Que hay un bajísimo crecimiento económico en el país es algo que reconoce Sigfrido Reyes, el presidente de la Asamblea Legislativa, aunque defiende que no es un problema nuevo. No obstante, considera necesario “destrabar” el problema y atraer la inversión privada creando un clima favorable y sin tanto trámite y otros incentivos para que los empresarios se establezcan en el país, pero aclara que hay que hacerlo bajo reglas claras que no comprometan ciertos intereses de nación como la educación y la salud y sí aplicables a otros rubros como energía e infraestructura vial o portuaria.
Reyes, alto dirigente del FMLN, en esta entrevista concedida a El Diario de Hoy reconoce que para tener ese clima de inversión debe haber estabilidad política, pero también se defiende en que las diferencias que han sostenido con la Sala de lo Constitucional no es por causa de ellos. “Los señores de la Sala sí tienen un serio problema con el estado constitucional de derecho en este país”, alega. Por el contrario, dice que el Congreso siempre ha sido prudente y critica a sectores que “aplauden” las decisiones de la Sala, y con los cuales, afirma, hay que dialogar para que entiendan que el país no lo gobierna “un grupo de personas”.
La situación económica y el bajo crecimiento preocupa a todos, cuánto aportan las iniciativas legislativas a dinamizar la economía?
El Salvador ha venido enfrentando un bajísimo crecimiento, no es una situación nueva, no tiene que ver con el presente gobierno sino que todo indica que hay situaciones más estructurales que están frenando la inversión y la expansión de la economía… La agenda legislativa ha estado cargada de temas económicos, en algunos hemos salido adelante, por ejemplo la aprobación de la reformas a la ley de zonas francas (que) era muy importante hacerlas para dar una señal de certidumbre y de seguridad a los inversionistas para que mantengan sus plantas funcionando e inviertan más allá del 2o15. En el mismo sentido se aprobaron reformas a la ley de servicios internacionales, tenemos pendientes para las próximas semanas la aprobación de la ley de fondos de inversión, la ley de firma electrónica, y también la ley de asocio público-privado que desde una perspectiva optimista pudiera ser un buen instrumento… que abra la oportunidad a un inversionista privado o extranjero en sectores donde el ahorro y la inversión nacional es insuficiente, pero que no comprometa ni la soberanía del país ni mucho menos las finanzas públicas.
¿Qué intereses no se tocan?
En el anteproyecto que inicialmente conoció la Asamblea, el Estado se comprometería a cargar con pérdidas si acaso un proyecto no da utilidades, eso nos parece inaceptable. Hay otros aceptos como cuando se plantea que la Asamblea debe aprobar concesiones en un plazo máximo, y si no, se tiene que compensar al inversionista. La Asamblea es un órgano independiente, no se le pueden poner plazos perentorios. Si logramos encontrar un equilibrio adecuado que preserve el interés nacional, que proteja sectores que no deben ser concesionados a privados como la salud, educación, seguridad ciudadana. Hay un extenso campo en la economía que pudiese ser susceptible a entrar en procesos de asocio: infraestructura vial, energía…
Ud. habla de una ley con equilibrio, pero cómo están los consensos?
Yo esperaría que este proceso se pueda acelerar en las próximas semanas y en unos cuantos meses esta ley pueda llegar al pleno en una versión en la que todos podamos dar los votos. Necesitamos atraer ahorro externo a través de inversiones, tecnología de punta a distintos sectores, pero también es imperativo que se preserve el interés público; nosotros no podemos malbaratar los recursos y las potencialidades del país en ninguna de las áreas que hemos hablado, no podemos volver a caer en aquella historia de cambiar oro por espejitos, eso se acabó, al menos esa ha sido la filosofía del presente gobierno y de los que conducimos el país… no en aquella filosofía que si hay utilidades se privatizan y si hay pérdidas se cargan al Estado.
¿Esa es la posición de su partido, pero lo apoyan otras fracciones?
Excepto algunos diputados con una ideología fanática de mercado, la mayoría de fracciones comprenden que el concepto de asocio público y privado puede servir para potenciar el desarrollo del país pero (no) puede servir si se utiliza mal, creo que se entiende meridianamente y se enfoca más para no comprometer los intereses del país, por eso la discusión ha tomado bastante tiempo.
¿Esto no limitaría la inversión del sector privado, que alega que se ha reducido la inversión porque no hay seguridad jurídica?
Lo que se busca es fortalecer la seguridad jurídica, un inversionista internacional tiene distintas opciones para invertir, aquí cerca en América Central, tienen destinos como Nicaragua que el año pasado ha recibido más de mil millones, y más allá está Perú, Chile… Nosotros tenemos que competir en ese mundo y ofrecer garantías jurídicas y oportunidades de inversión que puedan ser más seguras y rentables que en otros países. En el país ha existido seguridad jurídica, pero no podemos negar que han existido negocios corruptos que luego la sociedad entera tiene que correr con los costos de eso. Por eso no creemos que asegurar una buena ley vaya en contra del sector privado.
