rr viene de la PÁGINA 4Un año ha pasado de aquel fatal accidente aéreo en el que dos alumnos de una escuela de aviación y un instructor murieron al caer la avioneta en que viajaban, matrícula YS125PE. La aeronave cayó en un barranco en Ilopango, el 11 de julio del año pasado.
En el accidente murieron los alumnos José Antonio Martínez, Rodrigo José Calles y el instructor José Miguel Ávalos.
“Al momento no hemos visto una respuesta adecuada de parte de la autoridad, en el sentido de brindar un reporte final de los motivos del accidente”, manifestó muy molesto el padre de una de las víctimas, David Antonio Calles.
Agregó que la Ley de aviación civil en El Salvador establece que el objetivo de la investigación y el conocimiento de sus resultados es para “prevenir futuros accidentes e incidentes, al determinar sus causas”.
Lamentó que otras dos tragedias ocurridas después del accidente de sus hijos, ya se hayan brindado sus causas.
La Ley reza que establecer las posibles causas de un percance aéreo ayuda “a tomar las medidas apropiadas para evitar que se repita y los factores que lo hicieron posible”.
Según los familiares tampoco se ha cumplido con la reglamentación que demanda la publicación de “un resumen del informe final (de la investigación) en los medios oficiales que Aviación Civil determine, para que todo interesado pueda consultarlo”.
“Este debe estar disponible al público en un plazo máximo de 12 meses a la fecha del suceso”, dice Calles.
“Yo no dudo que la Autoridad de Aviación Civil conoce su reglamentación y que harán efectivo este informe”, dijo el ofendido. Sin embargo, a la fecha, “no hemos tenido ninguna notificación y no ha habido ninguna publicación al respecto”, manifestó Calles.
Agregó que han solicitado, en varias ocasiones, la información del accidente pero no han tenido respuesta.
A raíz de esa situación, los dolientes presentaron un escrito a Aviación Civil, en el que advierten que el plazo se ha vencido y no se ha ofrecido el informe final del accidente.
El Diario de Hoy ha solicitado en varias ocasiones una entrevista con el director de Aviación Civil para conocer el avance de las investigaciones de este caso, pero su asistente manifestó que el funcionario está fuera del país.
Por su parte, José Antonio Martínez, padre del otro joven accidentado, afirmó que Aviación Civil presentó un informe preliminar del percance o proyecto de informe en noviembre de 2012, que de acuerdo con las regulaciones no puede ser cambiado.
El documento es para que las partes afectadas puedan argumentar o ampliar información sobre los hechos.
“En ese informe se ve claramente la negligencia de la Escuela de Aviación (donde estudiaban sus hijos) que es lo que a nosotros nos preocupa. Realmente nuestros hijos pagaron un precio muy alto y nuestras familias también con el dolor que sentimos por la negligencia de alguien que no cumplió con los reglamentos establecidos”, argumentó Martínez.
“Nosotros vemos la pasividad de la Autoridad de Aviación Civil, ya que no ha habido ninguna sanción para esa escuela y sigue trabajando ‘normalmente’. No hemos visto el informe final, que ya debería haber sido proporcionado a nosotros y publicado en los medios como manda la regulación”, aseveró Martínez.
Tampoco nadie se ha comunicado con los padres de los jóvenes que perecieron en el accidente aéreo. “Todo pareciera como que pasó y ahí quedó todo simplemente”, añadió.
Temen que por el comportamiento mostrado por la autoridad, la intención sea una posible impunidad en este caso. “Que todo quede como que pasó porque tenía que pasar”, pero la verdad es que “todo pasó porque hubo negligencia de mantenimiento de la aeronave y eso lo queremos dejar claro como padre de los fallecidos”, reiteró Martínez.
Señaló que la empresa Dárdanos ni su representante, Carlos Dárdanos, se han comunicado con los afectados y lo peor que la escuela sigue funcionando “a pesar de toda la negligencia que se ha visto en el proyecto del reporte de Aviación Civil”.
A manera de suposiciones, los afectados han manifestado que, aparentemente, el taller de mantenimiento que operaba con la empresa Dárdanos no estaba certificado para brindar ese tipo de servicio, dijo Calles.
“El mecánico que en ese momento laboraba no estaba certificado para trabajar con aviones de dos motores, que fue el caso del avión en el que se accidentaron nuestros hijos”, puntualizó Calles.
Los dolientes aseguran que no quieren hacer juzgamiento a priori, pero estiman que “algo debe estar pasando para que no den el informe final”, manifestó Martínez.
Dijeron que ha trascendido que se ha querido falsear la verdad de la tragedia, al intentar sorprender que el mismo fue causado por la mezcla del aceite y el agua. Sin embargo, hay algo distinto en este caso, pues los padres de las víctimas no son personas desconocedoras del tema, son pilotos de trayectoria con más de 30 años de sobrevolar.
“Nosotros somos conocedores de la materia y no nos pueden dar atol con el dedo, las pruebas o evidencias que se han presentado son suficientes para demostrar la negligencia del operador. Y a nosotros no nos puede decir que fue uno o lo otro cuando no hay una prueba que lo sustente porque somos conocedores de la materia”, precisó Calles.
“Sería como que quisiera mentirle a un médico que es profundamente conocedor de la materia. A nosotros no nos pueden decir algo sino hay prueba que lo sustente”, aseveró.
Calles puntualizó que el principal motivo por averiguar es descubrir las verdaderas causas de este accidente para evitar que más familias sean enlutadas y que vivan el dolor “que nosotros hemos vivido y continuamos viviendo”.
Con este esfuerzo se procura que se vea la aviación como algo que se pueda tapar con un dedo o se les pueda dar mantenimiento a las naves, con fines económicos, debemos exigir a las escuelas de aviación calidad de servicios con estándares internacionales para que un padre esté tranquilo, de mandar a su hijo a cualquier escuela de aviación en el país.
“Nos proponemos que esta investigación sea el primer paso de un proceso de auditoría, supervisión y empleo de todos los métodos para hacer que las escuelas brinden un servicio con estándares internacionales”, dijo Calles.
En el ámbito judicial la demanda está en proceso en el Juzgado Civil de Soyapango desde el 21 de enero de este año.
El abogado acusador se quejó de la falta de cooperación de la Autoridad de Aviación Civil, “la actitud negativa ocultando toda información, me obligó ha solicitarla a través del Tribunal”.
El juzgado ordenó a Aviación Civil que presente las bitácoras certificadas que mantenía la aeronave que se accidentó. Meses después el abogado presentó una ampliación de la demanda, en la que se establece que la avioneta siniestrada no solo es propiedad personal de la Escuela sino del señor Carlos Dárdano, según se desprendió del certificado de matrícula de la aeronave.
En el informe preliminar, los padres ofendidos tenían por ley la oportunidad de abonar a la investigación, pero que por falta de información de dominio de la AAC les negó, el aporte ha sido mínimo.