La campaña de una organización ambientalista y la falta de comunicación entre el Ministerio del Medio Ambiente y la alcaldía de Metapán han alargado el proceso para liberar a los habitantes de Loma de Gallo de los barriles de toxafeno abandonados en la exbodega de Quimagro en San Luis Talpa, La Paz.
El 9 de julio, el comité administrador del Fosaffi, propietario del terreno donde están los barriles, autorizó iniciar un proceso de contratación directa para que Geocycle El Salvador, propiedad de Holcim, coprocesara los barriles.
Según Ítalo Córdova, especialista en materiales peligrosos del MARN, Geocycle es la única empresa en el país que tiene permiso ambiental para ello, un permiso otorgado siguiendo los estándares de la EPA y de la Unión Europea.
Sin embargo, el 12 de septiembre el mismo comité administrativo del Fosaffi decidió “dejar sin efecto la adjudicación” que había sido comunicada a Holcim el 31 de julio, debido a que aún no se había firmado el contrato y en base al artículo 80 de la LACAP.
El jueves pasado, la viceministra de Medio Ambiente, Lina Pohl, explicó que los barriles ya no serán llevados a Metapán y que se está considerando la posibilidad de llevarlos a Francia.
Pero eso no será fácil. Según el convenio de Basilea, al cual se suscribe El Salvador, se debe pedir autorización al país que recibirá los barriles para que sea posible el traslado y a cada uno de los países por los que los químicos transitarán.
El proceso es engorroso, puesto que Panamá restringe el paso de este tipo de sustancia por el Canal, y sería necesario buscar un puerto en el Atlántico para el traslado.
El costo de la disposición final de los desechos tóxicos también podría aumentar considerablemente.
Para el coprocesamiento en Metapán, el comité de Fosaffi había autorizado erogar un monto máximo de 260 mil dólares. Al llevar los barriles a otro país, además de pagar por el coprocesamiento se gastará en el costo del traslado vía terrestre o marítima.
Miguel Araujo, responsable del Centro Regional del Convenio de Basilea para Centroamérica y México, ha explicado que exportar los barriles a Europa sería “carísimo”.
“Destruirlos aquí cuesta 3 mil dólares por tonelada, afuera cuesta 5 mil dólares y hay el riesgo de que algo vaya a salir mal de aquí hasta que llegue a su destino”, explicó.
Y si algo sale mal, El Salvador deberá hacerse responsable ante los afectados.
Experiencia desaprovechada
El 4 de julio, la viceministra de Medio Ambiente, Lina Pohl, afirmó: “El plazo máximo del proceso de destrucción es de 15 días. Le hemos pedido a Fosaffi, son quienes están administrando el terreno en este momento, que ellos se hagan cargo de la destrucción”.
Pero esa posibilidad se consideró sin el aval del alcalde ni de los habitantes de Metapán. Ante las declaraciones de Pohl, el Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (Ceicom) y el Comité por la Defensa y Seguridad Ambiental de Metapán organizaron protestas contra el posible traslado de los barriles desde Loma de Gallo, San Luis Talpa, hasta Metapán.
A su vez, enviaron un comunicado a la viceministra pidiéndole “considerar otras alternativas”. Las protestas frenaron el proceso.
Eso no ocurrió hace tres años, cuando con el aval de los habitantes de Metapán y bajo la mirada atenta de dos universidades, el MARN trasladó los barriles con toxafeno que habían sido abandonados en San Miguel hasta Geocycle.
Entonces, el único que protestó fue Ricardo Navarro, del Cesta, quien se refirió al proceso como “incineración”.
Miguel Araujo cree que lo que ha faltado es explicar qué es lo que hace Geocycle. Esta empresa utiliza los desechos como “un insumo con valor calorífico” para el proceso de fabricación de cemento.
En 2010, coprocesar los tóxicos que estaban en San Miguel tardó 30 días. El proceso fue monitorizado por personal de la UCA, la UES y del MARN.
Las emisiones emitidas durante el coprocesamiento de aquellos barriles estuvieron muy por debajo de los límites establecidos por el permiso ambiental otorgado a Geocycle por el MARN. (Ver tabla).
Así lo han señalado tanto Córdova como el documento “Plan Nacional de Implementación del Convenio de Estocolmo El Salvador: Plan de Implementación sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP)”, financiado por GEF y el PNUD.
Desde entonces, las emisiones de óxidos de nitrógeno, material particulado, ácido clorhídrico, dióxido de azufre y de hidrocarburos totales son monitorizadas en tiempo real por el MARN. Solo en 2011, Geocycle coprocesó 12 mil toneladas de desechos.
Desde la estructura cilíndrica de la que sobresale una chimenea plateada y sin rastros de oxidación, Miguel Godoy, coordinador de operaciones de combustibles y materiales alternos de Holcim, señala el bosque que rodea la planta El Ronco en Metapán: “Si hubiera lluvia ácida no habría vegetación”.
“Este es nuestro centro recreativo”, dice Quintanilla Juárez, director de operaciones de Holcim, al señalar la colonia ubicada a unos cuantos metros de la planta. Ahí viven los gerentes e ingenieros de Holcim y de Geocycle, algunos, junto a sus familias.
“Nosotros somos los primeros a quienes les interesa que aquí no haya contaminación”, dice Antony Araya, gerente general de Geocycle.
“De la chimenea no sale nada. A veces uno dice ‘¿estará trabajando la planta? Y sí, está trabajando'”, afirma.
“Si no sabe el origen del carbón que usa para una parrillada, en una hora puede generar más dioxinas y furanos que nosotros en 10 años”, dice satisfecho.