Desde que Donald Trump tomó posesión de la presidencia de los Estados Unidos, hace menos de un mes, se han eliminado beneficios que ayudaban a los inmigrantes, como la discreción fiscal y las fianzas para quienes son detenidos intentando cruzar la frontera, aseguró Yanci Montes, directora legal de El Rescate, una organización que atiende a migrantes y que brinda asesoría sobre temas legales.
“Hasta hace unas semanas, existían varios recursos legales que se podían utilizar, como la discreción fiscal, libertad bajo fianza para quienes eran detenidos en la frontera mientras esperaban una cita frente a un juez de inmigración, y se cerraban los casos de quienes tenían visas U (víctimas de delitos), pero ahora todo eso ya no existe”, informó Montes.
La discreción fiscal fue un recurso que entró en vigencia a partir de un memorándum del 20 de noviembre de 2014, en la administración del expresidente Barack Obama, la cual permitía a los inmigrantes obtener un permiso de trabajo, un número de seguro social y la posibilidad de una licencia de conducir, si el abogado representante del Departamento de Seguridad Interna (DHS) consideraba que la persona no era una amenaza para la sociedad.
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Con frecuencia, Montes utilizaba la discreción fiscal para ayudar a sus clientes en los que, como la migrante salvadoreña Cecilia Aguilar, pudo comprobar que tienen buen carácter moral y que no representan un peligro para Estados Unidos.
Estos casos quedaban congelados indefinidamente mientras las personas gozaban de los beneficios de un permiso de trabajo.
Ahora, no solo ya no se están aplicando estos beneficios, sino que los casos pueden ser reabiertos en cualquier momento.
“La discreción fiscal se acabó. Ahora ya no están congelando los casos. Tampoco están cerrando los casos de visas U y, la mayoría de veces, ya no otorgan fianzas”, aseveró Montes, quien acude con frecuencia a las cortes de inmigración del sur de California.
En los pocos casos en los que el juez de inmigración decide otorgarle fianza para salir en libertad, ahora ya no es de USD $7 mil 500, sino que, por lo menos, de USD $35 mil.
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El ambiente en las cortes federales de inmigración ya era tenso, sin embargo ahora hasta los fiscales se muestran visiblemente más tensos con todos los cambios, agregó.
“Yo le digo a mis clientes que la situación ha cambiado y que las cortes de inmigración son más rígidas que antes… Sí, antes era difícil, pero ahora está peor”, acotó la abogada.
Por su parte, Virginia Kice, portavoz de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), explicó que la fianza es un mecanismo que le permite a esta agencia federal forzar a que la persona se presente en un lugar y fecha determinada y aseguró que aún se utiliza.
“El monto del bono (o fianza) fijado en un caso es proporcional al riesgo del huir de la persona. Cada caso es evaluado individualmente y la agencia toma en consideración una variedad de factores, como el historial migratorio, el récord criminal, lazos en la comunidad, etc.”, respondió Kice a las preguntas enviadas.
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Si la persona considera que la fianza es muy alta, existe la opción de pedirle a la corte de inmigración que revise su caso, agregó la vocera.
Sobre la discreción fiscal, Kice dijo que no se ha suspendido este recurso y que continúa recibiendo casos que califican, pero que la decisión de aplicarlo se toma después de evaluar cada caso por separado.
“El ejercicio de la discreción fiscal ha sido y continúa siendo parte de la práctica de la oficina de litigación”, aseguró.