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Fonat sin definir compra de autobuses chatarra

Empresarios de transporte dicen que el Vmt no ha presentado ningún plan al respecto

Las autoridades de Transporte aseguran que comprar las unidades viejas a los dueños de buses resolverá el problema de contaminación del aire y los accidentes viales. Foto EDH / ARCHIVO
Las autoridades de Transporte aseguran que comprar las unidades viejas a los dueños de buses resolverá el problema de contaminación del aire y los accidentes viales. Foto EDH / ARCHIVO

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Jun 05, 2013- 20:00

El gobierno aún no tiene listo el proyecto para la compra de los buses chatarras, pese a que la ley que lo ordena entró en vigencia a mediados de abril.

La Ley del Fondo Especial de Atención a Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat) establece que un 25 % de los $41 millones que se espera ingresen a la entidad anualmente servirá para comprar los vehículos del transporte público de pasajeros que ronden los 20 años.

“Todavía no ha subido (el proyecto) al Consejo Directivo. Quizá en unas dos semanas el Consejo conocerá una propuesta”, afirmó, el martes pasado, el viceministro de Transporte, Nelson García, tras señalar que esto es un tema complejo y están trabajando un mecanismo para fundir las unidades viejas.

Según declaraciones que las autoridades de Transporte brindaron previo a que la ley entrara en vigencia, serían alrededor de $10.3 millones del Fonat los que se utilizarían para la compra de las unidades viejas.

García no precisó, esta semana, si la fundición de las unidades dejará una ganancia al Estado, pero subrayó que el beneficio está en que se resolverá un problema ambiental y de salud que tiene el país debido a la contaminación del aire y los accidentes que provocan las unidades obsoletas.

El vicetitular afirmó, a principios de abril de este año, que dos meses después de que entrara en funcionamiento el fondo tendrían elaborada la propuesta que les sería presentada a los transportistas, pero a pocos días de que se cumpla el plazo que él menciona los representantes de las gremiales aseguran que aún no se les ha llamado a ninguna reunión para abordar la temática.

William Cáceres, presidente de la Federación de Cooperativas de Transporte de Microbuses (Fecoatrans), dijo, el fin de semana anterior, que “no nos han dicho con exactitud cuál será el mecanismo (de compra) ni cuáles van a ser las unidades que van a entrar en este proyecto”.

Cáceres manifestó que lo único que saben es que los fondos que el gobierno les entregue a cambio de las unidades antiguas tienen que utilizarlo para comprar nuevas, como parte del proceso de modernización del sistema de transporte público.

Los de la Asociación de Empresarios de Transporte de Pasajeros (ATP) estarían en las mismas. “Nosotros sobre tema chatarrización no tenemos ninguna información. Lo que medio hemos logrado escuchar es que ese fondo se utilizará para comprar las unidades que dejen de operar cuando entre a operar el Sitramss”, dijo Roberto Soriano, presidente de la gremial.

Soriano dijo desconocer cuánto les podría pagar el gobierno por unidad y si el programa al que el mismo gobierno denomina “chatarrización” aplicará para los dueños de buses del interior del país.

Miguel Aguilar, presidente de la Corporación de Empresas de Transporte de Occidente (Sotransco, S.A. de C.V.), informó que la última reunión que tuvieron con las autoridades del Vmt se les dijo que el documento estará en julio, pero no les adelantaron sobre montos ni cómo funcionará.

Aguilar no está tan seguro que el programa los beneficiará, sobre todo si les quieren dar poco dinero y obligarlos a comprar buses nuevos sin permitirles aumentar la tarifa del pasaje. “De los precios de buses, los más económicos andarán por 120 mil dólares una unidad. Con la tarifa que tenemos y el subsidio que tenemos apenas saldríamos, incluso aunque el subsidio lo pongan al día”, detalló el presidente de la Corporación.

Estima que si les van a dar entre siete y diez mil dólares por unidad vieja eso sólo les alcanzaría para comprar otras usadas. Sin agregar el tema de las tasas de combustible. “Para todo el sector es algo que no tiene caso”, aseveró.

El presidente de Sotransco argumentó que ellos han hecho grandes esfuerzos para no tener unidades viejas y estar dentro de la ley. “En el urbano de Sonsonate somos una empresa muy organizada y las unidades no son iguales a las de San Salvador. Estas están mejores”, detalló.

Según explica, en estos momentos ellos están renovando los buses del año 93 y 94 por otras de 2005 y 2006, por lo cual no tienen unidades que lleguen a los 20 años.

Además aclaran que la misma legislación de transporte les impide desde hace mucho tiempo tener unidades tan antiguas.

Otro que desconfía del proyecto de chatarrización es Genaro Ramírez, presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños.

Rechaza abiertamente el Fonat porque considera que es un impuesto más que esta administración le ha cargado a los dueños de vehículos. Además asegura que el famoso proyecto de compra de unidades viejas “es totalmente falso, porque este año ya muchos renovaron unidades”.

Según explicó, a ellos les toca renovar un promedio de 875 unidades por año. “Si usted las divide entre 12 (meses), sólo el año pasado se tendría que haber renovado alrededor de 65 unidades en promedio. Que yo sepa no le han regalado un cinco a nadie. Eso es seguir utilizando el nombre de los transportistas para cobrar impuestos”, advierte el presidente de la AEAS.

Ramírez expresó que es mentira que el Fonat vaya a cubrir a los 6.3 millones de salvadoreños porque muchos ya son atendidos a través del Seguro Social.

Afirma que el sector transportista de buses y microbuses son los que más impuestos pagan, porque además les cobran el impuesto a la primera matrícula, también tienen que pagar cuando traen unidades, más el IVA. “Este es el gobierno que más perjuicio le ha hecho, no sólo al transporte colectivo, sino al pueblo en general. Sin dejar de lado la tregua”, puntualizó.

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  • 10000
    Este fondo es un primer auxilio que la víctima o los familiares de ésta reciben del Estado ante un accidente de tránsito. Este beneficio no impide al afectado exigir otra indemnización por la vía judicial.

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