¿Qué de diferente va a tener esa ley para que esa gente se sienta atraída?
Una sola ley no resuelve el problema, es importante aclararlo, crear un clima atractivo para la inversión depende de muchos factores: la estabilidad política, la seguridad personal, la simplificación de trámites burocráticos. Nosotros tenemos una ley de migración y extranjería que data de hace 60 años, un inversionista tiene serios problemas para garantizar las mínimas condiciones para trabajar en El Salvador, cada tres meses tiene que ir a renovar el permiso y le piden los mismos papeles.
¿Son trámites engorrosos?
Son trámites que no se corresponden con un ambiente favorable para los negocios, hay una visión en la burocracia estatal en buen sector de ellos que al inversionista hay que ponerle más trabas y no menos. Lo de migración es un caso escandaloso, yo personalmente recibo quejas de inversionistas que no entienden cómo un país que pide que vengan y que cuando ya están acá les ponen miles de dificultades para que se establezcan en el país, es lamentable…
¿Hay que armonizar las leyes?
Estamos esperando que el Ejecutivo envíe una propuesta de ley de simplificación de trámites burocráticos… Hay proyectos de construcción, energéticos, turísticos en este país que se tardan dos tres cuatro años para recibir un permiso; la burocracia estatal no vive al unísono con una filosofía de atraer inversiones y de ser amigable con el inversionista y de poner en el centro la generación de empleo, de empresa, de producción; difícilmente vamos a poder competir con una Nicaragua, con una Panamá, con una Colombia.
¿Que dan facilidades…?
Que dan muchas facilidades, y en esto hay que ser muy claros, usted puede ofrecerle exoneraciones de impuestos generosas al inversionista y eso puede ser un buen atractivo, pero si el ambiente de negocios en ese país y el trato que se le da al inversionista es hostil, aunque le ofrezca exoneraciones fiscales no va a llegar; por otro lado, si no le ofrece eso pero sí facilidades para realizar sus negocios, energía barata, reducción de todo tipo de procesos, allí se van a ir.
¿Hasta qué punto la Asamblea contribuye a la estabilidad política?, se lo pregunto porque para algunos sectores las diferencias que han tenido con la Sala de lo Constitucional repercuten de manera negativa.
Estoy totalmente convencido que las acciones de cuatro magistrados y de aquellos que los aplauden generan inestabilidad política, y que esas acciones obedecen a una agenda política de mantener al país en un estado de zozobra, incertidumbre e inestabilidad… Al contrario, en la Asamblea lo que ha habido es un gran sentido de responsabilidad, de prudencia, de inclinación por el diálogo por resolver problemas que no son generados en la Asamblea… La Asamblea no tiene ningún problema con la Sala de lo Constitucional y los señores de la Sala sí tienen un serio problema con el estado constitucional de derecho en este país. De eso nosotros siempre hemos advertido y alertado a la población que estamos ante un fenómeno de un poder que se pretende declarar como un poder absoluto atropellando las facultades que le da la Constitución a otros órganos del Estado… Los riesgos de eso son enormes, son incalculables.
¿Cuál será la relación entonces?
Por eso hemos ido al encuentro de situaciones que aunque no comulguemos con ellas porque riñen con la Constitución, en su espíritu y su letra, en aras de un interés superior del país, hemos decidido adaptarlas y avanzar, de lo contrario el país estaría en una situación de absoluta ingobernabilidad y total inestabilidad.
¿Qué implica, dialogar con la Sala?
Yo creo que con quien hay que dialogar es con aquellos sectores que de una manera fanática aplauden cualquier decisión de cuatro magistrados, por descabellada e inconstitucional que sea… para hacerles ver que el país no se puede seguir enfocando bajo esa perspectiva. La Constitución se hizo para que se respete, las leyes se hacen para respetarlas y no podemos aceptar el principio de que un grupo de personas terminan gobernando en nombre de los demás órganos del Estado.
¿Cree que acudiendo a la Sala están tratando de gobernar?
Yo no sé si son ellos los que acuden a la Sala o es la misma Sala a través de cuatro los que diseñan sus mismos recursos y tiene listas las respuestas, en buena medida creo que así ha sido. Apelamos a la sensatez de sectores importantes de este país que deberían entender que nuestra Constitución no establece la creación de un suprapoder que está sobre el Ejecutivo, del Legislativo y de la misma CSJ, que la Constitución para reformarla hay un proceso establecido, no mediante sentencias judiciales… no puede haber un ciudadano, llámese Presidente de la República, diputado o magistrado de la CSJ que alegue que por su función es intocable y no puede ser juzgado. Todos estamos bajo el imperio de la ley, todos estamos al alcance de la justicia.