La Presidencia de la República, la Asamblea Legislativa y ahora la Corte Suprema de Justicia son las tres instituciones que han puesto más restricciones en la entrega de información pública, como resultado del segundo informe del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador (ALAC).
ALAC, como parte del capítulo nacional Transparencia Internacional y de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), expuso ayer que cada vez que se les ha hecho petición de información específica, la han calificado como información reservada o la han entregado incompleta.
Roberto Burgos, coordinador de ALAC, explicó que en el caso de la Presidencia han presentado varias peticiones de información sobre los viajes realizados por el presidente Mauricio Funes, su esposa Vanda Pignato y la comitiva que les acompaña, pero se las negaron alegando que se trataba de información de inteligencia del Estado, y al final lo que hicieron fue pasarla al índice de datos bajo reserva.
Burgos asegura que tienen “información y denuncias de que son comitivas numerosas e injustificadas de la comitiva que acompaña la presidencial”.
“Estamos pidiendo de los viajes ya realizados no los que son a futuro que es comprensible que sean secretos. Se nos ha negado la información, la pedimos desde el año pasado… Es un abuso de la potestad para reservar información”, afirmó.
Similar respuesta se obtuvo de la Oficina de Información y Respuesta de la Asamblea Legislativa.
El coordinador de ALAC manifestó que cada mes están insistiendo en que les proporcionen los detalles sobre la compra de obras de arte, así como los regalos navideños entregados a los diputados en diciembre de 2012 y de la compra de bebidas alcohólicas.
ALAC aseguró que la insistencia de pedir dichos datos es para ayudar en alguna manera al Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), que tiene una denuncia por estas compras, pues no ha pasado de la etapa preliminar de investigación porque la Asamblea no le ha entregado todos los documentos.
“La Asamblea Legislativa no da toda la información que le pide el TEG y hemos insistido, mes a mes, porque el TEG ya está en capacidad de imponer la sanción a todos los diputados que la ley de ética establece, que es una multa por 40 salarios mínimos, porque este es un comportamiento antiético y es otro caso más de que una petición de acceso a la información de la ALAC genera como reacción la reserva de información, debido a que ahí nos la declararon reservada e inexistente”, reiteró.
La Corte Suprema de Justicia, que fue bien evaluada en el primer informe de diciembre de 2012, ahora sale calificada como una de las instituciones que tuvo retroceso en el acceso a la información.
Burgos aseveró que se solicitó el número de personas contratadas tras asumir la presidencia Salomón Padilla, la especialidad profesional de los nuevos trabajadores y el salario devengado, y la CSJ proporcionó datos incompletos.
Lo que resaltó es que similar petición también fue hecha por otros medios de comunicación y se les dio algunos datos que fueron negados a la ALAC.
Además, Burgos presentó un memorándum de referencia 399/2012 con fecha del 14 de noviembre de 2012 dirigido al oficial de información de la Corte, Luis Fernando Avelar, de parte de la Directora de Comunicaciones, Roxana Domínguez, en la que le informaba que “con instrucciones de la Dirección superior” cada vez que se requiera información a la Unidad de Acceso a la Información Pública del Órgano Judicial “deberá informar a esta Dirección sobre las solicitudes, las cuales serán contestadas previa autorización” de ambas Direcciones, a fin de “garantizar y resguardar los intereses institucionales”. La copia de este documento está consignada en la página de Funde en Facebook.
Sin embargo, la Ley ordena que es el oficial de información la autoridad que entrega la información oficiosa y pública y, en todo caso, el que evalúa cuáles datos son reservados y no los titulares u otras direcciones de las instituciones.
Por otra parte, especificó que para este segundo informe realizaron 87 peticiones de información en 20 instituciones.
Dijo que a un año de la plena vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y a dos de su aprobación, todavía hay abuso de discrecionalidad de requisitos, en algunas piden hasta el NIT y en otras se quiere obligar a usar el formulario, por nombrar algunos.
Mencionó que en el caso de la Corte de Cuentas y el Isdemu violan la LAIP al preguntar para qué necesitan la información pública que están solicitando.
Añadió que la Asamblea, la CSJ y la alcaldía de Antiguo Cuscatlán son los que más niegan información y también reiteró que no se debe evaluar la eficacia de la ley por el número de peticiones realizadas, tal como lo hace el Gobierno a través de la subsecretaría de Transparencia, pues habría que ver a cuántas de esas solicitudes se les negó información pública.