STADOS UNIDOS. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó ayer su preocupación por la falta de acceso a la información en países centroamericanos y suramericanos.
En su resolución al finalizar la 69a Asamblea General realizada en Denver, Colorado, el organismo —que reunió a unos 300 periodistas y dueños de medios de comunicación del hemisferio— destacó que las restricciones a la información pública son un problema para ejercer la labor periodística.
“Se observa con preocupación el acceso limitado a la información pública, un escollo para el trabajo periodístico en países como Ecuador, Honduras, El Salvador, Panamá, Uruguay y Venezuela, entre otros, mientras tanto en algunos países se carece de leyes de acceso a la información e impera una cultura gubernamental de secreto en la que, como ejemplo, los presidentes y funcionarios públicos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Panamá y Venezuela, se niegan a ofrecer entrevistas o conferencias de prensa”, indica la SIP en sus conclusiones.
El caso de El Salvador
De acuerdo con el informe de El Salvador, aprobado por la SIP, el caso más emblemático de falta de acceso a la información es el de la Asamblea Legislativa que se negó a revelar el listado de asesores contratados por la institución.
“El instituto (de Acceso a la Información Pública, IAIP), ya registra sus primeros casos. Uno de los más recientes involucró al Congreso, convirtiéndose en un caso emblemático sobre acceso a la información”, reseñó la organización.
El documento añade que “El Congreso tiene un total de 1,500 empleados y más de la mitad figuran como asesores. Sin embargo, el presidente del Congreso, Sigfrido Reyes, se ha negado a entregar el listado. El caso se dirimió en el Instituto de Acceso a la información y este ordenó al Congreso entregarlo, aunque el Congreso se negó”.
También agrega el informe que “el Instituto de Acceso impuso una multa de $9 mil dólares a la Junta Directiva del Congreso conformada por 14 diputados, pero no la han pagado” y acota que “el Congreso ha decidido llevar el caso a la instancia máxima que estipula la Ley de Acceso a la Información en estos conflictos, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia”.
Según el documento, el Instituto de Acceso tiene unos 55 casos más en estudio contra instituciones del Estado.
Asimismo el informe referente al país menciona que el Congreso aprobó un decreto para “blindar” a los candidatos a la Presidencia a las elecciones del 2 de febrero de 2014 contra críticas que les hicieran, imponiendo multas y hasta cárcel, pero apunta que finalmente el Decreto 412 fue vetado por el presidente Mauricio Funes por considerarlo atentatorio contra la libertad de expresión y por regular conductas ya reguladas en el Código Electoral salvadoreño.
Por otro lado, la SIP compartió la preocupación de organizaciones estadounidenses afines sobre el rumbo de la libertad de prensa en este país, sacudido por las revelaciones de espionaje contra periodistas e individuos.
En ese sentido, la organización de la prensa hemisférica insistió que el Congreso de EE.UU. sigue mostrando resistencia a tramitar una ley de protección a la reserva de la fuente que evite el encarcelamiento de periodistas.
Pide enfrentar embates
Además la Asamblea General de la SIP reiteró varias veces la necesidad de “enfrentar los embates” de los gobiernos de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (Alba), en su empeño por debilitar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “la cual es blanco de ataques permanentes”.
Por ello, los asambleístas destacaron el apoyo decidido de la SIP al fortalecimiento del sistema interamericano mediante gestiones directas con jefes de Estado y representantes diplomáticos ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
Otra de las conclusiones de la asamblea realizada en Denver es que Latinoamérica ha tenido en este último semestre la cifra más alta de asesinatos de periodistas de los últimos 20 años.
Por ellos, la asamblea anual de la SIP condenó el asesinato de 14 periodistas: tres en México, dos en Brasil, dos en Colombia, dos en Guatemala, dos en Haití y uno respectivamente en Ecuador, Honduras y Paraguay.
De igual forma expresó su “total rechazo a la prescripción de 17 casos de asesinatos de periodistas (cinco en Colombia y 12 en México) por considerar que la impunidad y la acción de poderes judiciales débiles o sometidos son los motores generadores de la violencia”.
La SIP también mencionó en sus conclusiones que durante estos últimos seis meses, tres periodistas debieron abandonar Colombia y Honduras por las amenazas que recibieron y otros dos comunicadores extranjeros fueron expulsados por el gobierno de Nicaragua.