En limbo inversión de la industria farmacéutica

La industria genera más de 8 mil empleos directos

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Los distribuidores de fármacos han solicitado a la DNM que les explique la fórmula utilizada para calcular los precios máximos.

Por Karen Molina nacional@eldiariodehoy.com

2013-03-07 8:00:00

La industria farmacéutica está preocupada por los efectos adversos que la Ley de Medicamentos podría ocasionar al crecimiento económico de ese sector, que aporta unos $355 millones cada año al Producto Interno Bruto (PIB).

Aunque aseguran que aún es prematuro hablar sobre el retiro de inversiones, cierre de farmacias y pérdida de empleo, el temor está latente y no descartan que pueda ocurrir si las condiciones se mantienen.

“En el caso de que no se lograra un cambio de metodología, claramente esto podría poner un freno a la inversión y expansión de compañías del sector farmacéutico, entendiéndose por estas no sólo laboratorios, sino que distribuidores, transportistas, farmacias”, afirmó Álvaro Soto, presidente de la Federación Centroamericana de Laboratorios Farmacéuticos (Fedefarma).

La nueva ley en mención establece un control de precios para los medicamentos, que si bien aliviaría el bolsillo de los salvadoreños, por otro lado pondría en aprietos su salud.

Representantes de algunas de las farmacias más importantes del país han asegurado que en estos momentos nadie está haciendo pedidos a los laboratorios internacionales hasta no lograr un acuerdo equilibrado con la Dirección Nacional de Medicamentos.

Están deteniendo, sobre todo, medicamentos de reconocidas marcas, que son recetados especialmente para enfermedades crónicas y que, debido a su calidad, no pueden venderse a los precios que ha establecido la Dirección de Medicamentos.

En las droguerías y farmacias también hay un ambiente tenso respecto a la reducción de personal.

Según los plazos establecidos por la Dirección, las farmacias tienen hasta el 3 de abril próximo para aplicar los precios promedio de los primeros 4 mil 406 medicamentos de la primera lista; y hasta el 23 de mayo para aplicar el precio a otros 1,797 medicamentos de la segunda lista.

La gerente de compras de la Farmacia San Nicolás, Marielos de Ochoa, aseguró que será hasta después del 3 de abril que se podrá conocer si algunas marcas ya no se comercializarán por decisión de cada laboratorio.

Por el momento, la empresa mantiene la política de “sí hay” y aseguran que seguirán atendiendo la demanda de los consumidores.

La empresa aseguró, además, que hasta el momento no hay intenciones de cerrar sucursales o de prescindir de algunos de sus empleados.

Álvaro Soto expresó que, aunque ningún laboratorio ha manifestado su interés por retirarse del mercado, “cada compañía tendrá que hacer su evaluación de la viabilidad de su negocio”.

Agregó que esta evaluación la tendrán que hacer otras empresas de la industria, como droguerías y farmacias.

La industria farmacéutica también se siente en desventaja respecto a los más de 450 permisos de legalidad que el Gobierno dio a locales establecidos en los mercados.

El propietario de una farmacia, que no quiso revelar su nombre, dijo que no entendía cómo el gobierno permitía a un local de mercado vender medicinas, cuando la Dirección es sumamente estricta a la hora de otorgar permisos a las farmacias formales. “A nosotros nos mantienen bien fiscalizados, pero al sector informal lo dejan a sus anchas”, renegó.

No es ley para empresas

Por su parte, el director de Medicamentos, José Vicente Coto, ha negado que la inversión se vaya del país. Dice que han reunido a más de 25 laboratorios internacionales para que participen en el mercado salvadoreño y no dejen desabastecidos a los ciudadanos.

Sin embargo, durante una entrevista televisiva, Coto aseguró que la Ley de Medicamentos no fue hecha para las empresas sino para los ciudadanos que buscan precios más bajos.

Y aunque los empresarios de este rubro aún tienen la esperanza de que la ley no impacte sus inversiones, Coto ha expresado que esta ley no tiene marcha atrás y que no se está contemplando hacer ninguna modificación. “Se están oponiendo a cumplir la ley y el reglamento”, indicó el titular.

La industria farmacéutica ha señalado que se pueden revisar casos como el cobro del IVA, un impuesto que no se cobra en otros países de la región, a excepción de Guatemala.

Pero Coto dijo que este no es uno de los puntos en cuestión porque, para él, las medicinas son más caras en el país debido a la cadena de ventas, que deja un porcentaje a droguerías, farmacias y visitadores médicos.