Los fondos prometidos por el Gobierno central a los municipios declarados “libres de violencia” aún no llegan. Así lo aseguraron los ediles de los cuatro primeros, de un total de seis, que han sido denominados zonas de paz. Tal situación ha provocado incertidumbre en las autoridades edilicias como en la misma población.
La ausencia de esos fondos impide la realización de proyectos en favor de pandilleros en proceso de rehabilitación y reinserción social. Y, aunque el ministerio de Justicia y Seguridad Pública y los mediadores del proceso de pacificación no precisaron la fecha en la que serían entregados los fondos, los alcaldes estiman que ya es tiempo de que el Gobierno hubiera hecho los primeros desembolsos.
Ilopango, Santa Tecla, Quezaltepeque y Sonsonate fueron los primeros municipios en lanzarse a esta aventura. Siguieron Apopa y La Libertad. En estas jurisdicciones, los habitantes se ilusionaron con la iniciativa, pero sus grandes esperanzas, a la larga, se han desvanecido.
A dos meses del desafío, los la cifra de homicidios ha bajado en un 50 por ciento, mientras la de extorsiones aparentemente se ha recrudecido, según ha estimado el fiscal general, Luis Martínez.
Por esa razón, el funcionario calificó de “pacto hipócrita” la tregua entre pandillas, porque han dejado un poco de matar y se han concentrado en extorsionar, desaparecer personas, secuestrar, robar y sembrar zozobra.
Aún con esa disminución y con la declaratoria de paz, Ilopango ha contabilizado cinco homicidios. El alcalde, Salvador Ruano, niega que hayan sido perpetrados en el municipio; dice que ocurrieron en otros lugares , aunque fueron lanzados en Ilopango para hacerlo quedar mal.
Pero en afán de no perder la esperanza de la paz, los ayuntamientos firmantes están tratando de seguir adelante con sus proyectos de rehabilitación y reinserción con sus propios recursos, aseguró.
Falsas promesas
Los alcaldes creen y confían en el proceso de pacificación, siempre y cuando el Gobierno cumpla con las promesas que les hizo en su momento.
Un síndico de la alcaldía de Apopa, quien prefirió no identificarse, manifestó que los supuestos proyectos de la tregua no han pasado de ser ofrecimientos, ya que no existe ningún documento que presente alternativas y soluciones para detener la delincuencia en este país.
“Nosotros tenemos nuestros propios planes para jóvenes en riesgo”, afirmó.
La promesa del ministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés, fue que los municipios que se adhirieran al mecanismo de pacificación recibirían fondos en efectivo o especies por parte del Gobierno central, para impulsar diversos proyectos que insertarían a los pandilleros en la vida productiva local.
Agregaron que esos recursos procederían de un préstamo internacional de 72 millones de dólares, donaciones y apoyo de la empresa privada. Y que para mientras los fondos llegan al país, el ministro afirmó que existe el compromiso de desviar recursos que se están empleando en otras áreas sociales para reforzar los territorios de paz.
No obstante, el alcalde de Sonsonate, Roberto Aquino, se quejó de que, desde el acto y la firma de la declaratoria, a Munguía Payés y al mediador Raúl Mijango jamás los han vuelto a ver por esos lares.
“Nos dieron paja”, describió el edil la promesa.
El alcalde agregó que, pese a las dificultades, unos 40 pandilleros sin problemas con la justicia han sido empleados en labores municipales.
Añadió que otro grupo trabaja en un proyecto de elaboración y venta de pan en la megaplaza de Sonsonate.
Con apoyo de la Cámara de Comercio de Sonsonate, también impulsan un proyecto para dar herramientas de trabajo a más muchachos.
En Ilopango, el jefe municipal Salvador Ruano también secundó a sus similares y no se ha quedado de brazos cruzados. Su Concejo aprobó recursos para desarrollar iniciativas a favor de jóvenes sanos y de aquellos que tienen problemas de pandillas.
Ruano insistió en que estos proyectos buscan dar herramientas de trabajo a la juventud para que de forma legítima puedan ganarse la vida.
Para los jóvenes ajenos a las maras, la alcaldía ofrece cursos gratis en una escuela de manejo de vehículos, cursos de natación y otros deportes.
Para pandilleros, la comuna impulsa panaderías, bisutería, costura, sastrería, talleres de estructuras mecánicas y granjas de pollos.
Ruano no precisó la cantidad de muchachos incorporados a estos cursos, pero aseguró que son varios cientos.
Recientemente platicó con algunos funcionarios de Seguridad Pública, quienes le dijeron: “Alcalde, hemos recibido instrucciones del presidente de la República de que el municipio que usted preside será el primero en recibir los recursos que están disponibles en este momento”. Pero aún no ha recibido nada.
Promesa de empleo
“El presidente Mauricio Funes ha dado instrucciones para que sea apoyado en el tema de la pacificación y el conflicto de pandillas; a través de las distintas instituciones, como FISDL, MOP, MAG”, le dijo un funcionario del Gobierno.
El vocero puntualizó que la contribución estatal en el caso del MAG podría consistir en brindar recursos para impulsar más granjas de pollo, granjas de pez y programas de siembras de productos varios.
Lo mismo podría suceder con el MOP, que en convenio con la alcaldía podría desarrollar obras de reparación de vías municipales, para lo cual se contrataría como mano de obra a pandilleros.
En la actualidad, la alcaldía realiza un plan de reparación de caminos vecinales en el que ha dado empleo a miembros de pandillas. Algunos de estos proyectos son obras mitigación en el Arenal Seco, bacheos en varios tramos de calles en San Bartolo, Bosques de La Paz y Santa Lucía.
Con ese poco apoyo económico a través del otorgamiento de empleos de forma temporal, los pandilleros siguen siendo pandilleros.
En Quezaltepeque, la historia es similar. A su juicio del edil Carlos Figueroa, se ha logrado aminorar los homicidios luego de la declaratoria, aunque otros delitos aún se mantienen en niveles altos, como el de la extorsión.
“Para mí lo importante es la reducción de homicidios, a diferencia de decir que se cayó una casa, se estrelló un vehículo, que a lo sumo causa daños materiales. El problema se complica cuando hay asesinatos, pues esto se convierte en un daño irreparable para la familia y la sociedad”, opinó.
Desde la declaratoria de “territorios de paz”, en Quezaltepeque han sido registrados tres homicidios. Aunque el alcalde considera que estos hechos no tiene nada que ver con la incertidumbre en que se encuentran las promesas del Gobierno Central. “Creo que los pandilleros tienen la voluntad, pero mi pregunta es ¿hasta cuándo van ha mantenerla?”.
Cuando ocurrió uno de los últimos asesinatos, el alcalde Figueroa afirmó que se reunió con los pandilleros y que ellos negaron ser los responsables del crimen. “Nosotros le garantizamos que no hemos sido parte ni en el cuerpo del delito ni en la participación delictiva”, dijo el edil que le manifestaron.
“La pregunta es: ¿quiénes son los autores de esos hechos: las pandillas, delincuencia común u otro tipo de personas?”.
La alcaldía de Quezaltepeque ha planteado realizar entre seis y ocho proyectos de $10 mil cada uno. “Hasta ahora no hemos recibido apoyo del Gobierno central a favor de ninguna mara.
El problema de pandillas es complejo, porque no hay un solo de la mara sino que cada grupo tiene su líder de acuerdo con cada territorio y las decisiones no las toma uno solo, porque no son grupos ‘homogéneos’, pese a ser de los mismos”, explicó el edil.
La proyección era que una envasadora de agua administrara alguna de las iniciativas de desarrollo que financiaría el Gobierno central.