La última vez que los parientes de Éricka Griselda Ramírez Alfaro, de 15 años, la vieron fue el 26 de febrero cuando, supuestamente, salió de su vivienda situada en el caserío Cuyanigua, del cantón El Peñón, en Comasagua, La Libertad, y se marchó en un carro con Julio García, de 52, un vecino que la conoció desde que era una bebé y quien la habría convencido de formar una vida de pareja.
Pedro Ramírez, el padre de la jovencita, aseguró que desde hace algunos meses había escuchado rumores de algunos lugareños que sostenían que García, un hombre a quien conoció hace casi 30 años, pretendía a su hija.
Ramírez lo encaró “en buenos términos”, porque se congregaban en la misma iglesia evangélica de la zona, pero el sujeto negó que tuviera algún interés en Éricka y que le aseveró que eso solo eran “habladurías de la gente”.
La adolescente salió sigilosa de su casa una tarde, aprovechando que sus padres andaban trabajando en labores agrícolas. Unos parientes que vivían con ella aseguran que la vieron subirse en un pick up que supuestamente era manejado por Julio García.
“Ahí ve si te llegas a ir, mirá que ahorita no están tus papás”, le dijeron sus familiares en un intento por detenerla, pero ella no hizo caso.
Desde ese día nadie ha vuelto a ver a Julio ni a Éricka en el cantón: “es como si se los hubiera tragado la tierra”, dijo una fuente policial a El Diario de Hoy, a la vez que confirmó que el padre de la víctima denunció la privación de libertad y el caso ya estaba en manos de investigadores y de la Fiscalía General.
Ramírez, de 40 años, aseguró que no solo carga la pena de haber perdido a su hija, sino que también debe soportar los señalamientos que la esposa de García le estaría haciendo, al acusarlo, supuestamente, de que él y su compañera de vida incitaron a la quinceañera a tener una relación con el hombre, 37 años mayor que ella.
Según las fuentes policiales consultadas, Julio García podría ser procesado judicialmente por los delitos de privación de libertad y estupro si se llega a comprobar que está llevando una vida de pareja con la adolescente.
Se intentó conocer los avances de la investigación sobre este caso, pero el Ministerio Público no dio respuesta.
En enero pasado, la jefa fiscal de la Unidad del Menor y la Mujer de San Salvador, Nory Flores, explicó a este Diario que para que exista el estupro, la unión sexual entre un adulto y una adolescente debe ser voluntaria, pero debe haber un engaño de por medio.
“El 99 por ciento de los casos de estupro es contra mujeres. Por la edad de las víctimas, aunque ellas den su consentimiento, no se han desarrollado plenamente en su capacidad para decidir en qué momento tener sexo y con quién”, dijo Flores esa vez.
Las leyes salvadoreñas establecen que la relación sexual que se da mediante engaños o un consentimiento viciado entre un adulto y adolescentes de entre 15 y 17 es tipificada como estupro y se castiga con hasta 10 años de cárcel.
Sin pistas sobre bebé
El paradero de Karla Susana Porras, de dos años y medio, sigue sin conocerse en Santa Rosa de Lima, La Unión, desde el 21 de octubre de 2012, cuando su supuesto padrastro, Érick Manuel Dávila Villalobos, desapareció con ella previo a la hora en que tenía que devolvérsela a María Ramírez, tía materna de la infante, con quien él compartía la custodia.
La mamá de la niña, María Catalina Porras, murió en 2011 a raíz de una enfermedad hepática y desde entonces la pequeña quedó al cuidado de Ramírez.
La señora relató que su sobrina, quien tenía 28 años al morir, estuvo acompañada con Dávila Villalobos, con quien procreó un hijo que actualmente tiene seis años. Sin embargo, ella abandonó al sujeto porque supuestamente la maltrataba físicamente.
La tía de la fallecida relató que tiempo después su sobrina María Catalina inició una relación con un hombre, de quien dijo no saber su identidad, quien trabajaba como motorista de microbuses en San Salvador y de esa unión nació Karla Susana.
Ramírez sostiene que ella le abrió las puertas de su casa a su sobrina y a la bebé luego de que el hombre fuera asesinado en circunstancias desconocidas. Meses después, la salud de su María Catalina empeoró y le pidió a su tía que fuera a la Alcaldía a asentar a la niña y dijera que el padre era desconocido.
Sin embargo, cuando la señora llegó a la oficina de registros se llevó la sorpresa de que Karla Susana ya había sido inscrita en el registro por Dávila Villalobos como su hija.
Ramírez les explicó a los empleados de la institución que el sujeto la había asentado sin ser su verdadero padre y sin el consentimiento de María Catalina. En el lugar le aconsejaron que hiciera una impugnación de paternidad.
Cuando Ramírez le llevó la noticia a su sobrina esta le dijo que haría ese trámite y que también se divorciaría. Sin embargo, la muerte le ganó la batalla antes de que iniciara ambos procesos legales.
Caso en manos de Juzgado de Familia
Tras la muerte de María Catalina, un juez de familia de Santa Rosa de Lima le otorgó la custodia temporal a María Ramírez, pero le ordenó que, cada 15 días, debía prestarle a Dávila Villalobos a la bebé porque legalmente llevaba su apellido y para que se relacionara con su hermanito.
Ese 21 de octubre, Ramírez le entregó a la niña a las 8:00 a.m. y le dijo que regresaría por ella a las 5:00 p.m. “Contrario a otras veces, él no me contestó, solo se puso a reír irónicamente”, dijo Ramírez.
La actitud de Dávila Villalobos le generó desconfianza a Ramírez y no se equivocó. Cuando horas más tarde llegó a la casa del sujeto este ya no estaba y desde entonces nadie sabe de él, ni del hijo que tuvo con María Catalina ni de la pequeña Karla Susana.
“Yo pensé que se trataba de un secuestro y que me pediría rescate, porque él es una persona mala. Solo a golpe y trompón trataba a mi sobrina y lo raro es que no luchaba ni por su propio hijo, pero sí por la niña que no era de él”, dijo Ramírez.
Rafel Franco, jefe fiscal de La Unión, aseguró que un abogado de María Ramírez presentó una denuncia contra Dávila Villalobos ante el Ministerio Público por el delito de privación de libertad.
La acusación contra el sujeto, quien durante el proceso judicial ha estado ausente, se hizo en el Juzgado 2° de Paz de Santa Rosa de Lima que giró una orden de captura y decretó que el caso pasara a la fase de Instrucción.
Posteriormente, la Fiscalía, según Franco, tuvo conocimiento de que Dávila Villalobos estaba siendo enjuiciado en un Juzgado de Familia por la impugnación de paternidad. Por esta razón, según Franco, el 1 de marzo que se llevó a cabo la audiencia de Instrucción, la Fiscalía pidió que se sobreseyera provisionalmente al hombre y, por ende, la orden de arresto quedó sin efecto.
“Este caso debe ser resuelto en el ámbito (Juzgado) de familia, porque legalmente en la partida de nacimiento de la niña él aparece como el padre. Yo, siendo el padre, cómo me van acusar de privación de libertad de mi hijo por tenerlo bajo mi dominio”, razonó Franco.
Por ahora, el Ministerio Público está a la espera de que Dávila Villalobos se presente voluntariamente ante las autoridades y se someta a un análisis de ADN para determinar si Karla Susana es su hija. De lo contrario, la Fiscalía pediría que se reabra el caso.
Para la familia materna de la bebé, la incertidumbre persiste, pues según Ramírez, el hombre renunció a su trabajo en una oficina de gobierno y sospecha que se fue del país.