La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) pidió ayer al Gobierno que cumpla el fallo de un tribunal internacional en favor de la empresa ENEL, para que tenga la mayoría accionaria en el negocio de la explotación de recursos geotérmicos.
No obstante, el presidente Mauricio Funes dijo ayer por la mañana que no está dispuesto a cumplir un contrato que tiene irregularidades.
Para Fusades, la actitud del Gobierno lanza un mensaje negativo para el clima de inversiones, y pidió que se recurra al diálogo entre las partes involucradas para llegar a un acuerdo.
“Así como deben cumplirse los fallos de los tribunales nacionales, también es imperativo que las partes cumplan con un laudo internacional, que es un fallo de obligatorio cumplimiento para CEL, INE y ENEL, para que prevalezca el Estado de Derecho”, advierte el comunicado del tanque de pensamiento.
En ese sentido, Fusades consideró que “deben suspenderse las tácticas dilatorias” en el proceso para la adjudicación del acuerdo que dio origen al arbitraje por parte del tribunal, con sede en París, Francia.
Según Fusades, no se puede usar como excusa la defensa de los intereses nacionales para mantener “el status quo en la explotación y la administración de nuestros recursos geotérmicos”.
En tanto, el presidente Funes aseguró que el contrato con la empresa italiana ENEL para tener la mayoría accionaria consiste en una “privatización encubierta”.
“Se está concesionando un bien público, y una concesión de acuerdo a la Constitución solo la autoriza la Asamblea Legislativa, y aquí no hubo autorización alguna de la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿por qué no piden ahí que haya cumplimiento?”, aseveró Funes.
El jefe de Gobierno es de la idea que ya están preparando los alegatos y las pruebas de que hay irregularidades en el contrato con ENEL, para presentarlos ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Según dijo, la Fiscalía debe investigar en este caso al menos tres tipos de delitos: incumplimiento de deberes, estafa y defraudación de la hacienda pública.
“Hemos investigado, hay un equipo de abogados que está hurgando en los archivos de CEL y La Geo los documentos que se firmaron en ese momento y nos hemos encontrado con una cantidad de irregularidades”, aseveró.