La mayoría sandinista y sus aliados de la Asamblea Nacional (parlamento) de Nicaragua aprobó este domingo la creación de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, para investigar la muerte de al menos 42 personas durante la represión a múltiples manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega la semana pasada.
La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, fue creada con 74 votos a favor y 1 en contra, durante una sesión extraordinaria realizada la mañana de este domingo, informó a través de la emisora oficial Radio Nicaragua, el presidente del parlamento, Gustavo Porras, quien no identificó al diputado que se opuso a la propuesta.
La comisión ha sido criticada por diversos sectores, quienes dudan de su trabajo, ya que fue creada exclusivamente por diputados afines a Daniel Ortega, quien únicamente ha expresado su dolor por dos policías muertos en las revueltas, sin lamentarse por los civiles.
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Ortega es señalado de haber utilizado fuerzas de choque “orteguistas” conocidas como “turbas”, así como a la Policía Nacional, para golpear y disparar armas de fuego contra los manifestantes.
La comisión deberá ser juramentada en un plazo máximo de 7 días a partir de hoy, y tendrá que presentar sus resultados dentro de tres meses.
Las protestas contra Ortega iniciaron hace 12 días en reclamo por medidas de seguridad social que elevaban las cuotas, reducían las pensiones y establecían la cotización perpetua, y no mermaron el domingo pasado, cuando el presidente se retractó, debido al saldo mortal.
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Los disturbios estallaron en respuesta a la labor del presidente Daniel Ortega para reforzar el aquejado sistema de Seguro social con una combinación de beneficios reducidos e impuestos más altos.
A pesar de que las represiones de Ortega disminuyeron el lunes, ahora la población exige la renuncia del presidente, porque lo consideran represivo, corrupto, violador de los derechos humanos y las libertades públicas.
Los nicaragüenses también señalan al mandatario por supuestos fraudes electorales, las continuas alzas de los combustibles, el actuar impune de la Policía, las muertes sin explicación de campesinos que se oponían al Gobierno, el discurso oficial de “paz y reconciliación” que supuestamente no refleja la realidad del país, entre otros.