La Presidencia de la República vuelve a echarle llave a información pública relacionada con los gastos en ciertos rubros. Esta vez lo ha hecho con datos sobre “actividades protocolarias de alimentación, transporte y estadía de funcionarios internacionales”.
La decisión, que tiene vigencia para un período de cinco años, no especifica si se trata de funcionarios de gobiernos extranjeros que nos visitan o de los funcionarios de gobierno salvadoreño en misión internacional.
La medida aparece en el sitio oficial de internet de la Presidencia y ha sido consignada en el Índice de Información Reservada de la Presidencia de la República.
Esta medida, de la que se hace responsable el secretario de Comunicaciones, David Rivas, entró en vigencia desde el 3 de junio de 2013 y vencerá en ese mismo mes, pero de 2018, según revela el índice de información reservada.
Se buscó vía telefónica y vía correo electrónico al secretario David Rivas para que explicara esta decisión y sus alcances, pero al cierre de esta nota no había respondido.
La decisión la basan, según el documento, en los literales b) y d) del artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública, que se refieren a los requisitos que se deben cumplir para declarar bajo reserva la información pública.
Pero los apartados de ese artículo se refieren a que se reservarán esos datos siempre que revelarlos implique un perjuicio a la seguridad y la defensa nacional o ponga en riesgo la vida de una persona.
Dice que es información reservada “la que perjudique o ponga en riesgo la defensa nacional y la seguridad pública (literal b)” y “la que ponga en peligro evidente la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona (literal d)”.
Pero a juicio de Transparencia Internacional Capítulo El Salvador, estos apartados de la ley no aplican a este caso, pues se trata de información de actividades que ya transcurrieron, por lo tanto no pone en riesgo ni la seguridad del país ni la vida de alguien.
“Allí no pone en peligro ni la seguridad del Estado, no pone en peligro las negociaciones políticas del Estado porque no está preguntando qué hablaron en la cena ni saber cuánto costó el menú, o qué bebieron… ese no es un secreto de Estado”, afirma Roberto Burgos, coordinador del Centro de Asistencia Legal y Anticorrupción (Funde-Alac) que tiene la representación de Transparencia Internacional en el país.
Para Burgos, si la medida se aplica a las actividades del personal diplomático del país tampoco aplica la restricción porque se trata de fondos públicos y la ley es clara cuando dice que se debe rendir cuentas sobre los gastos en que incurren las instituciones públicas.
“Ese es el tipo de información que debería de estar porque se trata de adquisiciones y contrataciones. Todo lo que son gastos con fondos públicos tiene que ser información oficiosa”, dice Burgos.
Veda a contrataciones
Para Burgos, en la medida que acaba el período de gestión de Mauricio Funes “tiende a haber un mayor abuso en el gasto público y a encubrir dicho abuso, que es creciente, por medio de una interpretación restrictiva al derecho de acceso a la información”.
La Presidencia ha vedado el acceso a información por un período de cuatro años sobre gastos y demás datos sobre la logística de los viajes realizados por el presidente Mauricio Funes y de su esposa Vanda Pignato.
Esta reserva total entró en vigor el 30 de enero de este año y se argumentó que dar esa información supone un riesgo para la vida de ambos funcionarios y la seguridad y defensa nacional.
Esta medida fue tomada luego de que este medio le pidiera a la Presidencia los costos de viaje y estadía, así como integrantes de la comitiva que llevó a Cádiz, España, a la Cumbre Iberoamericana en noviembre de 2012, pero nunca contestó a la solicitud.
El artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública dice que esos datos sobre viajes deben ser publicados de manera obligatoria.
Burgos dice que hay una “mala aplicación de la ley cuando funcionarios de la Presidencia que creen que poner en el Índice de Información Reservada la hace reservada, no, hay que hacer un análisis previo de si esa información puede considerarse reservada”.
Otra información que han declarado en reserva es la relacionada con los “expedientes e informes de las personas a las que no se les renovó contrato para 2013 de la Secretaría de Cultura”, algo que a juicio del representante de Transparencia Internacional tampoco debe ser restringida.
“Hay que contrastar el artículo 10 con el artículo 19 que define cuál es la información reservada. El tema de las contrataciones o no es información oficiosa, pública, no tendría que estar incluido eso allí”, afirma Burgos.