La búsqueda por producir energía geotérmica que resultara más barata para el Estado y para los consumidores, fue la primera página de un libro que ya lleva 10 años escribiéndose y que no ve un punto final.
Sus protagonistas: la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (Cel), la empresa italiana Enel Green Power, Inversiones Energéticas (INE) y la empresa generadora de energía geotérmica, LaGeo.
Todas tienen una participación relevante en el desarrollo de esta historia, que ha puesto en entredicho la reputación de El Salvador a nivel internacional, ahuyentado millones de dólares en inversión extranjera y gastando otros tantos en un litigio internacional que no parece tener final.
Todo comenzó en 2002. El presidente de la Cel, Guillermo Sol Bang, buscó, a través de una licitación pública, a un socio estratégico que trabajara junto con Geotérmica Salvadoreña (Gesal, hoy LaGeo) en la exploración y usufructo de dos proyectos geotérmicos en Ahuachapán y en Berlín, en el departamento de Usulután. El Estado quería aumentar la geotermia, pero no podía hacerlo en poco tiempo pues la inversión inicial para proyectos de geotermia es muy alta y no se contaba con los suficientes recursos económicos para hacerlo, así que el mejor camino era hacer un asocio público-privado.
En abril de ese año la Cel anunció que el ganador de esta licitación había sido una empresa italiana llamada Enel Green Power, con una experiencia de más de 100 años en la explotación de energía geotérmica.
Según el contrato la empresa extranjera sería propietaria del 9 % de las acciones de Gesal y su misión sería explorar, evaluar y abrir pozos geotérmicos en el país, un trabajo que hasta ese momento solo lo hacía Gesal.
El acuerdo suscrito entre la estatal y la empresa privada establecía que a medida que la compañía extranjera fuera invirtiendo, sus dividendos se irían capitalizando en más acciones.
Pero mientras Enel trabaja en la exploración de nuevos pozos, Cel afrontaba una crisis de generación de energía térmica que debía solventar de inmediato. La empresa térmica Duke Energy sacaría de circulación parte de su equipo y Sol Bang decidió crear el proyecto térmico Central Talnique, como una alternativa. Pero para capitalizarla, debió crear una subsidiaria llamada Inversiones Energéticas (INE) en enero de 2004.
“INE es una empresa que fundamos para una contingencia”, dijo Sol Bang en su más reciente entrevista a El Diario de Hoy.
Como toda subsidiaria dependiente de la Cel, la institución era auditada por la Corte de Cuentas.
Para 2006, Enel ya había invertido $50 millones para la ampliación de la central en Berlín, Usulután. Con ese dinero, la empresa aumentó su participación accionaria en un 36.2 % y sus planes eran seguir explorando el subsuelo salvadoreño y abrir más pozos. Según sus proyecciones, el país tiene potencial para generar hasta 400 megavatios.
Hasta ahí las cosas iban viento en popa.
Entra INE
Pero los tiempos políticos cambiaron. Para cuando Enel había planificado más inversiones geotérmicas en el país, El Salvador apenas se estaba acomodando a una nueva administración gubernamental. En junio de 2004 Elías Antonio Saca fue juramentado como nuevo presidente de la República y con él, todas las instituciones y autónomas, incluida la Cel, cambiaron de titulares.
Nicolás Salume, el recién presidente de la autónoma, traía nuevas ideas y formas de administrar a la institución.
Fue en su periodo que la INE y Enel tuvieron los primeros choques legales que derivaron en un litigio internacional.
En marzo de 2006, la Junta Directiva de Cel decidió endosarle sus acciones de LaGeo (antes Gesal) a INE. Según un acuerdo de sesión, la Junta Directiva de Cel traspasó a INE un total de $186.8 millones a la subsidiaria.
El acuerdo establecía que INE sería la encargada de traspasar las acciones que le correspondían a Enel y que antes eran pagadas por Cel.
