El magistrado de la Cámara Especializada de la Niñez y la Adolescencia, Alex David Marroquín, denunció que la intención del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Salomón Padilla, al abrir un proceso disciplinario contra él y su colega, Sonia Dinora Barillas de Segovia, es destituirlos o suspenderlos.
Barrillas de Segovia ha sido llamada para que determine con sus colegas de la Sala de lo Constitucional si fue legal la elección de Padilla en el cargo, porque, a juicio de dos demandantes, él ha admitido que tiene vínculos político partidistas con el FMLN y esto compromete su independencia e imparcialidad como juez.
Tras la apertura del expediente disciplinario la semana anterior, Barillas de Segovia se excusó de tramitar las demandas presentadas contra Padilla y pidió a la Sala que frene la investigación que inició el funcionario a ella y a su colega, el magistrado Marroquín.
De acuerdo con el magistrado, Padilla ha abierto la investigación por “ineptitud o ineficiencia manifiestas en el desempeño del cargo”, como lo establece el artículo 55 literal B, de la Ley de la Carrera Judicial, la cual es una de las causales para la destitución del cargo.
Específicamente y por instancia de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDDH), los acusan de no haber velado por los derechos de dos menores en un litigio entre su familia materna y su padre.
El magistrado explicó que la investigación que ha ordenado la presidencia de la Corte Suprema no ha sido apegada a la ley y ha tenido muchas irregularidades.
“Cuando nosotros dimos la primer sentencia (en el caso de los menores), la Sala de lo Constitucional nos dio la razón. Determinó que nosotros habíamos resuelto apegados a derecho y con todos los requisitos constitucionales”, aclaró Marroquín.
Además indicó que la Sala de lo Constitucional ya había fallado sobre la demanda y sentado jurisprudencia, por lo tanto debe respetarse esa decisión que la Sala emitió.
Agregó “que la Procuraduría de los Derechos Humanos no tiene potestad y capacidad para asumir un papel de un tribunal y eso genera inseguridad jurídica porque desnaturaliza su función”.
El magistrado denunció que cuando la PDDH les notificó de las supuestas irregularidades, ellos tenían que apelar a esa decisión; sin embargo, no respetó los tiempos de derecho de respuesta y envió de inmediato el proceso al presidente de la CSJ.