Brindar mejores prerrogativas para interesar a las empresas internacionales a que inviertan en el Puerto de La Unión es el objetivo que la Asamblea Legislativa busca con la aprobación ayer de varias reformas a la “Ley de Concesión de la Terminal Portuaria Multipropósito Especializada en Contenedores, Fase I, del Puerto de La Unión”. La normativa fue avalada en septiembre de 2011.
Los legisladores de la Comisión de Hacienda de la Asamblea se reunieron ayer al mediodía para realizar las modificaciones a la normativa. Estas fueron introducidas ayer mismo al pleno y aprobadas con 75 votos de todos los partidos.
Uno de los cambios fue en el artículo 8 inciso primero de la ley, sobre el plazo que tendrán los concesionarios para invertir en la planta marítima. Los legisladores aprobaron ampliar el periodo de 5 a 10 años. La ley dice que durante ese tiempo los concesionarios deberán invertir $30 millones como mínimo.
“El problema es que muchos inversionistas dicen: treinta millones en cinco años para un puerto que no tiene ninguna movilización de carga, estoy prácticamente tomando una empresa sin negocio, sin ingreso, lo voy a agarrar de cero”, explicó el diputado Mario Ponce, del PCN.
De acuerdo con el diputado pecenista con este cambio el operador que gane la concesión del Puerto de La Unión deberá realizar una inversión de $3 millones por año. Esto motivará a que las compañías inviertan en desarrollar la planta, aseveró Ponce.
El artículo en mención quedó redactado de la siguiente manera: “El concesionario deberá presentar y ejecutar un plan de inversiones que comprenda un monto de al menos treinta millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 30,000,000.00) como inversiones iniciales, dentro de los primeros diez años de la Concesión, para el equipamiento y funcionamiento de las instalaciones portuarias”.
Otra de las modificaciones realizadas a la normativa es en el artículo 6, en el que agregaron un nuevo inciso. Según los diputados Ponce, del PCN, y Lorena Peña, del FMLN, es para evitar que el Estado incurra en gastos innecesarios en el tamaño del dragado del canal donde atracan los barcos.
“Habíamos asumido como Estado un compromiso de profundidad que ningún operador necesita, era como agarrarnos costos innecesarios, el cambio que se ha hecho es que la profundidad del canal será pactada con el operador y el gobierno tiene que mantenerlo, pero no a fuerza mantener los 14 ó 15 metros que tenía la ley”, explicó Peña.
Por eso en el artículo 6 los diputados adicionaron el siguiente inciso: “El Estado a través de la entidad concedente, deberá garantizar la profundidad operativa de los frentes de atraque antes mencionados, gradualmente hasta alcanzar las condiciones acordadas con el concesionario”.
Ponce justificó que esta reforma servirá para que en el Puerto puedan atracar barcospost-panamax, término utilizado para denominar a buques de mayor tamaño que los Panamax.
“Tratar de persuadir e incentivar a los inversionistas para que inviertan en el país, el mensaje que queremos dar es de certidumbre y de flexibilidad y un poco armonizar la ley de Asocios Público Privados”, añadió el diputado Wilfredo Iraheta Sanabria, de Gana.
Además, por petición de ARENA los diputados accedieron a sacar del pliego de reformas planteadas en días anteriores por el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Alberto Arene, la permisividad para que el concesionario pudiera llevar a cabo futuras ampliaciones en el Puerto.
Para esto los diputados eliminaron la propuesta del gobierno de agregar un nuevo inciso al artículo 4, el cual rezaba así: “sin perjuicio a lo establecido en esta Ley, siempre que las condiciones sean favorables al Estado, podrá otorgarse la opción preferencial de desarrollar futuras ampliaciones del Puerto al operador portuario referido en el inciso anterior, bajo la figura de concesión…”.
Según Ponce, no tienen interés por el momento de concesionar la zona fuera del área marítima. “Dentro de la ley no dejamos el área extraportuaria, lo que no tiene que ver con la plataforma, son las 250 manzanas que están para montar hangares para la industria de la maquila tecnológica, todo lo que son construcción de vehículos, elaboración de cualquier artículo de última tecnología y respetarlo”, manifestó.
De acuerdo a la diputada Mariella Peña Pinto, de ARENA, lo anterior hubiese implicado aprobar un decreto de concesión de cosas inexistentes como la ampliación del Puerto o la etapa extraportuaria, ya que no se puede legislar sobre lo que no existe. Según dijo, los proyectos no se legislan, solo se concesionan las obras y bienes.
Los legisladores aprobaron que si es necesario realizar dicha concesión se tendrá que pedir autorización previa al Congreso tal como lo estipula el artículo 120 de la Constitución de la República.
Sobre lo anterior los legisladores reformaron el artículo 3, de la siguiente forma: “No formarán parte de la concesión: las zonas extraportuarias, la infraestructura de acceso marítimo, compuesta por los canales interno y externo y la dársena de maniobra; las ayudas a la navegación, que incluyen faros y boyas, ni los edificios administrativos; facilidades que serán operadas y mantenidas por el Estado Salvadoreño, directamente o por medio de un tercero, o incluso por el mismo concesionario de la terminal portuaria”.
Iraheta, de Gana, dijo que también que se acortó el plazo para firmar contrato de 120 días a 60 para crear certeza.