Desde el jueves 2 de mayo los dueños de los vehículos que refrenden la tarjeta de circulación deberán pagar un monto extra que será destinado al Fondo para la Atención a Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat).
La normativa, aprobada el 14 de diciembre de 2012 por la Asamblea Legislativa, dejó sin efecto el proyecto de seguro obligatorio para daños a terceros, cuya implementación fue prorrogada 12 veces.
“La contribución especial”, como la ha denominado el gobierno, será para atender a quienes resulten víctimas de accidentes de tránsito.
El artículo 23 de la normativa establece que el monto de la prestación económica a cubrir por el Fondo será una sola vez hasta por un máximo de $3 mil 500; más $500, para gastos funerarios.
En el caso de los lesionados el monto no debe ser superior a los $2 mil.
Si pasado un año del accidente el dinero o indemnización no es reclamado por las víctimas o sus familiares, inmediatamente pasará a un fondo común manejado por el Estado.
Las prestaciones del Fonat no cubren los daños materiales en los vehículos involucrados.
El grado de discapacidad y el porcentaje económico con el que se indemnizará a las víctimas serán determinados en el Reglamento de esta Ley, instrumento que deberá ser dictado por el Presidente de la República. Este deberá estar listo a más tardar dentro de 30 días siguientes contados a partir del 15 de abril.
La ley del Fonat fue publicada en el Diario Oficial el 14 de enero pasado.
El Ministerio de Hacienda deberá distribuir los ingresos que se generen de la contribución especial de la siguiente manera: al Ministerio de Salud le dará el 35 %; al Fonat, el 65 %; al Consejo Nacional de Seguridad Vial, que aún no se ha formado, el 7 %. Un 3 % será utilizado para contratar seguros del Fondo. El 30 % deberá destinarse al pago de las indemnizaciones y gastos administrados. Finalmente, un 25 % será utilizado para la chatarrización de autobuses del transporte público (ver nota aparte).
Los fondos provendrán del pago que realicen los propietarios de vehículos al momento de refrendar sus tarjetas de circulación, algo que están obligados a hacer la fecha de su cumpleaños. De no hacerlo, tendrán que pagar una multa de $5.71 por cada mes de retraso.
El artículo 31 de la Ley del Fonat expresa tácitamente que esta normativa no impedirá a la víctimas o a sus herederos perseguir por la vía judicial a los responsables de un accidente de tránsito para exigirles un pago por lo que consideren “daños no cubiertos”. Esto será así pese a los beneficios económicos que el Fonat les otorgue.
No solo los vehículos “salvadoreños” pagarán Fonat. Los dueños de vehículos que ingresen al país con placas extranjeras deberán cancelar un monto equivalente a un mes o a un año para poder circular dentro del territorio. Las tarifas oscilarán entre 10 dólares y 25 dólares, dependiendo del tiempo que vayan a permanecer dentro del país.
Actualmente el Viceministerio de Transporte (VMT) contabiliza un parque vehicular de 760 mil vehículos, entre ellos, 10 mil buses.
Por el momento, y debido a las tarifas diferenciadas, el VMT no ha establecido el monto que se recaudará anualmente en concepto del Fonat.
Financiamiento
Para poder echar a andar este proyecto, y con base en lo que establece el artículo 34 de la Ley del Fonat, el Estado facilitó los recursos necesarios para “sufragar los gastos de su fundación y organización”.
Esto lo hizo a través del Fondo de Actividades Especiales del Ministerio de Obras Públicas, Transporte, de Vivienda y Desarrollo Urbano. El viceministro Nelson García, en una entrevista otorgada el 4 de abril, dijo que se han gastado $270 mil hasta el momento.
La estructura organizativa de este fondo será regulada y administrada por el Consejo Directivo que estará integrado por el viceministro de Transporte, un delegado del Ministerio de Salud, un delegado del Banco de Desarrollo de El Salvador, un delegado del Sistema de Emergencias Médicas y un delegado de la Subdirección de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC).
Este Consejo Directivo tendrá la función de fomentar el desarrollo de programas especiales para atender a toda persona que resulte con algún grado de discapacidad a consecuencia de un accidente de tránsito, luego de su atención hospitalaria.
El consejo también deberá dar seguimiento a los servicios y programas de rehabilitación e incorporación a la vida productiva que se proporciona a toda persona que resulte con algún grado de discapacidad temporal o permanente. También elaborar el proyecto de presupuesto anual para cada ejercicio financiero fiscal. Además, tendrá la facultad de gestionar ayuda internacional, según lo determina el artículo 8 de la Ley del Fonat.
Prohibiciones y demandas
Esta ley prohíbe que conductores y ocupantes que protagonicen carreras de autos legales o ilegales, así como quienes conduzcan ebrios o drogados, sean incluidos en los beneficios económicos que establece el Fondo; así lo determina el artículo 22.
La semana pasada, algunos miembros de la Asociación de Transportistas Internacionales de Carga (Astic) presentaron una pieza de correspondencia donde solicitaban a la Asamblea Legislativa que derogue dicho decreto y que en su lugar se cumpla la figura de seguro obligatorio.
Astic argumenta que este fondo no cubre los accidentes que puedan ocurrir en cualquier otro país centroamericano como lo hace un seguro proporcionado por una empresa privada.
Los transportistas afiliados a esta asociación llevan a cabo viajes en los que cruzan las fronteras. Raúl Alfaro, presidente de Astic, sostiene que ese sector puede llegar a colaborar con una cuota de $23 a $25, siempre y cuando entre en vigencia el seguro por daños a terceros.
La iniciativa fue apoyada por los diputados del partido ARENA y enviada a la comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda donde será discutido el caso, expresaron algunos parlamentarios. Para poder derogar el Fonat se necesitan 43 votos.