Aún cuando el anteproyecto de Ley de Asocios Público Privados es una propuesta del gobierno, el partido oficialista no está de acuerdo con las concesiones que tengan que ver con la Salud, la Educación y la Seguridad, sobre todo los centros penitenciarios.
“Educación y Salud no deben meterse para nada en esta clase de esfuerzo”, afirmó ayer la diputada del FMLN y presidenta de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña.
¿Y habrá otros rubros en los que también no están de acuerdo? Se le preguntó, a lo que contestó: “No digo nada más, pero que en esas tenemos consenso, lo demás hay que irlo estudiando, pero vamos por buen camino, pero tenemos que analizar un poco más”, explicó Peña.
El diputado y alto dirigente del FMLN, Orestes Ortez, manifestó que no estaban cerrados a “escuchar” las opiniones de otros especialistas en la materia, porque “el hombre sabio escucha”, dijo.
Sin embargo, dejó claro que no aceptarán asocios público privados que pasen por encima de la Constitución de la República o redactar una ley que “lesione” los intereses del Estado, de la población, y de los inversionistas.
Y es que desde ayer la Comisión de Hacienda del Congreso inició con el análisis del anteproyecto de ley de Asocios Público Privado enviado por el Ejecutivo, con un taller denominado “Oportunidades y Desafíos de la Ley de Asocio Público Privado en El Salvador”.
En el encuentro participaron expertos de Uruguay, Perú y México, así como representantes del Banco Mundial (BM), quienes explicaron a los diputados de los distintos partidos políticos las experiencias que se han tenido en esos países con la aplicación de dicha normativa.
A diferencia del FMLN, el diputado de ARENA, Edwin Zamora, expresó que ponerle limitantes de entrada a una ley que permitirá mejorar los servicios básicos de la población, no es pertinente.
“Es lamentable que estemos limitando esto, porque hemos visto muchas áreas donde se puede aplicar los asocios público privados, incluso aquí, quedándonos muy lejos de privatizar la salud y la educación”, aseveró.
Para el FMLN, en boca de su secretario general, Medardo González, la ley de Asocios Público Privados, es casi sinónimo de “privatizar”, al menos así lo expresó el uno de mayo de 2012, al cerrar con un mitin la marcha del Día del Trabajo en la Plaza Cívica.
Pero el presidente Mauricio Funes, le ha pedido a la Asamblea Legislativa que agilicen la aprobación del anteproyecto para promover la inversión en el país.
Precisamente sobre esto es que el diputado Zamora, de ARENA, analiza que la ley es importante y cree que el FMLN se cierra a las oportunidades de que los servicios de Salud, Educación y el sistema carcelario mejoren.
Argumentó que se pueden definir los parámetros a seguir, por ejemplo, en el caso de la Salud y la Educación, dijo que el Estado solo podría concesionar lo que es la infraestructura de los hospitales y las escuelas, y otros servicios como la alimentación y la limpieza, excluyendo la atención estrictamente de la salud y la educación, que le correspondería al Estado.
“Nosotros no vemos ningún conflicto en ese sentido, pero platicando con Lorena (Peña del FMLN), ellos sostienen que en el tema de Salud y Educación no van a ceder”, dijo.
Añadió que el otro punto que el FMLN también ve con recelo es el de las cárceles, aunque manifestó que en esta área los efemelenistas han mostrado cierta apertura.
Para el caso, según Zamora, en las prisiones lo que se podría concesionar es también la infraestructura y la alimentación, no así la seguridad propiamente dicha que debería seguir en manos del Estado.
Recalcó que todas las inversiones que se hacen a través de concesiones finalmente le quedan al Estado, ya que tienen un plazo definido.
“Los asocios público privados no son transferencia de propiedad del Estado a los privados, es la concesión del servicio a los privados, la propiedad de los bienes siguen siendo del Estado, después que termina la concesión le queda al Estado”, justificó.
Para Zamora hay otros servicios vitales para la ciudadanía que podrían suplirse a través de los Asocios Público Privados, como superar el déficit en el suministro de agua potable, el cual, según dijo, ronda en el 40 %.
Así como mejorar el Aeropuerto Internacional de Comalapa, las carreteras y concesionar el Puerto de La Unión, que desde 2009 que fue terminada su construcción no ha entrado en operaciones, y desarrollar la planta de Acajutla, en Sonsonate.
En lo anterior coincidió también el Director Ejecutivo de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (Casalco), Ismael Beltrán, pero también añadió que hay que otorgarle a la Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa), el carácter de una institución creada por decreto legislativo. Opina que de su fortalecimiento dependerá el éxito de la Ley.
“Casi en todos los países tienen regulado por ley, la Agencia de Promoción de Inversiones y aquí no, al darle más funciones hay que darle más fortaleza institucional”, acotó la legisladora Peña, del FMLN.
El diputado Zamora, de ARENA, dijo que se le podría quitar la “flexibilidad” a Proesa para promover las inversiones, pero que el partido tricolor analizará su conveniencia.
Beltrán además recalcó que la relación entre el Estado y los privados dentro de la ley debe ser de “equilibrio” y que el gobierno debe mostrar a los inversionistas que no será un Estado “controlador”.
Que por el contrario, dijo, les brindará seguridad jurídica y fortaleza institucional; y que a su vez, los privados deberán ser responsables con las obras y darle la certeza al gobierno que los bienes públicos regresarán al Estado.