Aunque el Gobierno habla de aplicar la austeridad y del buen uso de los recursos públicos, las cifras del Ministerio de Hacienda revelan lo contrario.
El año pasado, en medio de una crisis fiscal que retrasó el sueldo por unas semanas y el bono alimenticio por dos meses a los agentes de la Policía, el Gobierno le aumentó el salario a 23,924 trabajadores públicos. Más de seis mil de estos ganan ahora entre $1,301 y $2,000.
Y a la par de los mejores salarios, el Ejecutivo creó 18,046 nuevas plazas si se toma en cuenta el número de empleados registrados por Hacienda en 2012 (150,640) con respecto a 2009 (132,594).
Según un informe estadístico sobre recursos humanos del Ministerio de Hacienda, los empleados con salarios entre $601 a $1,000 incrementaron 35 % en relación con el número de los que estaban contratados con ese pago mensual en 2009, cuando entró el gobierno de Mauricio Funes.
Ahora son 63,866 con ese rango salarial, mientras que en 2009 eran 47,146. La diferencia es de 16,720 plazas.
Los mayores incrementos se hicieron el año pasado. Según las estadísticas, unos 11,200 burócratas vieron su salario mejorado con respecto a 2010.
Esto, a pesar de que fue 2012 el año más crítico que el gobierno ha tenido en materia fiscal: retrasó el salario y el bono alimenticio a los policías, los hospitales estuvieron desabastecidos de medicinas y equipo médico por varios meses y los subsidios, devoluciones del IVA y retenciones de la renta no se cancelaron a tiempo, entre otras cosas.
Pero este es solo es un rubro salarial. El documento detalla además que hay otros 3,916 empleados más que ahora tienen salarios que van entre $1,001 y $1,300, lo que hizo que al final del año pasado sumaran 11,565 burócratas.
Y son los cargos con salarios más altos los que han incrementado más. En total son 6,613 los trabajadores estatales los que ahora tienen salarios que van desde los $1,301 hasta los $2,000. De estos, 2,791 son nuevas plazas contratadas entre 2010 y 2012.
Para muestra, un botón: solo Obras Públicas creó la Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Gestión Estratégica del Riesgo (DACGER), en la que se gastan entre sus 46 empleados una cantidad de $825,698.52 cada año si se toma en cuenta que sus coordinadores, jefes de unidad, especialistas y técnicos ganan como mínimo $900 y hasta $2,800.
La oficina fue creada en diciembre de 2010 para integrar y promover la prevención y reducción del riesgo que tiene la infraestructura pública frente a desastres.
Vale destacar que los datos de Hacienda no incluyen el sueldo de los empleados del Ministerio de Defensa, ni los del Órgano Judicial y Órgano Legislativo, cuyos trabajadores son considerados los mejor pagados de todo el Estado. Tampoco se han tomado en cuenta los empleados de la Corte de Cuentas ni las empresas públicas (Cel o CEPA, por ejemplo).
El pago de salarios es considerado gasto corriente y, según los mismos funcionarios estatales, representa el 72.2 % de todo el plan de gastos 2013.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) y la Fundación Nacional del Desarrollo (Funde), dos organizaciones independientes que analizan constantemente la economía nacional, han insistido al Gobierno que aplique cuanto antes una política fiscal que tome en cuenta el ahorro, pues hasta hoy solo han recurrido a aplicar más impuestos para obtener más ingresos.
Con menos salario
Un dato interesante es el de los empleados que ganan hasta $300 como máximo y aquellos que ganan hasta $600.
Según una tabla estadística por año, en 2009, cuando el FMLN comenzó la administración gubernamental, los empleados con salarios hasta los $300 eran 4,876, pero en 2010 aumentaron a 6,116 y luego a 8,894 en 2011. Pero en 2012, el número se redujo a 5,357, un dato que indica que hubo muchas contrataciones con bajos salarios en los dos años anteriores, pero que ahora tienen un mejor pago.
Es cierto. Los mismos empleados públicos dirán que este aumento ha sido un alivio para sus bolsillos, pero en un momento en el que la economía no crece, la inversión extranjera directa no llega y la deuda aumenta, los economistas insisten en que es mejor el ahorro.
En el plan de gastos para este año el Ministerio de Hacienda justificó que hay un incremento en remuneraciones de $67.2 millones porque con eso se pretende hacer el pago al personal administrativo, el incremento a los escalafones salariales para el personal docente, salud y policial y el incremento salarial que se hace con la aplicación de la Ley de la Carrera Docente. Pero también hay plazas nuevas que, según el plan de presupuesto, suman 3,600.
El Gobierno ha reconocido que las remuneraciones consumen la mayor parte del presupuesto general y que la inversión en obra social es mínima.
Pero en lugar de recortar el gasto, está analizando más impuestos y el uso de más préstamos para completar el dinero que le hace falta para pagar gastos que el Gobierno ha mantenido y aumentado, como el caso de los subsidios.
En la Asamblea Legislativa hay justo ahora un estire y encoge con respecto al uso de $85 millones que servirían para cancelar más de $19 millones que el Gobierno le adeuda a los transportistas en concepto de pago de subsidio.
El Ministro de Hacienda ha dicho en reiteradas ocasiones que “no hay dinero para pagarles”.
El dinero es parte de una colocación de bonos (deuda a largo plazo) que el Gobierno hizo en noviembre del año pasado para pagar otro compromiso que temían que se reclamara, a más tardar en enero de este año, pero que en realidad vence hasta en 2023.
La fracción de ARENA, la única que se opone a dar sus votos para que el Gobierno use ese dinero, dice que no seguirá avalando deuda para el Ejecutivo lo use en más gasto corriente.
El Congreso ha pedido al Ministro de Hacienda, explique en qué usa el dinero de los impuestos y por qué no le alcanza a pesar de que la recaudación ha incrementado. —EDH