“Con los dividendos de LaGeo estamos financiado el proyecto Talnique porque acuérdese que la Cel está financiando el proyecto El Chaparral… no da la ‘chiva’ para los dos proyectos… convenía pasar las acciones de la INE para que se financiara sola”, dijo en 2007 el presidente de la Cel, Nicolás Salume a El Diario de Hoy.
Fue a partir de ese año que las cosas con Enel comenzaron a cambiar. En enero de 2008 la empresa italiana ya reclamaba a la Cel que cumpliera con las cláusulas del contrato y que le dejara aumentar su participación accionaria, que a esa fecha alcanzaría el 53 % debido a que la compañía pretendía invertir $108 millones más.
Salume se opuso a que la empresa aumentara sus acciones argumentando que se le concedería la mayoría accionaria en La Geo por inversiones que no habían generado energía eléctrica.
Desde entonces la italiana Enel comenzó una lucha interminable por aumentar su capital accionario. Primero, agotó las instancias locales: insistió a INE (Cel) a que le entregara sus respectivas acciones, pero ésta siguió negándose. Luego amenazó con presentar una demanda internacional y ni aún así, las autoridades salvadoreñas decidieron cumplir con el acuerdo entre socios.
Demanda
La amenaza se cumplió y en noviembre de 2008, Enel demandó a las autoridades salvadoreñas ante la Cámara Internacional de Comercio, que tiene su sede en Francia.
Para ese entonces, las inversiones que la italiana había programado estaban paralizadas. No podían invertir dinero sin saber si las reglas del juego se modificarían a mitad del camino.
Mientras la empresa esperaba una resolución desde París, El Salvador sufrió otro cambio político: Elías Antonio Saca dejó la presidencia de la República y en su lugar llegó Mauricio Funes, quien durante un año y medio decidió no presentar ninguna propuesta alterna al conflicto y dejó que la Cámara Internacional francesa resolviera todo.
En 2011 la Cámara por fin resolvió a favor de Enel y ordenó a INE-Cel cumplir el contrato que se firmó en 2002. Tres meses antes el presidente de la Cel, Nicolás Salume había renunciado a su cargo porque a su juicio ya “lo querían quitar”.
La historia parecía haber terminado ahí, pero el Gobierno de Mauricio Funes se negó a cumplir el fallo de la Cámara y a pesar de que a esas alturas el laudo arbitral ya representaba un gasto de $10 millones para el Estado, Funes y el presidente de la Cel, Leopoldo Samour insistieron en acudir a otras instancias para apelar el fallo de la Cámara.
En febrero de 2013 un Tribunal de Apelaciones de París volvió a dar la razón a Enel. Esta vez, la resolución fue definitiva y no aceptaba otra instancia para apelar por lo que el Gobierno debía cumplir sí o sí.
Pero hasta la fecha el Gobierno insiste en no acatar el fallo del Tribunal.
Esta negativa por cumplir el fallo despertó tantas suspicacias entre los funcionarios del Gobierno que inmediatamente la Asamblea Legislativa y la Fiscalía General de la República decidieron abrir, cada uno por su lado, una investigación sobre el caso. Exfuncionarios, asesores y representantes de todas las instituciones antes descritas han dado su opinión sobre los acuerdos que se tomaron en años anteriores.
En una de las últimas publicaciones que El Diario de Hoy ha hecho sobre el tema, el expresidente de Cel, Guillermo Sol Bang, afirma que los problemas comenzaron desde que Cel hizo el traspaso de las acciones de Cel en La Geo a INE.
“Ahí empezó una privatización encubierta y, posiblemente, una inconstitucionalidad”, afirmó.
Abogados, constitucionalistas y expertos en el tema han insistido al Gobierno que cumpla con el fallo. Incluso se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que el Gobierno expropie las acciones de Enel después de haber cumplido con el fallo. Pero a las puertas de una nueva elección presidencial, el caso parece no tener punto final y sus páginas se siguen escribiendo con más reacciones sobre el caso.