La embajadora de los Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, advirtió ayer que la discordia al interior de la Corte Suprema de Justicia podría poner en peligro el otorgamiento del Fomilenio II para El Salvador.
“Hemos estado observando muy de cerca las respuestas y evaluaciones de varios sectores de lo que está sucediendo en el seno del tribunal supremo del país; a nosotros también nos preocupa lo que está sucediendo porque envía señales de debilidad”, manifestó Aponte, tras participar ayer en una actividad de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (Casalco).
Las tensiones se han agravado al interior de la Corte después que cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional frenaran una resolución de la Sala de lo Contencioso para juzgarlos justo cuando ellos procesan al presidente del máximo tribunal por denuncias de tener vínculos partidistas que comprometerían su independencia como juez.
Al preguntarle si esa situación dentro de la Corte podría ser una condición para que la Corporación Reto del Milenio (MCC) desista en su decisión de otorgar un segundo compacto a nuestro país, la embajadora Aponte respondió afirmativamente.
“Ciertamente el estado de derecho y la fortaleza de las instituciones son algunos de los criterios que se observan por la Corporación de Reto del Milenio al hacer las decisiones importantes de conceder un nuevo pacto con los diferentes países”, advirtió.
Para la diplomática, esta situación es de preocupación para el Gobierno estadounidense y está siendo monitoreada con lupa.
Recientemente, la portavoz de la MCC, Erin Callahan, confirmó a El Diario de Hoy que en días recientes el directorio ejecutivo de la organización notificó al Congreso de Estados Unidos el aval técnico del proyecto luego que la junta de accionistas, realizada a mediados de julio, analizara el potencial de desarrollo del Segundo Compacto por el que compite El Salvador entre varios finalistas del mundo.
No obstante, el proceso podría tambalear por esta situación en la CSJ, pues la representante de los Estados Unidos en el país indicó que este es solo un punto por analizar, así como las crisis que se han suscitado anteriormente entre la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional, lo cual podría tener su incidencia al momento de tomar una decisión con respecto al segundo desembolso para la ejecución de Fomilenio II.
“Podría ser un pequeño punto, hay que superar estas dificultades, hay que superar todos estos eventos que están sucediendo, no solo dentro del seno de la Corte, pero también en todos los alrededores y que pueden afectar”, enfatizó la embajadora Aponte a los periodistas.
La decisión de otorgar o no el Segundo Compacto a El Salvador será anunciada en septiembre próximo, tras reunirse la junta directiva del MCC.
Al respecto, el candidato presidencial de ARENA, Norman Quijano, lo consideró “grave, porque estamos hablando de una inversión para la zona costera del país que pasa los $260 millones, y esa ha sido la constante en el gobierno del FMLN, la inestabilidad política y la inestabilidad jurídica que tanto daño nos ha hecho”, dijo.
Por su parte, Tony Saca, de Unidad, apeló por el respeto de competencias. “Yo no conozco las declaraciones de la embajadora, pero evidentemente a El Salvador lo que más le conviene es el respeto a la institucionalidad, a nuestro país lo que más le conviene es definitivamente que cada Sala en este caso de lo Constitucional o de lo Contencioso asuma su papel y haga lo que le corresponde”, externó.
También el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, opinó sobre las declaraciones de la embajadora Aponte. “Es comprensible la preocupación de la embajadora, también a nosotros nos preocupa que la situación en la Corte vaya a terminar en una crisis mayor; esperamos que no lleguemos a esa situación”, manifestó González.
Una de las demandas contra la Sala Constitucional que generó la discordia busca evitar la destitución de Salomón Padilla como presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuya elección enfrenta un proceso de inconstitucionalidad en la Sala de lo Constitucional.
“..Encontrándose dentro de sus objetivos próximos el de destituir al actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia provocando una acefalía en el Órgano Judicial, lo cual por el bien general y el interés público no debe suceder…”, expone Martínez Hernández, en su demanda.
Esta discordia también ha llevado al Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC) a sentar posición sobre la actuación de los magistrados de ambas Salas, e insta a la Sala de lo Contencioso Administrativo a que enmiende sus errores al admitir los amparos en contra de la Sala de lo Constitucional y que se retracte de procesar esas demandas. (Nota aparte).
Sobre el Fomilenio II, la embajadora Aponte aseguró que el proyecto está siendo analizado en diferentes instancias.
“Hay una serie de reuniones que se están llevando a cabo, de hecho esta semana en Washington DC donde se están discutiendo detalles acerca de la propuesta de El Salvador; sin embargo, tenemos que tener en mente y quiero recalcar que no es hasta septiembre que se reúna la junta de directores de la Corporación de Reto del Milenio para hacer la decisión, que en última instancia es que sabremos cual es el resultado”, dijo Aponte.
Añadió que el proyecto Asocio para el Crecimiento, del cual ambos gobiernos son firmantes, también exige un buen clima de inversión.
“Esa es una de las preocupaciones que tenemos porque como ustedes saben que a través del Asocio para el Crecimiento mejorar el clima de inversión, que a su vez lleve al desarrollo económico sostenible del país, es una de las prioridades que tenemos y las funciones de las Cortes y la fortaleza institucional de los tribunales supremos, en cualquier país, son de mucha importancia”, apuntó.
Una cosa sí dejó muy en claro la diplomática, y es que los fallos de la CSJ deben de ser respetados, aún y cuando las partes no estén de acuerdo.
“Siempre hemos sido bien claros de que en última instancia las decisiones de la Corte y del tribunal supremo del país se deben acatar por el bien de la institucionalidad en El Salvador y también porque El Salvador tiene unos compromisos internacionales como con la carta democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde todo eso se contempla”, dijo Aponte.