MANAGUA. La organización promotora de los derechos humanos Freedom House, con sede en Washington, denunció ayer que Nicaragua negó la entrada al país a su director para los programas de América Latina, Carlos Ponce.
“Estamos en shock por la decisión del Gobierno de Nicaragua de denegar la entrada a Carlos Ponce y por su estrategia de perseguir a los defensores de derechos humanos”, afirmó ayer el presidente de Freedom House, Mark Lagon, en un comunicado.
“Excluir a un representante de una organización de derechos humanos evidencia el deterioro de las protecciones para la sociedad civil en Nicaragua”, añadió.
Según la organización, Ponce viajó a Nicaragua para reunirse con organizaciones locales de la sociedad civil, diplomáticos y funcionarios del gobierno.
Se le denegó la entrada al país el pasado martes con el argumento de que se trataba de una “decisión administrativa”, después lo retuvieron durante la noche y ayer le obligaron a volver a Washington, a donde ya vuela desde Miami, según explicó un portavoz de la organización.
Tanto el Partido Liberal Independiente (PLI), principal de oposición de Nicaragua, como el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), condenaron la expulsión del directivo de Freedom House.
La embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura F. Dogu, expresó ayer su “preocupación” por la expulsión del país de Ponce.
“Preocupada que se impida @cponce @FreedomHouseDC reunirse con soc. civil y @USEmbNicaragua. Libertad de expresión clave para #democracia”, escribió la diplomática en su cuenta de Twitter.
Al cierre de esta edición, el gobierno sandinista aún no se había referido a ese asunto.
Represalia
El informe que Freedom House emitió recientemente y en el cual Nicaragua no aparece bien evaluado, pudo ser la causa utilizada por el gobierno para impedir el ingreso al país a su director regional, dijeron ayer representantes de organizaciones de la sociedad civil y derechos humanos, con las que se reuniría para abordar el informe de país, publicó el diario La Prensa.
Sobre Nicaragua dice el informe que la principal amenaza para la democracia es el dominio político e institucional del partido izquierdista Frente Sandinista, que mantiene un control sobre las fuerzas judiciales y de seguridad, leyó Marcos Carmona, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, quien junto al Movimiento Por Nicaragua, Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos y miembros de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad) rechazaron la “expulsión” de Ponce.
“Como un acto más de hostilidad” frente a la labor de defensa de derechos humanos, calificó Mauro Ampié director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la expulsión de Ponce, que con este ese organismo contabiliza unos 12 casos de personas que han sufrido un tratamiento similar.
“Esta es una tendencia ya confirmada que evidencia la hostilidad y la intolerancia del gobierno de Nicaragua frente a la labor de defensa de derechos humanos y frente a discursos que sean distintos del oficial, o se puedan prever que serán distintos al oficial”, aseguró Ampié.
A esto se agrega, dijo, acciones desde Aduana para ocupar material que hace referencia a la democracia o labor en redes digitales, “para el gobierno actual todo lo que forma parte de vida en democracia, la libre difusión de las ideas, la expresión libre del pensamiento, provoca una reacción alérgica inmediata que es la que motiva ese acto de intolerancia reiterado de expulsar a defensores de derechos humanos”.