La Fiscalía General de la República (FGR) recriminó duramente a magistrados de la Corte Suprema y archivó una denuncia interpuesta por ellos contra funcionarios de la misma y sindicalistas, por no fundamentar los supuestos actos que corrupción que les atribuyen.
“No existen elementos objetivos de juicio suficientes para, razonable, seria, y responsablemente sostener que haya existido delito o falta alguna que debe perseguirse penalmente”, dice la resolución de la Fiscalía sobre la acusación formulada contra el magistrado Rodolfo González, el médico forense José Miguel Fortín y los señores Balmore Leiva, William Huezo, Gustavo Campos y Fermín Gutiérrez.
González es miembro de la Sala de lo Constitucional, Fortín es director del Instituto de Medicina Lega, Campos trabaja en la referida Sala y Leiva, Huezo y Gutiérrez son sindicalistas.
En varias partes del documento, de 10 páginas, el Ministerio Público cuestiona que los magistrados señalan supuestos hechos “en los que no estuvieron presentes” y ni siquiera verificaron.
“Los denunciantes serían los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia que, según se desprende, no estuvieron presentes en ninguna de las siguientes reuniones…”, dice el escrito.
Se refiere a encuentros en los que aseguran que participaron los señalados desde diciembre de 2012.
Según la base de la denuncia, el empleado de la Corte Suprema de Justicia, Nelson René Menjívar García, aseguró a través de una declaración jurada haber pagado para ser reinstalado en su plaza en la Corte, ya que había sido despedido.
Semanas después un grupo de nueve magistrados en Corte Plena decidieron enviar la denuncia al Fiscal General, Luis Martínez, para que investigara a González y al colaborador Gustavo Campos.
Paralelamente a la denuncia de en la Fiscalía, el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) abrió una investigación contra González.
Sin embargo, en ambas instituciones sólo había como prueba una copia de un acta notarial de lo que Menjívar García declaró el 15 de diciembre pasado.
La Fiscalía cuestiona varias fallas de la denuncia de los magistrados, entre ellas que no presentan el original ni copias de informe que respalde el señalamiento ni se dice el medio o la fuente; además “no contiene detalles del hecho, no hace señalamientos específicos ni facilita nombres ni datos generales, menos las señas o demás generales para identificar a los autores del supuesto hecho delictivo… tampoco menciona nombres u otros datos de potenciales testigos, o cualquier elemento que permita, facilite o conduzca a la comprobación del alegado hecho punible”.
La denuncia se basó, según el Ministerio Público, en la copia de un acta notarial que no puede considerarse “informe confiable” para iniciar una indagación penal sin el riesgo de “prestarse a la especulación o la referencia múltiple con insospechadas consecuencias”.
La Fiscalía les cuestiona además a los magistrados que tampoco se presentaron personalmente a interponer la denuncia, sino que comisionaron a la Secretaria General de la Corte para que presentara el acta notarial en la que, según ellos, “se expresaban presuntas irregularidades cometidas por funcionarios y empleados de una de las Salas que integran el Órgano Judicial”.