Como un rompecabezas, así ha sido la implementación del proyecto de modernización que en tiempo récord quiere echar a andar el actual gobierno. Cuatro son sus piezas fundamentales: el prestamos del BID; el préstamo para comprar los buses del Sitramss, la aplicación de la tarjeta prepago y las diversas modificaciones legales que permitan quitar obstáculos.
La primera pieza: la adquisición del préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para construir la infraestructura del Sistema Integrado del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss) asciende a $43 millones.
A la fecha se desconoce quién administrará el moderno sistema de transporte. Aunque la empresa Sistema Prepago (Sipago) ha informado que ellos administrarán el Sitramss, dijeron que contratarán a una empresa extranjera para que les asesore.
Pero esta parte de la obra ha enfrentado “grandes baches” especialmente en el atraso en la construcción de la terminal de integración del Sitramss, en Soyapango. También están los problemas legales que afectan el avance de los trabajos.
La otra parte es la compra de los 60 buses articulados y los 130 padrones que usará el Sitramss, y paralelo a esto está la reestructuración de las actuales rutas que transitan en la zona de influencia del Sitramss.
Pero oficialmente no han dicho cómo será la reestructuradas las 51 rutas que entran del bulevar del Ejército hacia el centro de San Salvador. Esto equivale a mil 600 unidades y la mitad de ellas tendría que salir del negocio. Si el VMT quita el contrato o permiso de concesión vigente a un buseros, este podría demandar al Gobierno.
Y el otro punto: la compra de los artículados y los padrones está atado al uso exclusivo de la tarjeta prepago; pero eso no se está llevando a la práctica de la forma que el VMT lo deseaba. La tarjeta prepago es la tercera pieza clave en este engranaje.
La empresa Sistema Único de Boletos Electrónicos (Subes) no convence a los pasajeros de utilizarla. Los buseros de Sipago tienen firmado un precontrato por un préstamo de $48 millones con el banco brasileño; que esto quede en firme depende del cobro electrónico.
Convencer a los transportistas sobre las bondades de este sistema de cobro tampoco ha sido fácil para el VMT, por ello ha tenido que recurrir a modificaciones legales y presionar para que los buseros firmen contratos con Subes y Bandesal que les permiten ingresar a ese sistema de cobro.
La obligatoriedad del cobro electrónico, además, tuvo que plasmarse en una resolución razonada emitida por el VMT. Y este conjunto de modificaciones legales y reglas del juego es la cuarta pieza fundamental en el rompecabezas de la modernización del transporte público que ejecuta el Gobierno. De estos movimientos se desprende una quinta pieza con la cual lucha el gobierno. Se trata del grupo de buseros que discrepan de la forma como se ejecuta el plan de modernización. Gremiales como AEAS, ATP, Acopatt y otras, han empezado a dar una batalla legal por lo que consideran el sistema una “imposición”.