La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió una petición de amparo de Beatriz y ordenó a las autoridades de Salud que le brinden los cuidados necesarios para garantizar su vida, mientras emite una sentencia definitiva.
Específicamente, los magistrados ordenaron a las autoridades del Hospital de Maternidad que “se aseguren de que la paciente reciba en forma continua el tratamiento médico necesario e idóneo para garantizar el derecho a la vida y a la salud”.
Además, los jueces exigen que se mantenga en reserva la identidad de la paciente y de su familia, mientras se tramita el proceso.
La orden de los magistrados fue girada simultáneamente al anuncio de la admisión la demanda de amparo presentada por la paciente, quien asegura que se hay una presunta vulneración a los derechos a la vida y salud establecido en los artículos 65 y 2 de la Constitución de la República.
La petición de amparo fue interpuesta la semana anterior por medio de los apoderados de la paciente contra el director, el jefe de la Unidad Jurídica y el jefe del Servicio de Perinatología del referido centro asistencial.
En su demanda, los apoderados de la joven expresan “que el derecho a la vida de ella se encuentra en riesgo, debido a que adolece de una serie de enfermedades graves que han complicado su embarazo y se ha considerado su estado como de alta probabilidad de muerte materna si este no se interrumpe, por lo que debe ser intervenida inmediatamente”.
Además, sostienen los peticionarios que el feto -debido a su propia dolencia- tiene un pronóstico nulo de sobrevivencia.
Empero la resolución de la Sala de lo Constitucional no establece que se le realice de inmediato un aborto.
El artículo 133 del Código Penal castiga el aborto con prisión desde dos hasta ocho años, mientras que el artículo 136 de la misma normativa establece que quien facilite los medios para que se practique un aborto puede ser encarcelado hasta por cinco años.
La Sala le ha concedido un plazo de cinco días a las autoridades sanitarias para que expliquen las razones de sus actuaciones y presenten el diagnóstico y el expediente completo de la paciente.
También, los magistrados urgen informes del Coordinador de la Junta de Protección de la Niñez y Adolescencia, del Fiscal General de la República, del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y de la Procuradora General de la República para “que aclaren si las autoridades de Maternidad hicieron las solicitudes sobre el caso y, si lo hicieron, informen sobre el contenido de ellas”.
Además solicitan a la ministra Rodríguez y a la Comisión Nacional de Bioética de El Salvador un informe sobre la existencia de normas y protocolos para la atención de complicaciones obstétricas en casos como el de la paciente.
La Sala ha dado un plazo de cinco días para que todas estas instituciones respondan. La resolución fue firmada por unanimidad por los cinco magistrados de la Sala: Salomón Padilla, Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Sidney Blanco y Rodolfo González.