Las autoridades de Honduras desmantelaron un supuesto laboratorio para procesar cocaína en una casa incautada esta semana en la norteña ciudad de San Pedro Sula, informó hoy una fuente oficial.
El supuesto laboratorio fue descubierto en un registro realizado ayer jueves en una casa en la colonia Luisiana, donde efectivos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) hallaron equipos y elementos químicos, dijo a periodistas el portavoz del Ministerio Público en esa zona, Elvin Guzmán.
La vivienda fue sacada del mercado esta semana durante la “Operación Avalancha”, que es coordinada por el Ministerio Público y se desarrolla desde el martes en cuatro ciudades hondureñas con la colaboración de la ATIC, la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico y Fuerza Naval.
Los objetos incautados quedaron a disposición de las autoridades hondureñas mientras continúan las pesquisas, puntualizó Guzmán, aunque no informó de detenciones durante la operación.
El Ministerio Público afirmó en su cuenta oficial de Twitter que en la vivienda “operaba el Laboratorio Lamochez, donde se encontró reactivos químicos usados para cristalizar cocaína”.
Señaló que las autoridades hondureñas continúan ejerciendo “acciones de privación de dominio a 6 residencias y un terreno” en el municipio de Villanueva, departamento norteño de Cortés, como parte de esta operación.
La puesta en marcha de la “Operación Avalancha” representa “un golpe histórico contra el crimen organizado” y un “duro golpe” a la pandilla Mara Salvatrucha, también conocida como (MS-13), enfatizó el organismo de justicia.
En el primer día del operativo, el martes, fueron detenidos el alcalde opositor Jorge Neptalí Romero y el expolicía Álvaro Ernesto García, quienes son acusados por presunta corrupción, por lo que un juzgado les decretó ese mismo día detención judicial.
Romero, alcalde del municipio de Talanga, unos 56 kilómetros al noreste de Tegucigalpa, por el opositor Partido Liberal, estaría ligado a acciones de lavado de activos y asociación ilícita, y fue remitido al Primer Batallón de Infantería.
En lo que respecta al exmiembro de la Policía Nacional el juzgado lo envío a la Penitenciaria Nacional, la principal cárcel del país, ubicada en el extremo norte de la capital hondureña.
García fue separado de la Policía Nacional en 2012 porque no pudo justificar la tenencia de bienes que estarían valorados en unos 17 millones de lempiras (745.941 dólares) y por reprobar las polémicas pruebas de confianza, que incluyen exámenes psicológicos y de polígrafo, según autoridades locales.
La operación policial deja además el aseguramiento de decenas de residencias y negocios y el decomiso de más de 11,3 millones de lempiras (496.921 dólares).
Según versiones extraoficiales, algunos de los bienes inmuebles asegurados por los cuerpos de seguridad estaban en poder de miembros de la pandilla MS-13