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Transparencia cuestiona el sobresueldo presidente Cel

Entidad pide transparencia en el sector energético sobre todo si atañe fondos públicos

Oficinas de CEL

Por Katlen Urquilla politica@eldiariodehoy.com

Feb 07, 2013- 19:00

Tras conocer que el presidente de Cel, Leopoldo Samour, recibe sobresueldo de la empresa Inversiones Energéticas, INE S.A. de C.V., una de las subsidiarias de la autónoma, en Funde afirman que el funcionario estaría faltando a la Ley de Ética.

Roberto Burgos, de Funde (Fundación nacional para el desarrollo), entidad que representa a Transparencia Internacional en El Salvador, explicó que Samour ya tiene un salario asignado por la entidad estatal y que no tendría que estar aceptando dádivas de la empresa privada.

Además indicó la “urgente” necesidad de transparentar el mercado energético en el país y rendir cuentas tanto en la Cel como las subsidiarias.

El presidente de Cel se asignó desde marzo 2012 una remuneración mensual de $4,450 por representar a la INE en LaGeo cuando ya recibía al mes $4,000 por gastos de representación en Cel y un salario de $6,400. En el año Samour tuvo un ingreso total de $178,200.

“Los sobresueldos, las comisiones y otra clase de transferencias que tienen que ver con el desempeño de algunos cargos cuando estos no corresponden a salarios pueden implicar una falta a la ética, tal como establece la Ley de Ética Gubernamental, y a la necesidad de hacer más eficiente el presupuesto nacional”, indicó Burgos.

Samour aceptó que INE le paga gastos de representación pero alegó que es legal y que no tiene nada de extraño.

El abogado de Funde recalcó que los funcionarios ya tienen un salario asignado, por lo que el cobro de sobresueldos, comisiones y demás partidas “no pueden ser aceptables si no están legalmente habilitados para ello”.

El experto agregó que en el caso del presidente de Cel, por tener un cargo público “no puede estar aceptando esa clase de dádivas o comisiones sino está legalmente habilitado para ello y si los montos corresponden a servicios que se le estarían pagando dos veces”.

Incluso el profesional dijo que está frente a un “conflicto de intereses” porque no va a desempeñar a cabalidad dos cargos al mismo tiempo.

Mientras tanto, Néstor Castaneda, miembro del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) en representación del Gobierno, dijo que hasta la otra semana analizarán si el caso amerita o no abrir un expediente para investigar si ha violado la ley.

Eso lo harán luego que el equipo que se encarga de monitorear las publicaciones en los medios de comunicación les pase un informe al pleno del TEG, si consideran procedente la investigación. La sesión del Tribunal sería el próximo miércoles.

“Esperaría que ellos lo presenten al pleno para que nosotros hagamos alguna estimación. Como juez uno opina hasta que ha analizado todos los antecedentes y los elementos que tenemos, no pudiera aventurarme a dar opinión. Como ente colegiado tenemos que discutirlo”, dijo Castaneda.

Se le consultó si en el TEG hay algún caso similar al de Samour en el que hayan abierto un expediente y aseguró que no. “En los meses que tengo de ser miembro del Tribunal no hemos visto ninguno similar”, respondió.

De igual manera, Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de Fusades, reiteró que el componente de la transparencia debe estar en todos los ámbitos de la administración pública, pero sobre el caso de Samour explicó que lo están analizando en el Departamento de Estudios Económicos para ver si hay o no irregularidades.

Pese a austeridad

Mientras el presidente de Cel recibe doble gastos de representación que suman $8,450 al mes en medio de una crisis financiera por la que atraviesa el Gobierno, el miércoles entró en vigencia el decreto ejecutivo de ahorro y austeridad para el sector público 2013 que el presidente Mauricio Funes firmó el 1 de febrero.

En el decreto se establece que “se suspende para el presente ejercicio financiero otorgar incrementos salariales por cualquier sistema de pago y fuente de financiamiento”, entre otras medidas de austeridad.

El decreto aplica para las “instituciones y empresas estatales de carácter autónomo”, dice el escrito, cuyo objetivo es generar ahorro.

En ese sentido, Burgos apuntó que si Cel contrató a un equipo de abogados para representar a la entidad en los litigios, Samour no debió haber cobrado por representación de la autónoma ya que esa es una de sus atribuciones legales.

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