LA UNIÓN. El colador que usaron las autoridades para casi ochenta familias damnificadas por los temblores registrados en el cantón El Tihuilotal, en noviembre de 2011, fue tan riguroso que sólo 26 de esas familias pudieron llevar el proceso a feliz término, y ahora tienen una casa nueva.
El resto aún se queja porque se sienten burlados, pero desde su pobreza asumen con dignidad su rol de ignorados.
Ana Dilia Segovia es un ejemplo, porque cuando se enteró de que no la ayudarían decidió, junto a sus hijos, comenzar a reparar “de a poco” su casa de bahareque.
Para ella, el concepto de reparar sólo implica cubrir con lodo las grietas, aunque la estructura esté aún tan débil como la dejaron casi dos semanas de temblores que afectaron la zona limítrofe de los municipios de El Carmen, Conchagua y La Unión.
Pero dentro de su casa aún se aprecia la destrucción: hay paredes donde se aprecian las piedras y ramas que conforman el interior de las paredes.
Pero esta historia tiene dos lados. El otro se materializa en el rostro de Juan Espinal, quien hace una semana recibió informalmente las llaves de su casa nueva.
El proyecto fue realizado por el Viceministerio de Vivienda gracias a un préstamo de Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Pero solo construyeron 26 casas por un monto de un poco más de 126 mil dólares.
Espinal recuerda que el proceso previo a la construcción, que duró casi un año, fue lleno de trabas y cansancio. Fue desesperanzador.
“Hubo algunos pocos que ya no quisieron seguir con los papeleos, porque nos mandaban de un lado para otros, pero ahora quienes sí lo seguimos tenemos la casita nueva”.
Se trata de un proyecto de vivienda mínima que, según fuentes del Viceministerio de Vivienda, inició en diciembre y ya tiene un 85 por ciento de avance.
Las fuentes de comunicaciones del Viceministerio de Vivienda explicaron que la mayoría de los que se quedaron sin recibir ayuda en este proyecto fue porque no tienen escrituras de los terrenos en que habitan.
La mayoría de esos terrenos es propiedad del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) donde no se pudo obtener información respecto a si tienen previsto legalizar las propiedades en un corto plazo.
Las fuentes explicaron que una de las condiciones que puso el cooperante para construirle casas a estas familias es que tuvieran las escrituras y que por eso más de 50 familias quedaron desprotegidas.
Faltó flexibilización
Para el edil de Conchagua, Jesús Medina, lo que faltó de parte de las autoridades “es voluntad y un poco de flexibilización”, debido a que según él, hay un punto de acta donde el ISTA reconoce el derecho de tenencia de estas familias.
“Es gente que tiene 60 u 80 años de vivir en la zona. Ahí vivieron sus abuelos, sus padres y ahora es una nueva generación”, dice.
En la jurisdicción de Conchagua solo construyeron tres viviendas, mientras que en El Carmen se edificaron 11 y en La Unión fueron 12 las casas que construyeron.
Medina dice que su comuna está comprometida con el componente de vivienda y que producto de ello tienen una decena de parcelaciones para beneficio de las familias más pobres de su municipio.
Sin embargo, las inversiones que aún realizan en este sentido les impiden, de momento, ayudar a las familias que resultaron afectadas por el enjambre sísmico.
Aunque no descarta enfilar esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de estos damnificados, eso será hasta que concluyan con los compromisos que ya han adquirido en otras comunidades de su poblado.
Otro que no descarta ayudar a quienes tuvieron pérdidas es el jefe municipal de El Carmen, Hebert Flores. “Hemos pedido por escrito que nos definan las gestiones que debemos hacer, pero en el Viceministerio de Vivienda aún no nos han resuelto”, dice.
Flores también lamentó que este proyecto de construcción de vivienda social no haya acompañado a todas las familias que fueron censadas.
No descarta acompañar financieramente la construcción de más viviendas, pero eso sería en la medida de las capacidades de las arcas municipales de El Carmen, donde aclara no hay suficientes recursos para hacer un esfuerzo solos.
En la alcaldía de La Unión, que es el municipio es donde más damnificados hubo, aseguraron, en la Unidad de Comunicaciones, que no pueden apoyar a los afectados por que la mayoría carece de escrituras de los terrenos.
No están descartados
Las fuentes del Viceministerio de Vivienda dijeron que de no ser por el impasse de que las familias no cuentan con escrituras, el proyecto que están por concluir fácilmente habría podido ayudar al 100 por ciento de los beneficiados, pero insiste en que las condiciones del cooperante son claras.
No obstante, aclaran que los beneficios del préstamo del BID iniciaron en 2012 y durarán cuatro años, por lo que no descartan que si estas familias logran solventar el problema de la legalidad de las tierras puedan ser beneficiadas.
Pero en el ISTA no hubo quién diera información.
La fuente sostuvo que si el ISTA entrega los títulos de propiedad pronto, estas familias podrían acercarse a ellos para pedir que les ayuden.
Es más, afirman que si las comunas lograran comprar una propiedad y hacer la parcelación y entregar nuevos lotes aún podrían construir un nuevo asentamiento, amparados en este mismo préstamo del BID.
Otra opción que según la fuente le propusieron a las familias es que les pueden ayudar con la compra de una vivienda existente, pero que en este caso las viviendas que son una prioridad son las que el Fondo Social para la Vivienda tiene como activo fijo, es decir, las que ha recuperado por falta de pago.
Sin embargo, las familias habrían rehusado dejar su comunidad, “porque la mayoría nació ahí, y en la zona tienen a toda su familia”, argumentaron en la unidad de comunicaciones de vivienda.
Pero Ana Dalia Segovia, la mujer que junto a sus hijos ha comenzado a reparar su casa, ya no cree “en esos cuentos”, porque es del criterio de que cuando hay voluntad para ayudar a alguien “no andan con tanta vuelta”.
Su problema es más serio que el del resto de sus vecinos, porque su familia le compró la propiedad a una persona que ya murió y que nunca les entregó escrituras.
Aunque tiene un recibo notariado, lo que podría dar pie a que ella legalice la propiedad en su favor, no lo puede hacer “porque esos trámites son bien caros, porque hay que poner abogado y uno apenas tiene para ir comiendo salteado, no nos alcanza para esas cosas”, afirmó la mujer.
Ahora que a los oídos de Segovia llegan cantos de sirena hablando de acompañamiento a las mujeres y de que habrán casas para todos, a ella le causa escozor “todo ese palabrerío,” porque dice tener argumentos para ya no creer en los políticos.
Pero en este punto, una vez más la historia tiene otros matices, porque Juan Espinal, el hombre que sí fue beneficiado, dice estar “muy feliz por esta ayuda que nos han dado. Fue un proceso bien difícil, pero valió la pena seguir al pie de la letra las indicaciones que nos dieron”, argumentó.
Esta semana el Sistema Nacional de Estudios Territoriales (SNET) registró al menos dos sismos en esa zona, lo que activó de nueva cuenta el temor de las familias que viven en las casas agrietadas.