La audiencia preliminar (previa al juicio o vista pública) contra 11 personas, a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) imputa delitos de actos de corrupción contra el Estado, inició ayer en el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
En el caso son en total 14 los implicados, pero tres de ellos fueron declarados rebeldes ayer mismo y fueron emitidas nuevas órdenes de captura en su contra por no haberse presentado a la audiencia, según indicó Karla Pineda, de la Oficina de Prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez, de San Salvador.
La acusación fiscal por estafa agravada es en contra de René Arturo Portillo Montalvo, César Rolando García Herrera, Roberto Oswaldo Salazar Martínez, José Mauricio Serrano, José Alexander Ramírez Jiménez, Guillermo Rafael Alfaro García, Arturo Ernesto López Mejía, Wilfredo Apontes Cuéllar, José Ladislao López Paz, Walter Badía Gomis y y José Guillermo Maza Brizuela, exministro de Salud durante la administración del expresidente Elías Antonio Saca.
Badía Gomis y dos españoles —entre ellos Gerardo Osegueda Giné, considerado el autor intelectual de la estafa—, según explicó Pineda, son los imputados que ayer fueron declarados rebeldes.
El proceso contra todos los imputados inició en mayo de 2010 luego de que el actual viceministro de Salud, Eduardo Espinoza, los denunciara ante la FGR por los delitos de apropiación y retención indebida de varios millones de dólares destinados al proyecto de reconstrucción del hospital Santa Teresa, de Zacatecoluca, departamento de La Paz, el cual estaba siendo ejecutado bajo el proyecto Reconstrucción de Hospitales por Emergencia de los Terremotos y Extensión de los Servicios de Salud (Rhessa).
La audiencia inició con la intervención de la Fiscalía que expuso el caso y ofreció una multiplicidad de pruebas contra los imputados.
De acuerdo con la Fiscalía, la diligencia judicial podría durar aproximadamente tres semanas, debido a lo complejo del caso, ya que son siete fiscales y 20 defensores privados los que conforman las partes en el referido proceso.
De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, el Ministerio de Salud fue estafado por un monto de 3.9 millones de dólares.
El expediente del Ministerio Público detalla que para la ejecución de esta obra se acordó el desembolso de $10.5 millones, pero dicha cantidad aumentó a $12.3 millones producto de la variación de precios de materiales de construcción.
El contrato especificaba que el equipo del hospital se pagaría conforme a la llegada al sitio de almacenamiento, instalación y recepción correcta. Pero las empresas subcontratistas no suministraron ni instalaron los equipos, pero lo que sí hicieron fue cobrar hasta más de lo acordado en el contrato luego de falsificar varios documentos.