A solo 10 días del plazo estipulado para el próximo 20 de octubre, El Salvador no ha presentado oposición a una demanda interpuesta el 18 de agosto pasado por la empresa Enel Green Power ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), en el caso de la disputa Cel-Enel.
La empresa italiana Enel anunció el pasado 12 de agosto que llevaría el caso ante el CIADI debido a que el Gobierno salvadoreño había tomado medidas que dañan sus inversiones en LaGeo, una empresa generadora de energía geotérmica de la cual es el socio estratégico desde que ganara una licitación internacional en junio de 2002.
El Salvador tenía derecho a presentar oposición, por razones de competencia o de jurisdicción, durante el período procesal previo a la constitución del Tribunal.
El país logró, una vez antes, evitar una demanda de Pacific Rim ante el CIADI después de presentar oposición por razones de jurisdicción.
El Salvador también podría haber influido de manera decisiva en la conformación del Tribunal, sobre todo porque fue advertido de la demanda con más de 10 días de anticipación por Enel.
En ese momento el Fiscal de la República, Luis Martínez, descartó la veracidad de la noticia de una nueva demanda.
“No creo que el CIADI”, dijo a los medios de prensa, “se deje presionar por ninguna compañía internacional”.
Pero la noticia resultó ser cierta y El Salvador fue notificado por el CIADI de la demanda presentada por Enel el pasado 20 de agosto. En un comunicado, Enel argumentó que tomaba esta medida porque “el Estado le había negado sus legítimos derechos”.
Al día siguiente, la solicitud fue registrada por el Secretario General del CIADI, y a partir de ese 21 de agosto los plazos han sido estrictos: 10 días para proponer el número de árbitros; 20, para aceptar o rechazar las propuestas.
Si a los 60 días no hay un acuerdo, consensuado por las partes, de los términos del proceso o del número de árbitros, el Tribunal seguirá los lineamientos de reglas predeterminadas y los designará.
El pasado 8 de agosto, el Fiscal Martínez había dicho estar preparado para defender al país de una nueva demanda internacional.
“Como verdaderos representantes del Estado de El Salvador, vamos a tomar las acciones legales más convenientes para los intereses del Estado salvadoreño”, dijo.
Hasta la fecha, la única acción legal del Estado salvadoreño registrada por el CIADI ha sido la contratación de un bufete de abogados en Washington, D.C.: Foley Hoag.
Según el sitio de internet del bufete, el abogado Luis Paredes actualmente representa al Estado salvadoreño en dos demandas internacionales de arbitraje, sin incluir la de Enel ante el CIADI.