Las autoridades de Justicia y Seguridad Pública pidieron ayer a la Asamblea Legislativa legalizar el uso de brazaletes electrónicos para la vigilancia de reclusos que sean beneficiados con libertad condicional y que no representen ningún riesgo para la población.
Para ello, el ministro del ramo, Ricardo Perdomo, entregó en horas de la mañana el anteproyecto de la Ley Reguladora para el Uso de Medios de Vigilancia Electrónica, en el que trabajaron representantes de la Unidad Técnica Ejecutiva, donde están la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) y la Fiscalía General de la República (FGR).
El anteproyecto aclara que este tipo de beneficios no será aplicable a los procesados o condenados que hayan cometido delitos graves, como homicidio, extorsión, violación, secuestro y narcotráfico.
Los jueces serán los que definirán los reclusos que podrán acceder a este beneficio, de acuerdo con lo que señale la ley. “Esto será materia de decisión de los jueces”, dijo Perdomo, antes de entregar el anteproyecto a la Asamblea Legislativa para su estudio.
El ministro explicó que esta normativa especial establece las sanciones penales de las que se harían acreedores aquellos convictos que lleven un brazalete y traten de quitárselos o de alterarlos.
En todo caso, el centro de monitoreo de los reos con brazaletes, que funcionaría en la Dirección de Centros Penales, avisaría de inmediato a la Policía para que vaya a verificar la anomalía.
Para impulsar esta medida alterna, las autoridades de Seguridad Pública tienen proyectado comprar cuatro mil aparatos para colocárselos a igual número de reclusos, ya sea que estén siendo procesados o que cumplan una condena por delitos menores.
“De esta forma vendríamos a aliviar significativamente las condiciones de hacinamiento y de sobrepoblación que hay en los centros penales”, dijo Perdomo.
El Estado tiene presupuestado invertir unos $9 millones, provenientes de dos préstamos por un monto de $113 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Este proyecto alternativo a la detención podría alargarse más de lo debido en vista de que la Asamblea Legislativa todavía no analiza los préstamos internacionales: uno corresponde a 71 millones de dólares, que sería para la ampliación de la infraestructura carcelaria y para la compra de brazaletes, y el otro asciende a 42 millones, que sería destinado a programas de prevención de la delincuencia, otros equipos penales y más brazaletes.