El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, en La Paz, absolvió a siete exmilitares a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) estaba acusando de tenencia, portación y conducción de arma de guerra, así como comercio ilegal de arma de guerra, luego de considerar que el Ministerio Público actuó con negligencia, debido a que un tribunal militar ya los había enjuiciado y exonerado por esos delitos.
Cinco de los imputados, no obstante, sí fueron condenados por agrupaciones ilícitas, mientras que los otros dos fueron sobreseídos de forma definitiva por este delito.
Los condenados deberán purgar penas entre los cuatro y los siete años de prisión.
La decisión del Tribunal benefició al capitán José Mario Mejía y al sargento mayor Francisco Morales Miranda.
Los ahora convictos fueron identificados como el sargento mayor Gilberto Espinoza Hércules, Víctor Manuel Peña González; los cabos Jorge Nerio Lipe y José Alberto Flores Ramos, y el soldado José Luis Chacón Romero.
En el juicio rindieron declaración unos 18 testigos. Además fue citado el actual ministro de Defensa, David Munguía Payés, quien fungió en aquel entonces como ministro de Seguridad Pública.
A pesar de la abundante prueba testimonial y pericial con, el tribunal sostuvo que la Fiscalía acusó doblemente a los imputados, lo cual es improcedente, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República.
Consta en el expediente que los siete acusados, primero fueron procesados y dejados en libertad provisional en un Juzgado Militar, por lo que la Fiscalía apeló ese fallo ante la Cámara Tercera de lo Penal, pero esta confirmó la resolución del juez militar.
El revés que recibió la Fiscalía del tribunal superior fue porque no reunió las pruebas que le mandó a buscar para revertir la decisión.
En un segundo intento, la FGR acudió al Tribunal de Zacatecoluca, que ayer consideró que la FGR actuó con negligencia al no demostrar el destino final del armamento sustraído del arsenal de la Fuerza Armada y no presentar las actas de destrucción.
Los fiscales aseguraron que sí presentaron dichas actas y que, según sus investigaciones, los militares fingían la destrucción de las armas, pero las hurtaban y luego las vendían.