Funcionarios de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) de Estados Unidos colaboran con las autoridades salvadoreñas para establecer la procedencia de los 213 proyectiles tipo M-371 A1 que se hallaron enterrados en un tatú que había sido construido debajo de una pila en una propiedad situada en El Congo, Santa Ana.
Fuentes policiales explicaron que los técnicos de la ATF ya recogieron los números de lotes y de serie de los proyectiles de fabricación estadounidense decomisados.
Con esa información, los expertos de ATF podrán verificar en sus archivos el destino que tuvieron esos proyectiles, los cuales se presume que llegaron a manos del Ejército salvadoreño para ser usados en el pasado conflicto armado.
Fuentes de la Policía explicaron que el lote de artefactos explosivos ya se encuentran almacenado por orden de la Fiscalía General en el polvorín del Regimiento de Caballería por ser el único lugar que cuenta con las adecuadas condiciones de seguridad.
Hasta el momento, no hay ningún detenido relacionado al hallazgo de los explosivos, aunque el propietario de la carpintería donde estaban los artefactos, podría ser considerado como testigo, explicaron fuentes policiales.
Por el momento, ni las autoridades de la Policía ni de la Fiscalía han manifestado los posibles orígenes de este arsenal que se supone parte del cual habría sido vendido al grupo de narcotraficantes de Los Zetas.
El exdirector de la Policía Rodrigo Ávila tiene tres posibilidades del origen de éstos explosivos. Una de esas suposiciones tendría que ver con la sustracción de este material de los almacenes del Ejército salvadoreño.
Otra de las posibles versiones es que pudo haber sido ordenado para que se destruyera por no ser útil al Ejército, pero alguien simuló haberlo destruido y se quedó con el arsenal.
La tercera posibilidad que ve Ávila es que en algún momento pudo haber estado en manos de la exguerrilla del FMLN, ya sea porque se los quitaron al Ejército en algún ataque a los cuarteles o también porque podrían haber sido enviados desde Vietnam para que la guerrilla los usara en el conflicto armado que culminó en enero de 1992.
Recordó que cuando él era director de la Policía, en el año 1995, se destruyó una gran cantidad de explosivos que se localizaron enterrados y para ello hubo colaboración de exguerrilleros.
Entre los artefactos que se destruyeron en esa oportunidad habían varios proyectiles de los que fueron hallados en el terreno de El Congo, Santa Ana.
Narcos, guerrilla o crimen organizado
Este tipo de armamento le es atractivo a la narco guerrilla, a los narcotraficantes y a las bandas del crimen organizado.
Sostuvo que les podría interesar a los cárteles de narcotraficantes mexicanos como Los Zetas para tumbar los tanques del Ejército mexicano o para atentar contra funcionarios que se desplacen en vehículos blindados. También para atacar algún camión blindado que transporta dinero.
“Puede ser que los narcotraficantes mexicanos tengan lanzacohetes M-67 de 90 mm., pero no cuentan con suficientes proyectiles y anden buscando munición para atacar una tanqueta de la armada mexicana o de la Policía Federal”, dijo Ávila.
Además, estos artefactos también otros de los destinos pueden ser aquellos países que tienen conflictos internos armados.
Un proyectil de este tipo era vendido por un valor de hasta 1,000 dólares en el mercado legal, pero en el mercado negro, un artefacto de esta naturaleza puede costar hasta cuatro veces, es decir, hasta 4,000 dólares, según Ávila.
Además en caso haber caído en manos de grupos criminales que no puedan usarlos por no contar con los lanza proyectiles, éstos delincuentes pueden extraerle el explosivo para hacer una serie de bombas.
“De las 213 granadas podrían sacar el suficiente explosivo tipo C-4 que tiene en la ojiva para hacer poder una cantidad de bombas que bien pueden ocupar para sus fines criminales”, dijo Ávila.
El fiscal general Luis Martínez dijo que tenían información de que este tipo de explosivo había sido vendido a los narcotraficantes de Los Zetas de México y Guatemala.
Fuentes policiales aseguraron que un militar de Santa Ana estaría implicado en el lote de proyectiles encontrados enterrados en el terreno de El Congo. Este militar, quien se supone residía en ese lugar, fue procesado años atrás por tener en su poder varios fusiles de uso privativo de la Fuerza Armada, pero fue exonerado por razones desconocidas.