionalidad del país, yo cuando fui presidente me enfrenté a este caso y no quise actuar en aquel momento cuando la Corte no había resuelto que era inconstitucional…”, afirmó, al tiempo que se defendió de que nunca quiso entregar la geotermia a una firma internacional.
Otras reacciones
Desde los dos principales partidos políticos también surgieron opiniones. Roberto Lorenzana, del FMLN, calificó de un “inicio de la aplicación de la justicia en un caso enigmático” aunque dijo que les “llama poderosamente la atención” que el ex presidente Francisco Flores no aparezca en el listado de personas a procesar entre ellos Guillermo Sol Bang, expresidente de la Cel y el exministro de Economía, Miguel Lacayo, pues dijo que según la Fiscalía se trata de una defraudación al Estado de más de mil millones de dólares que no puede quedar impunes.
“No estamos hablando de unos cuantos reales, sino que estamos hablando de cientos de millones de dólares. El hecho que el Fiscal General haya asumido con seriedad y responsabilidad el inicio de la aplicación de la justicia, a nosotros nos parece que es lo correcto”, afirmó Lorenzana.
Según el dirigente efemelenista, a ellos no les “agrada que gente vaya a la cárcel” pero sí que haya justicia, pues según él, el pueblo se merece que no haya impunidad y sobre todo cuando hay funcionarios que son al mismo tiempo dirigentes de partidos.
Quijano justificó que “un presidente de la República no está inmerso en todas las decisiones que se toman en el aparato del Estado, todos los ministerios tienen su oficina de contrataciones y adquisiciones… dejemos que el estado de Derecho funcione y yo he dicho que se respete la ley y entiendo que eso es lo que el Fiscal está haciendo”.
Jorge Velado, presidente de ARENA, dijo sentirse sorprendido porque la comisión legislativa que analizó el caso de Cel/Enel y especialmente los diputados areneros que la integraron dijeron que no habían hallado indicios de corrupción sino que todo se había hecho dentro de la ley.
“Hay que dejar que eso siga su curso y ojalá todo se haga dentro de la ley y evitando cualquier persecución de carácter político”, consideró.
La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) dijo que esperan que la Fiscalía y demás autoridades procedan apegado a la ley. Jorge Daboub, presidente de la gremial dijo que las instituciones y las autoridades están para hacer lo que les corresponde.
“Esperamos que esto se haga de acuerdo con la ley, estaremos a la espera porque esto es el inicio de un proceso. Lo que es importante es que ya que se ha abierto el proceso se continúe en donde se ha estado ventilando mucho que pareciera que huele mal y a qué me refiero es a El Chaparral, a INE…”, afirmó Daboub.
En ese sentido, demandó las autoridades actúen “con la misma celeridad” en otros casos en los que “hay mucho ruido sobre este tema”.
“Esperaríamos que se siga con la misma celeridad, con la misma prontitud, con la misma eficiencia para que el caso se termine… esperamos que todo se haga y se siga de acuerdo a la ley”, dijo Daboub.
Preguntado sobre si la apertura de un proceso de estas dimensiones podría responder a finalidades electorales, Daboub declinó opinar. “Eso lo tienen que decir los candidatos y los partidos políticos, deben hacer sus sumas y sus restas y decir si ellos lo estiman de esa forma”, respondió.
Velado indicó por su parte: “en lo personal considero que allí se está tratando de involucrar a personas que son sumamente reconocidas y cercanas a nuestro partido, personas honorables que han entregado su tiempo y sus recursos al país. Ojalá esto no tenga un matiz político electoral”.
Quijano negó que esa noticia vaya a afectar al partido como tal, pues si bien son ex funcionarios públicos ligados a esa institución, que cada quien es responsable de sus actos como el caso de un funcionario público.