Desde dotar computadoras a los estudiantes o servicio de internet a las escuelas hasta crear una universidad digital y dar bachillerato gratuito. Estas son las principales ofertas educativas que han lanzado tres de los candidatos presidenciales, pero estas resultan costosas y no aportan a la calidad educativa, afirman dos especialistas en el tema.
Salvador Sánchez Cerén y Óscar Ortiz, candidatos del FMLN, han venido insistiendo en mantener el reparto gratuito de uniformes escolares, el vaso de leche en las escuelas públicas, pero de ganar en 2014 implementarían su programa “Un niño, una computadora”, pero además la creación de una universidad en línea, una universidad pública en tecnologías y dotar a los estudiantes de una tarjeta que significaría un descuento en gastos de transporte.
La fórmula de ARENA, integrada por Norman Quijano y René Portillo Cuadra, también ha recurrido al ofrecimiento de llevar tecnología a escuelas por medio del equipamiento de 1,200 centros de cómputo en igual número de centros educativos, la distribución de 500 mil tablets y facilitarle servicio de internet inalámbrico a instituciones con más de 300 alumnos.
Ese detalle de ofertas y el de buscar incrementar la inversión en educación que alcance al 5 o 6 % del Producto Interno Bruto (PIB), las hizo recientemente Portillo Cuadra.
La fórmula de Unidad, Antonio Saca y Francisco Laínez, ha prometido continuar los actuales programas educativos del actual gobierno como los paquetes escolares y retomar el Plan Nacional de Educación 2021 que impulsó en su gobierno (2004-2009).
Saca ha dicho que mantendrá el bachillerato gratuito, llevará agua potable a los centros educativos y creará mecanismos que faciliten a los jóvenes terminar sus estudios de bachillerato y universitarios y obtener un empleo.
Ante tanta oferta, cabe preguntarse: ¿son viables?, ¿son realistas?, ¿son financiables?, ¿aportan a la calidad educativa? A estas interrogantes, dos especialistas en educación responden que esas propuestas no contribuyen al mejoramiento de la calidad de la educación, no son técnicamente viables y tampoco creen que sean financiables.
Joaquín Samayoa, director de Investigación y Desarrollo Educativo de la Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo (Fepade), dice que de las ofertas presentadas, la que “vale la pena mantener” es el bachillerato gratuito aunque no es una medida nueva, pues viene desde finales del gobierno de Saca.
Pero al analizar otras nuevas y la promesa de mantener las ya implementadas, como los paquetes escolares, dice que hay que considerar que los fondos públicos son “bastante limitados” para costearlos.
“Habrá que ver, además, si han contemplado el enorme gasto recurrente de acomodar la infraestructura escolar, dar mantenimiento a las máquinas, reponerlas al cabo de su vida útil y pagar especialistas que den soporte técnico a los maestros y los estudiantes”, afirma Samayoa.
Según dijo, si se deja fuera de estos planes al docente y este no aprende a usar tecnología “poco ayuda que haya computadoras en las escuelas”.
Aparte de ello, para el académico, las propuestas de ARENA y FMLN de llevar computadoras a las escuelas “suenan bastante demagógicas” y las califica de “medidas aisladas”.
Óscar Picardo, del Área de Investigación de la Universidad Francisco Gavidia, dice estar monitoreando las ofertas educativas de los candidatos y al momento puede decir que no existe la capacidad financiera para sostenerlas.
“Yo creo que no alcanza, cuando usted suma todas las propuestas y las costea, son inviables financieramente”, afirma Picardo.
En esa suma incluye la dotación de computadoras o tablets, establecer una universidad en línea o una universidad tecnológica, dar más uniformes y más alimentación a escolares. Resulta “muy difícil” de financiarlo, añade.
Todos los candidatos se han anticipado en asegurar que estos programas que ofrecen serán sostenidos con impuestos y otras fuentes de financiamiento.
Sánchez Cerén ha dicho que buena parte de sus programas sociales y entre ellos sus apuestas educativas, se financiarían con el aumento en la recaudación de impuestos y con fondos que se derivarían del pago a largo a plazo del 40 % de la factura petrolera a la estatal venezolana PDVSA si se adhiere el país a Petrocaribe.
Esa medida permitiría al país, según el candidato, obtener $640 millones al año y ampliar el 50 % la inversión en educación. Sin embargo, este dinero se trata de más deuda, solo que a largo plazo. La fórmula que propone el farabundista plantearía que el gobierno se haría importador de petróleo y lo revendería localmente y se endeudaría con el gobierno venezolano.
ARENA ha dicho que financiaría sus apuestas con fondos del presupuesto nacional, la cooperación internacional y del sector privado mediante una alianza estratégica.
Saca, por su parte, ha mencionado que recurriría a préstamos, incremento en la recaudación del IVA, buscará financiamiento con bancos nacionales, inversiones de empresarios locales y extranjeros y la creación del Fondo de Inversión para que los connacionales en el exterior tengan la facilidad de ahorrar.
Pero Picardo dice que promesas como la dotación de computadoras “no tocan tierra”, y pone de ejemplo que el gobierno actual incluyó en la primera versión de su plan social “Vamos a la Escuela”, que dirigió Sánchez Cerén cuando era ministro, repartir 820 mil computadoras y no lo cumplieron.
“Ahorita lo están proponiendo por segunda ocasión”, afirma, al tiempo que dice no es novedoso, pues en países como Uruguay ya fueron implementados y son una “escuela de cómo hacerlo”.
En esos países, los modelos de computadora son de bajo costo, al igual como ha hecho el gobierno de Argentina.
Retos que deben asumir
Ambos expertos tampoco creen que estas medidas tengan un impacto en la enseñanza-aprendizaje en el país.
Samayoa pone de ejemplo el nulo aporte a la calidad educativa del programa de paquetes escolares gratuitos a un 1.3 millones de estudiantes de los centros públicos.
“El problema con los paquetes escolares es que no tienen el más mínimo impacto en la calidad educativa. Ni siquiera han contribuido sensiblemente a reducir la deserción escolar”, sostiene el especialista.
El gobierno ha defendido este y otros programas de que con este tipo de iniciativas se ha contribuido a la reducción de la pobreza y la deserción escolar y ha dicho que buscará institucionalizarlos por ley. De hecho el gobierno anunció que presentará ese anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa a finales de este mes.
Pero la crítica de Samayoa va más allá sobre este programa tan publicitado por el gobierno y también por la fórmula efemelenista en su campaña electoral.
“Además es un subsidio indiscriminado y su administración absorbe una gran cantidad de tiempo a los directores de centros escolares”, dice Samayoa.
Picardo tampoco cree que este tipo de ofertas electorales contribuyan a mejorar la educación “porque no están partiendo de temas más sustantivos” aparte de que no se está abordando con “seriedad técnica” los problemas que él considera “más críticos”.
“Uno, es la eficiencia docente y otro es el tema del acceso a la educación inicial y media, que son los problemas más críticos”, explica Picardo. Y añade otro tema: elevar la escolaridad promedio de la ciudadanía.
Samayoa resume el reto que deben hacerse en el campo educativo los candidatos que están en contienda.
“Hay que establecer prioridades, invertir mejor en programas para mejorar la infraestructura, la seguridad en las escuelas y sus alrededores y, desde luego, la calidad de la educación”, afirma.
Picardo plantea que las apuestas en educación deben ser producto de una “visión de futuro” e incluso insta a los candidatos a sentarse a dialogar sobre el tema y alcanzar consensos en dos o tres cosas concretas, pues de lo contrario cada uno intentará ejecutar una agenda que tendrá un limitado impacto.