Luiz Inácio Lula da Silva rindió juramento el jueves como nuevo jefe de gabinete de su sucesora, la presidenta Dilma Rousseff, e insistió que él le ayudará a encarrilar el país al tiempo que denunció intentos de derrocar a la mandataria.
Los detractores del gobierno consideran que el nombramiento de Silva es un descarado intento por evitar una posible detención de Lula da Silva, como resultado de una enorme investigación por corrupción en la petrolera estatal Petrobras.
Sólo la Corte Suprema brasileña puede autorizar que un miembro del gabinete, como lo es ahora Lula da Silva, responda a acusaciones en un proceso penal.
La investigación ha implicado a decenas de figuras públicas de todo el espectro político brasileño y a destacados empresarios. Es una de varias crisis que afectan al país cinco meses antes de que se celebren los Juegos Olímpicos de Río, y que se suman a una creciente y profunda recesión y a un poderoso brote del virus del zika.
Miles de personas protestan contra el Gobierno en las principales ciudades de Brasil https://t.co/ONbKWgfea6 pic.twitter.com/Wh5Io0xpCb
— Europa Press (@europapress) 17 de marzo de 2016
La rabia que generó el nombramiento de Lula dio lugar a protestas en Sao Paulo el jueves, donde manifestantes con muñecos inflables del ex mandatario, vestido como presidiario, bloquearon la arteria central de la zona metropolitana de esta ciudad de 18 millones de habitantes. En la capital, Brasilia, tres manifestantes fueron arrestados tras enfrentamientos con partidarios del gobierno.
En otro giro inesperado de esta historia, un juez emitió una orden para suspender el nombramiento de Lula da Silva, aunque funcionarios del gobierno aseguraron que sería anulada en una corte de apelaciones.
El Procurador General José Eduardo Cardozo, aliado cercano a Rousseff, dijo que detrás la orden de suspensión había “motivaciones políticas” y la calificó de “absolutamente inapropiada”.
“La situación es absurda”, dijo Cardozo en rueda de prensa y añadió que el gobierno apeló la medida.
En la ceremonia de juramentación reinó un clima de campaña política, con una multitud que prorrumpió en consignas a favor del gobierno.
En un discurso combativo, Rousseff dijo que contaba con Lula da Silva, su “gran amigo, gran compañero”, para que la ayudara a sacar al país de las dificultades económicas y políticas que padece. Juró que “el griterío de los golpistas no me desviarán de mi rumbo, ni pondrán a nuestro pueblo a ponerse de rodillas”.
La presidenta, cuyo índice de aprobación ha caído a menos del 10%, enfrenta un posible juicio político en el Congreso y pedidos en las calles de que renuncie.
El jueves Eduardo Cunha, presidente de la Cámara baja y enemigo de Rousseff, conformó el comité que decidirá si se debe seguir adelante con el juicio político contra la mandataria. La decisión fue celebrada en la plenaria de la Cámara de Representantes por opositores que sostenían pancartas que decían “juicio político ahora”, mientras que aliados de Rousseff coreaban “no habrá un golpe de estado”.
Este es el primer paso en un largo proceso que incluye múltiples votaciones en la Cámara de Representantes y el Senado. Analistas consultados dicen que, de seguir adelante, el proceso podría llevar meses.
Rousseff fustigó la inesperada difusión el miércoles de unas grabaciones de unas conversaciones telefónicas entre Lula da Silva y varias figuras prominentes, incluida la propia presidenta. Sergio Moro, el juez que encabeza la investigación en Petrobras, las dio a conocer horas después del anuncio del nombramiento de Silva y sostuvo que las escuchas parecen insinuar que hubo intentos para influenciar a las autoridades judiciales a favor del expresidente.
La presidenta calificó las grabaciones de ilegales y su difusión de “claro intento de sobrepasar los límites del estado democrático”.
“Sacudir la sociedad brasileña por medio de mentiras, maniobras furtivas y prácticas muy criticadas viola las garantías constitucionales y sienta precedentes muy graves”, dijo Rousseff. “Así comienzan los golpes” de estado.
Moro comparó la situación política brasileña con una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que fue un hito en el escándalo del Watergate, que derrocó al presidente Richard Nixon.
“Ni siquiera la más alta autoridad de la república tiene el privilegio absoluto de la confidencialidad de sus comunicaciones”, dijo Moro, y agregó que la decisión en el caso de Nixon, que data de 1974 y que autorizó la publicación de sus conversaciones, era “un ejemplo a seguir”.
Sonia Fleury, profesora de ciencias políticas de la Fundación Getulio Vargas, una de las mejores universidades de Brasil, dijo que la revelación de las conversaciones había “politizado y empeorado la turbulencia que rodea a la investigación” en un aparente intento por evitar que Lula da Silva asumiera la jefatura de gabinete. Dijo que el contenido de las grabaciones no implican a Rousseff o a su gobierno.
El nombramiento de Lula Silva se produce menos de dos semanas después de que la policía lo condujera a una comisaría para que respondiera preguntas sobre el escándalo de Petrobras. Opositores consideran que su regreso al gobierno tiene como propósito esquivar el cerco legal que se cierne en su contra. Partidarios del gobierno insisten que el expresidente cumplirá un papel crucial para bloquear el juicio político contra Rousseff por presunto mal manejo de fondos fiscales en otro caso de corrupción.
Tanto Rousseff como Silva han negado reiteradamente haber cometido delito alguno mientras que el gigante sudamericano, un país de 200 millones de habitantes, enfrenta crisis en varios frentes.
La economía sufre la recesión más grave desde la década de 1930, la inflación ha aumentado y los anuncios diarios de despidos masivos han provocado miedo y desesperación. Río de Janeiro, además, será la sede de los Juegos Olímpicos de agosto.
#Brasil ni un paso atrás. Sigue la concentración en Congreso Nacional.
Huele a Primavera
via .@MBLivre#Venezuela pic.twitter.com/4rGiEalSYQ— ??‘?·???En llamas! (@txapulincolorid) 17 de marzo de 2016