La construcción de un centro penal en El Divisadero, Morazán, la ampliación del reclusorio en Izalco, Sonsonate; mejoras en las granjas penitenciarias y la adquisición de 4,000 brazaletes electrónicos de localización satelital son parte de los proyectos en los que se invertirán los 71 millones de dólares que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) le desembolsará en calidad de préstamo al gobierno de El Salvador.
Con estos proyectos, las autoridades de Centros Penales buscarán reducir el alto índice de hacinamiento de la población reclusa que ya sobrepasa los 30 mil internos, es decir, un incremento del 320 por ciento de la capacidad del sistema carcelario.
El actual sistema penitenciario ha sido diseñado para albergar a no menos de 8,000 reclusos.
Lo que no tienen claro las autoridades de Seguridad Pública es cuándo comenzarán a ejecutar los proyectos en mención porque la Asamblea Legislativa tiene que ratificar el préstamo del BCIE.
Además de eso, tiene que sacar a licitación la construcción del penal, la ampliación del penal de Izalco y la compra de entre 3,500 y 4,000 brazaletes electrónicos.
Para que estos aparatos puedan ser utilizados como medidas alternativas a la detención, las autoridades tendrán que hacer reformas a la ley penal para que los jueces puedan tomar en cuenta el uso de esta tecnología para el cumplimiento de las condenas fuera de los penales por delitos menos graves y leves.
“Aquellas personas que se hayan detenido, por ejemplo, conducción temeraria o por pequeños hurtos, ya no van a tener que ir a los centros penales, los vamos a mandar a sus casas y vamos a monitorear el pago de su condena por medio de estos brazaletes satelitales”, dijo David Munguía Paýes, ministro de Justicia y Seguridad Pública.
Consideró que en un plazo de seis meses ya podrán contar con esos brazaletes satelitales; mientras que para el resto de proyectos todavía no se tienen fechas definidas, por lo que la meta de descongestionar de reclusos el sistema penitenciario deberá esperar por un tiempo aún no establecido.
“Ya estamos trabajando en algunos planos relacionados con la ampliación de penales y con la construcción del penal en El Divisadero, pero dependerá del tiempo que tarde la ratificación de la Asamblea Legislativa”, indicó Munguía Payés.
El penal de Izalco, Sonsonate, es la última penitenciaría que ha sido construida en los últimos seis años. Sin embargo, todavía falta la ampliación de la segunda y tercera etapa.
Con estos proyectos de ampliación de la infraestructura carcelaria se buscará que más de 15,300 internos sean recluidos en el nuevo penal y en las nuevas fases de Izalco.
El director del BCIE para El Salvador, Guillermo Funes Cartagena, sostuvo que también se otorgará un millón de dólares, no reembolsables, para mejorar el sistema informático y de telecomunicaciones de la Policía.
Además con esos fondos se abrirán 12 clínicas odontológicas para los 27,000 policías y empleados administrativos de la Policía.