Pese a que era la oferta más cara, el nuevo diseño de la represa El Chaparral fue adjudicado por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica (Cel) a la firma brasileña Intertechne, la misma que elaboró el primer diseño en 2006 y que finalmente fue desechado.
Así lo confirmó el presidente de la Cel, Leopoldo Samour, quien declaró que la asignación del trabajo a la empresa sudamericana se hizo por “contratación directa”.
El primer diseño fue descartado a media ejecución, las obras iniciadas quedaron abandonadas y el Estado tuvo que indemnizar a la empresa constructora Astaldi —quien recién terminó la carretera a Los Chorros y ha tenido varios litigios con el Estado—, pero aunque se argumentó que el proyecto se frustró por una “falla geológica”, no quedó claro qué fue lo que no funcionó.
Lo cierto es que la Cel decidió seguir con el proyecto y para el rediseño, según dicen, buscó en mayo asignar bajo la misma modalidad entre 10 empresas previamente seleccionadas, entre las cuales, además de Intertechne, también participaron Fichtner, de capital alemán, y Acciona Ingeniería, de España.
El nuevo estudio le costará al Estado $5.7 millones, a pesar de que la oferta económica de las otras dos empresas participantes era de $3.5 millones y $3.9 millones, respectivamente.
Samour justificó la decisión con el argumento de que el Estado debe concluir la central hidroeléctrica y que, por lo tanto, se necesita a una compañía “con tiempo y experiencia geológica en El Salvador”.
Sin embargo, más allá de este criterio, Samour manifestó que también contó con el apoyo de la banca multilateral para decantarse por Intertechne, sobre todo el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), quien en 2007 abrió una línea de crédito de $165 millones para construir la central, la cual debería entregarse el próximo año a un costo de $219.9 millones.
De hecho, Guillermo Funes Cartagena, hermano del presidente Mauricio Funes y director Ejecutivo del BCIE, declaró el pasado 11 de mayo que “emitirían una ‘no objeción’ sobre el rediseño y un posible segundo empréstito”, a solicitud de Cel.
“Nos recomendaron que contratáramos a la mejor compañía, la que más conociera del caso. No fue una decisión mía, fue de junta directiva (de Cel)”, argumentó Samour.
En el récord de la obra no ha quedado claro para el público qué pasó con el primer diseño adjudicado a Intertechne ni si realmente hubo “fallas geológicas” que afectaran el cauce del río Torola o las montañas cercanas o si no hubo buenos cálculos.
—¿Se le puede pedir garantía a Intertechne por el trabajo anterior?, se le cuestionó a Samour.
“Nunca hubo diseño final, solo un diseño básico. Con este, Astaldi construyó. Por lo tanto, la empresa brasileña no puede responder. Y hoy se hará un planteamiento de ingeniería definitivo para evitar que todo lo que pasó no se vuelva a repetir”, aseguró.
Hay que recordar que el Gobierno decidió rescindir el contrato con la constructora italiana Astaldi para evitar un segundo arbitraje internacional por una suma de $108.5 millones, de los cuales $85 fueron para cancelar “obras realizadas” y otros $23.5 millones como respaldo jurídico, según el mismo Samour.
En todo el ir y venir de decisiones, hasta el momento no se ha establecido una responsabilidad de que la obra se construyera en un sitio inadecuado y mucho menos se han señalado involucrados.
“Fácil” procedimiento
“Fue fácil tomar la decisión (de adjudicar a Intertechne) cuando uno se encuentra con una compañía que tiene todos los atributos para diseñar, sobre todo por la experiencia y los conocimientos del sitio”, explicó Samour.
Asignar de nuevo el diseño a Intertechne fue, para el titular de Cel, una decisión donde la nota mínima para calificar era 70, en una escala de 0 a 100 puntos, detalle de discrecionalidad que dejó de lado a las otras compañías que ofrecían un techo financiero más bajo para el Estado y que también cuentan con el mismo respaldo técnico.
Por ejemplo, Acciona Ingeniería y su subsidiaria de infraestructura civil y estudios geotécnicos, reportan 613 millones de euros de 60 proyectos en todo el mundo y un grupo de casi 400 consultores en diferentes áreas, según información que se consultó en su sitio Web institucional.
Empero, para Samour la consultora española obtuvo una nota de 74, mientras que la seleccionada logró 95.
“No podemos escoger la compañía con el menor perfil para hacer semejante obra. Ya no queremos riesgos. Las otras firmas son grandes en construcción, más no en diseño. Por eso se dejaron de lado y se les puso una mala calificación”, se defendió.
Samour dijo que la firma se llevará cuatro meses en definir el estado actual del 25 % de la obra que está abandonada, las nuevas condiciones geotécnicas e hidrogeológicas y si aumentará o n o el costo de la central, que busca generar 67 megawatts (MW) de potencia.
“Intertechne brindará, por tres años, ‘consejerías técnicas’ a la constructora que contratemos. No es ganga la que hemos buscado, es capacidad”, expresó.
Por otra parte, al preguntarle si el procedimiento de “contratación directa” en este caso habría transgredido la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), que indica en el artículo 65 que solo se procederá a contratación directa luego de dos procesos donde una “licitación o concurso público se declare desierta”, el funcionario sólo dijo que “no van a ser violadores de la ley”.
“La contratación la hicimos así (vía directa) porque se trata de un proyecto de importancia nacional. Debemos cuidar la inversión total”, sostuvo.
“Proceso reservado”
Un detalle importante sobre todo el proceso de adjudicación del rediseño es que Cel mantiene El Chaparral en su listado de información reservada, durante el periodo que comprende desde 16 de enero pasado hasta el 30 de agosto próximo, a pesar que ayer se anunció a Intertechne como la consultora “seleccionada”.
El expediente administrativo está titulado como “Contratación Directa CEL-CD 03/13” y justifica la reserva porque “se puede generar una ventaja indebida a una persona en perjuicio de un tercero” y retoma los artículos 39 y 41 de la LACAP.
Esto impide que los medios de comunicación y que cualquier ciudadano pueda solicitar información sobre este proceso de contratación directa, hasta después del plazo antes señalado.